El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) quiere dar 15.000 € a los cazadores para acabar con los gatos del municipio

El Ayuntamiento, gobernado por PSOE y UP, ha firmado un contrato con una asociación de caza para erradicar a los gatos «asilvestrados» del municipio.

El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza, ha dado la espalda a las asociaciones protectoras dispuestas a colaborar en la captura de gatos sin hogar y ha decidido dejarlo en manos de una asociación de caza. El Consistorio ha estipulado otorgar 15.000 euros a los cazadores para que capturen a los gatos con 60 trampas.

Desde PACMA hemos enviado un escrito al Ayuntamiento y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación solicitando la paralización de este contrato de inmediato, ya que consideramos que contradice a la ley autonómica, y exigimos que se aplique un método no lesivo de control de las poblaciones felinas, en colaboración con las asociaciones protectoras.

La cuestionable decisión del Ayuntamiento

La Ley de protección de los animales que viven en el entorno humano de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es antiquísima, del año 1992, lo que da pie a pensar que no consideran el bienestar animal como un asunto prioritario. El Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia lo ha demostrado, ya que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos han decidido dejar a los animales más vulnerables en manos de personas que disfrutan disparando y matando.

La concejalía de Bienestar Animal, a cargo de Guadalupe Nauda (Podemos), ha firmado un contrato con la Asociación de Cazadores de Sant Josep, otorgándoles 15.000 euros públicos para capturar a los gatos «asilvestrados». Según informan, los cazadores ya se encargaban de controlar a estos animales mediante la colocación de 30 trampas durante dos meses y medio al año, algo que consideramos un escándalo, pero ahora ampliarían el número de trampas a 60 y lo extenderían durante todo el año.

El Ayuntamiento afirmaba en un comunicado que varios colectivos animalistas, como DÚO, Care4Cats, AGA o Happy Cats Ibiza estaban dispuesto a colaborar, pero una portavoz de los mismos lo ha negado, asegurando que se sienten «utilizadas» por el Ayuntamiento y que no están dispuestas a ayudar mientras no tengan acceso al protocolo, además de declarar que no están de acuerdo en que se «subvencione» a una asociación de cazadores. Para mayor agravio, denuncian que el Ayuntamiento incumple la ley al carecer de unas instalaciones adecuadas para atender a los gatos, algo que nos hace desconfiar de todo el tiempo que se lleva realizando este «control de poblaciones felinas», temiendo que en realidad se trate de una ejecución encubierta.

Según dicho comunicado municipal, los gatos capturados se someterán a una inspección realizada por profesionales veterinarios, que, según su criterio, establecerán si «representan algún riesgo sanitario». En caso negativo, serán esterilizados, chipados y entregados a las entidades protectoras. Si consideran que los gatos son un «riesgo sanitario», no se decretan los pasos a seguir, pero tememos que supongan la muerte de los animales.

NO al exterminio y SÍ al método CER

Desde PACMA consideramos que es una deleznable estrategia para hacer pasar una cruel ejecución de animales como si se tratase de método CER (Captura-Esterilización-Retorno), pero es todo lo contrario. Intentan camuflar un exterminio, haciéndolo pasar por una «gestión sensible y una solución humanitaria».

Por todo ello, hemos solicitado el contrato convenido entre el Ayuntamiento y la asociación de cazadores, además del protocolo elaborado y una aclaración sobre lo que consideran «riesgo sanitario» y en base a qué criterios se decidirá si un animal «merece» vivir o morir.

Por otro lado, nuestra desconfianza es totalmente fundada, ya que el Consistorio asegura que cuenta con la colaboración de las protectoras, las supuestas receptoras de los animales categorizados como «no riesgo sanitario», pero estas niegan dicha colaboración. Por tanto, ¿dónde se supone que acabarían estos animales? De hecho, ¿dónde han ubicado a los que han capturado durante dos meses y medio al año durante quién sabe cuánto tiempo? ¡Es un escándalo!

Nuestro equipo legal se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia para comunicarle que esta acción contraviene a la ley autonómica, ya que es imposible concretar si un animal es «salvaje o asilvestrado» o «vagabundo», según estipula la normativa autonómica. Por tanto, es imposible saber si los animales capturados son gatos perdidos, si hay una familia buscándolos, si están decidiendo sobre la vida o la muerte de un miembro familiar querido.

Para finalizar, instamos al Ayuntamiento que aplique un método ético y no lesivo de control de poblaciones felinas. Les invitamos a valorar el método CER, una manera eficaz y que la ley balear contempla, basada en la esterilización de los animales para la regulación del número de gatos del municipio. Si no consideran la aplicación del CER, solicitamos a la Consejería que inicie una instrucción del correspondiente expediente y la imposición de una sanción por las numerosas irregularidades legales que supone este contrato.

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