El veganismo es un asunto político: presentamos nuestras propuestas al Ministerio de Consumo

Acabar con la explotación de animales inherente a la industria ganadera requiere introducir el veganismo en el debate político y público. En PACMA lo llevamos en nuestro compromiso electoral.

El debate público e institucional sobre el consumo de carne en España ha saltado a la palestra en los últimos días. No es un tema baladí, ya que de él dependen la vida de miles de millones de animales y el medioambiente. En PACMA tenemos un compromiso desde nuestros inicios con la protección de todos esos animales y el avance hacia el fin de su explotación; el cuidado de la naturaleza, amenazada por la industria ganadera; y el fomento del veganismo como estilo de vida sostenible y ético. Por eso hemos ido al Ministerio de Consumo a presentar nuestras propuestas y reclamar el compromiso real que requiere este acuciante asunto.

Desde hace años llevamos en nuestro compromiso electoral diversas medidas para avanzar hacia ese objetivo, porque es un pilar en nuestra formación política y creemos firmemente en que debe ser una lucha institucional.

Disminución del consumo de alimentos de origen animal

El consumo de alimentos de origen animal es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global, debido a las emisiones generadas por los cultivos con los que se alimenta a los animales, la fermentación que se produce en su sistema digestivo, el las emisiones derivadas del transporte vinculado… Es la segunda causa de emisiones de CO2 a la atmósfera, solo por detrás de las industrias energética y manufacturera.

La ONU afirma que «un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático”.

Casi el 80% de los terrenos agrícolas se destina a alimentar a los animales encerrados en granjas. La carga ganadera y avícola que soportan varias comunidades autónomas se traduce en graves problemas medioambientales, como las toneladas anuales de purines altamente contaminantes que suelen ser dispersadas en las áreas de cultivo colindantes, contaminando arroyos, ríos y acuíferos.

Además, existen claras evidencias sobre la relación entre el consumo de alimentos de origen animal y la tasa creciente de obesidad y enfermedades asociadas, el incremento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la amenaza a la disponibilidad del agua y su contaminación, o la degradación y deforestación del suelo.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), institución especializada en esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el consumo de carne roja como «probable carcinógeno para humanos» y de la carne procesada como «carcinógeno para humanos».

Por todo ello, es imprescindible minimizar el consumo de alimentos de origen animal. Defendemos la puesta en marcha de las siguientes medidas:

  1. Mayor carga impositiva, aplicando un impuesto climático a los productos de origen animal, cuyo gravamen se calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a la producción de cada alimento, y cuya recaudación se destinaría a compensar el daño climático que causa su producción.
  2. Cese de las subvenciones al sector.
  3. Subvenciones a los alimentos vegetales saludables y cuya producción sea más respetuosa con el medio ambiente, como frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales o algas.
  4. Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las explotaciones ganaderas, más exhaustivos, estrictos y regulares.
  5. Prohibición de campañas institucionales de promoción y publicidad del sector y sus productos.
  6. Puesta en marcha de campañas informativas sobre los beneficios para la salud de una dieta libre de productos de origen animal, así como de campañas que muestren la situación real en la que viven los animales en las granjas, y de las consecuencias medioambientales de la ganadería intensiva.

No a las macrogranjas

En España las macrogranjas suponen ya el 84% de las granjas censadas. Las zonas despobladas de nuestro país se han entregado a la explotación de animales y, tal y como PACMA viene advirtiendo desde hace tiempo, nuestro país se está convirtiendo en el estercolero de Europa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente afirmaba en 2018 que la población de cerdos en nuestro país sobrepasaba los 50 millones, frente a los 47 millones de habitantes.

A nivel mundial, en cuanto a producción, España ocupa el cuarto puesto (solo por detrás de China, EEUU y Alemania), mientras que, a nivel europeo, ocupa el primer puesto en censo, con cerca del 21% del censo comunitario (datos 2018, Fuente: EUROSTAT y SG Análisis, Coordinación y Estadística, MAPA).

El Defensor del Pueblo emitió un informe sobre contaminación en el que reconocía la grave problemática alrededor de la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y sus terribles consecuencias para el medio ambiente y la salud.

Son ya miles los municipios con concentraciones elevadas de nitratos en la red de abastecimiento de agua potable, en su mayoría procedentes del purín. Proliferan los casos de explotaciones intensivas de engorde de cerdos, subvencionadas, además, por los gobiernos autonómicos. Estas granjas generan cantidades ingentes de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio.

Por todo ello, PACMA propone que se adopten medidas para frenar la proliferación de macrogranjas, como:

  1. Limitación de autorizaciones para explotaciones ganaderas y avícolas.
  2. Evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el conjunto de proyectos.
  3. Requisito de presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio en todos los casos.
  4. Presentación de planes de abonado en todos los casos.
  5. Normativas que regulen la gestión de los purines.
  6. Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las instalaciones, más exhaustivos, estrictos y regulares.
  7. Cese de las subvenciones al sector.
  8. Impuesto climático a las explotaciones, cuyo gravamen se calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a su producción, y cuya recaudación se destinaría a compensar el daño climático que cause la misma.

Por el derecho de las personas a alimentarse de manera ética y saludable

Defendemos la necesidad de la oferta de opciones de menú vegetarianas y veganas en los bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas: edificios administrativos, públicos, comedores escolares y universitarios, hospitales, centros penitenciarios, etc. Solo de esta manera se puede garantizar la libertad de las personas que han decidido alimentarse de manera saludable y respetuosa con los animales.

Para ello, proponemos que, en los contratos de prestación de estos servicios se establezca la obligatoriedad de ofrecer opciones de menú vegetarianas y veganas, así como que se incentive su inclusión en el sector privado de la restauración.

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