Partido Animalista PACMA

Compromiso electoral
Elecciones generales de 28 de abril de 2019

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1. Nuestro compromiso con el bienestar y la protección de los animales

En las últimas décadas se ha generado un movimiento sin precedentes de concienciación y sensibilización sobre la defensa y la protección que debe otorgarse a la naturaleza en general, y a los animales en particular, convirtiéndose en un asunto de interés general para la ciudadanía.

La sensibilidad hacia los animales crece a la vez que se amplían nuestros conocimientos sobre ellos. La ciencia que estudia el comportamiento animal, la etología, es joven. Sin embargo, múltiples estudios han evidenciado su capacidad para experimentar sentimientos como el dolor, el miedo, el estrés, la ansiedad, pero también el placer o la felicidad.

No cabe ya lugar a dudas de que los animales están dotados de sensibilidad física y psíquica, y de que, por tanto, deberían recibir un trato que asegure su máximo bienestar.

A pesar de ello, la situación en la que se encuentran los animales en España es terrible. Desde todas las administraciones (Gobierno estatal, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos) destinan millones de euros a financiar todo tipo de festejos taurinos y otros espectáculos con animales. Pero el maltrato animal en nuestro país no acaba en las fiestas crueles. No hay semana en la que no se refleje en los medios de comunicación algún caso de grave maltrato animal.

Al carecer de un registro de ámbito nacional, en España no existen estadísticas oficiales sobre el número de animales abandonados. Un estudio de la Fundación Affinity estima que son, al menos, 138.000. Sin embargo, las protectoras de animales advierten de que esta cifra se queda muy corta. No incluye a los miles de animales que acaban sus cortas y maltrechas vidas siendo sacrificados en las perreras municipales, a los que mueren atropellados tras ser abandonados en las carreteras, o de inanición en la cuneta de la que nunca fueron rescatados. Tampoco se tienen en cuenta a los que sí son recogidos por personas particulares con empatía.

Entre las principales causas del abandono se encuentran las camadas no deseadas y el fin de la temporada de caza.

Es necesario resolver este problema en su origen, estableciendo la esterilización obligatoria, prohibiendo la compraventa de animales como compañía y su uso como instrumentos de caza.

Es el momento de que los ciudadanos y ciudadanas concienciados sumemos fuerzas en torno a la única opción política que busca el bien común, también para los animales.

PACMA está formado por personas íntegras, que desembocan en la política para dar voz a los que no la tienen y para demostrar que las políticas sociales van de la mano de la lucha contra el maltrato, sin distinguir entre especies.

El Partido Animalista concurre a las próximas Elecciones Generales con candidaturas formadas por personas que tratan de construir un mundo mejor para todos.

Cada día son más las personas que deciden cambiar la manera en la que se relacionan con los animales. El Partido Animalista forma parte e impulsa ese cambio. Defendemos un estilo de vida que no contribuya a la explotación de los animales. Apostamos por ampliar el círculo de consideración moral, teniendo en cuenta también sus necesidades.

Nos comprometemos a ejercer nuestros cargos políticos para reclamar, de manera firme, un mayor respeto, bienestar y protección para los animales.

Nuestro gran reto es incluir en la agenda política diaria la necesidad de un trato digno hacia los animales y conseguir un marco legal que les ampare, poniendo en marcha, entre otras, las siguientes iniciativas:

1.1. Elaboración de una Ley General de Bienestar y Protección de los Animales.

La legislación sobre protección animal vigente en nuestro país resulta obsoleta, insuficiente, parcial y dispersa. Tenemos tantas leyes de protección animal como comunidades autónomas, lo que dificulta una real y efectiva protección de los animales que, dependiendo de en qué comunidad autónoma se encuentren, recibirán un mayor o menor grado de protección.

Al analizar la legislación autonómica en su conjunto resulta preocupante, por un lado, la diversidad y disparidad de las sanciones y, por otro, la falta de criterio común en la definición de categorías de animales y, por tanto, su régimen jurídico aplicable.

Se trata de nociones esenciales pues, según se definan estas categorías, les serán de aplicación o no las respectivas leyes y porque, además, se trata de materias en las que también es aplicable legislación estatal. Se deja al criterio subjetivo del intérprete, y no del legislador, la aplicación de bloques enteros de normas.

Es imprescindible una legislación de ámbito estatal que garantice el bienestar y protección de los animales ante su desamparo.

Por ello, proponemos continuar trabajando en la tramitación de la propuesta de Ley General de Bienestar y Protección de los Animales (Ley Cero) presentada en 2017 a todos los partidos políticos representados en las Cortes Generales. Esta ley ampararía a todos los animales, sin excepciones ni exclusiones. En ella se incluye:

1.1.1. Prohibición de la compraventa de animales como compañía.

Desde hace años se vienen denunciando las condiciones de explotación e insalubridad de la cría comercial de animales de compañía, así como el incierto destino que sufren aquellos que nunca llegan a ser vendidos, pero lo más inconcebible es que se siga permitiendo su comercialización mientras se están sacrificando miles en las perreras.

Continuar permitiendo la compraventa de animales de compañía fomenta su cosificación, otorgándoles la categoría de mercancía con la que lucrarse, algo a lo que también contribuye el hecho de que la recogida de animales abandonados y perdidos siga asignándose en muchos lugares a las mismas empresas encargadas de retirar los residuos urbanos. Los animales, al margen de razones de salubridad e higiene, deben recogerse por razones morales.

Hasta ahora han sido las entidades de protección y defensa animal las que han ido paliando esta situación, siempre saturadas y desbordadas, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde, en la mayoría de los casos sin ayuda ni apoyo de las administraciones públicas.

Por todo ello, propondremos la prohibición del comercio de animales como compañía, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales, de manera que los animales solo puedan ser adoptados.

1.1.2. Esterilización obligatoria de los animales de compañía.

Las camadas indeseadas son la principal causa de abandono de animales. Expondremos la necesidad de introducir la esterilización obligatoria de los animales de compañía.

En aquellos casos en los que no sea aconsejable por razones de salud del animal, se valorarían otras medidas anticonceptivas, teniendo siempre como prioridad su salud y bienestar.

Las esterilizaciones se llevarán a cabo, en todo caso, por profesionales veterinarios.

Las administraciones públicas realizarán campañas subvencionadas de esterilización de animales destinadas a personas con recursos insuficientes para afrontar la esterilización de los animales que tengan a su cargo.

1.1.3. Sacrificio cero.

Tanto la esterilización obligatoria, como la prohibición del comercio de animales como compañía y de su uso como instrumentos de caza, reducirán drásticamente el abandono de animales y fomentarán su adopción, haciendo posible el ansiado sacrificio cero, a través de la prohibición de sacrificio de animales de compañía sanos.

Se exceptuarán de esta prohibición los supuestos de eutanasia del animal, con la finalidad de evitarle un sufrimiento grave e irremediable, como consecuencia de padecer una enfermedad o lesión sin posibilidad de curación que no le permita tener una calidad de vida compatible con los parámetros mínimos de bienestar animal. Esta será prescrita y realizada por profesionales veterinarios, mediante métodos no crueles e indoloros, evitando causarles estrés u otros sufrimientos psíquicos, y suministrándoles sedación previamente.

1.1.4. Unificación del sistema de registro de animales de compañía.

Cada comunidad autónoma tiene una base de datos independiente, sin relación con el resto, además de diferente información registrada. Tanto la confección como la titularidad de las mismas no siguen un patrón ni estructura comunes. La descentralización y la heterogeneidad provocan muchas dificultades a la hora de recabar información, ya sea para conocer el número de animales registrados, como para encontrar al titular de un animal perdido o abandonado.

Por todo ello, es imprescindible la unificación del sistema de registro, así como el impulso de una estructura común en las bases de datos, estableciendo la definición de los datos mínimos que se deben completar, de manera que el contenido sea homogéneo.

1.1.5. Colonias estables y controladas de gatos: método CER (Captura-Esterilización-Retorno).

Propondremos la regulación de las colonias estables y controladas de gatos. Su control poblacional se llevará a cabo por los ayuntamientos mediante la implantación del método CER (Captura-Esterilización-Retorno). Los gatos integrantes de estas colonias serán capturados para su identificación, vacunación y esterilización, y devueltos posteriormente a la colonia de origen. El método CER es el más ético y efectivo para su control poblacional, y supone un trabajo conjunto entre la Administración, las entidades de defensa y protección animal y el voluntariado.

1.1.6. Fin de los zoológicos, acuarios y de toda cautividad con fines de entretenimiento.

En los parques zoológicos se mantiene cautivos a los animales fuera de su hábitat, en contra de su naturaleza, con fines de exposición, exhibición y entretenimiento para los humanos. Resulta imposible reproducir el entorno de los animales en un zoológico. Animales como los leones o los tigres tienen diez mil veces menos espacio que en libertad. Debido a la inactividad, a la frustración, al hostigamiento de los visitantes y a la pérdida de vida en grupo social o de estatus solitario, los animales cautivos desarrollan con frecuencia patrones de comportamiento anómalo, como las estereotipias, el sobre-acicalamiento o las automutilaciones.

Son múltiples las denuncias sobre recintos inadecuados, alimentación deficiente o malos tratos.

Un argumento esgrimido a favor de los zoológicos es el trabajo de conservación que supuestamente realizan. Sin embargo, la realidad es que menos de un uno por ciento de las especies se debe al esfuerzo de conservación y que, lejos de volver a integrar a los animales en la naturaleza, la gran mayoría son arrancados de su hábitat.

Además, de ese uno por ciento, muchos son fruto de la endogamia y carecerían por tanto de ese "valor de conservación". En 2014 se generó una gran alarma social tras conocer, a raíz del caso de Marius, una joven jirafa que fue sacrificada, descuartizada en público y dada como alimento a otros animales en el Zoo de Copenhague, que, solo entre los zoológicos pertenecientes a la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), de los que en España se encuentran unos veinte, se sacrifica cada año a cerca de dos mil animales sanos por cuestiones de genética y espacio. Muchos centros alegan que se trata de satisfacer una necesidad tan natural en los animales como es procrear, mientras no les preocupa en absoluto no cubrir otros instintos naturales como pueden ser vivir en manadas, nadar o recorrer largas distancias.

Por todo ello, el Partido Animalista propone la prohibición de mantener animales cautivos con fines de exposición, exhibición y/o entretenimiento, y que los zoológicos, acuarios y otros recintos con animales que no tengan como finalidad su cuidado, recuperación, custodia, reintroducción o mantenimiento, sean reconvertidos en centros de recuperación y rescate o reservas.

En su lugar, proponemos que se apoyen y fomenten proyectos donde el uso de las últimas tecnologías permita contemplar y estudiar a los animales en sus entornos naturales, sin necesidad de interferir en el curso normal de su vida silvestre.

1.1.7. Abolición de los espectáculos, tradiciones y festejos con animales: corridas de toros, tiro y arrastre, circos, espectáculos acuáticos y otros.

España es conocida mundialmente por sus tradiciones y festejos crueles con los animales, especialmente con los toros. No podremos considerarnos un país avanzado mientras esto no cambie.

La mayor parte de la sociedad española no se identifica con estas prácticas atroces, sino que, por el contrario, se avergüenza de un concepto de cultura y tradiciones basadas en el maltrato hacia los animales. El patrimonio cultural, que se transmite de generación en generación, debe infundir un sentimiento de identidad hacia el pueblo al que pertenece, por lo que una tradición que la gran mayoría de los españoles y españolas rechaza, no debería formar parte del mismo de ninguna manera. Más allá, el dolor, el maltrato, la tortura o la muerte, no deberían formar parte de ninguna tradición que represente a un pueblo civilizado.

Es necesario avanzar hacia la supresión de las excepciones legales al maltrato y sufrimiento de los animales permitidos en estos y otros espectáculos, como circos, delfinarios y peleas de gallos, entre otros.

Mientras la tendencia mundial es considerar moralmente inaceptable el cautiverio de cetáceos para fines de entretenimiento, prohibiendo su cautividad e importación, estableciendo estándares tan estrictos que hacen imposible la construcción de delfinarios o prohibiendo todos los espectáculos con animales, España se ha convertido en el “delfinario de Europa”, siendo el país europeo con mayor número de delfinarios y de cetáceos en cautiverio, ocupando un deshonroso séptimo puesto en el ranking mundial.

Multitud de países europeos y, en España, algunas comunidades autónomas y muchas ciudades, han vetado asimismo la utilización de animales en espectáculos circenses. Los animales explotados en circos sufren la privación de libertad, pasando la mayor parte de su vida viajando enjaulados y encadenados, careciendo de espacio suficiente para desarrollar sus necesidades y comportamientos naturales. Además, son sometidos a un duro entrenamiento, consistente en repeticiones incesantes de ejercicios antinaturales que les resultan difíciles e incómodos, con técnicas de adiestramiento de largo cuestionadas. Los animales nunca atravesarían aros de fuego, andarían a dos patas o montarían en bicicleta, salvo por temor a las represalias que pueda suponer no hacerlo.

El trato que reciben, el cautiverio, la frustración, la falta de ejercicio y de interacción con otros animales de su especie, les hacen padecer con frecuencia graves trastornos mentales. Es común observar en ellos los mismos síntomas agravados que padecen los animales encerrados en zoológicos.

Es hora de poner fin a los espectáculos crueles con los animales. Por ello, propondremos la prohibición de utilización de animales, vivos o muertos, en todo tipo de espectáculos, tradiciones y festejos, tanto privados como públicos.

Particularmente queremos prohibir:

  1. Corridas, encierros, novilladas, rejoneos, sueltas de reses, tentaderos, herraderos, capeas, becerradas y todo tipo de festejos populares o espectáculos con reses de lidia u otros animales, dentro y fuera de las plazas, tanto públicos como privados, así como las pruebas funcionales, entrenamientos a puerta cerrada y clases prácticas celebradas por escuelas taurinas.
  2. Espectáculos circenses con animales, ya sean salvajes o domésticos.
  3. Espectáculos acuáticos con animales, ya sean orcas, delfines, leones marinos u otros animales.

Mientras conseguimos que se prohíba la utilización de animales en estos espectáculos, tradiciones y festejos, solicitaremos la retirada inmediata de toda subvención pública que reciban directa o indirectamente, así como la prohibición de la retransmisión televisiva o radiofónica de cualquier espectáculo con animales.

1.1.8. Oposición a la caza y la pesca deportiva.

Más de 30 millones de animales son abatidos por cazadores cada año en España. Cada temporada, los cazadores dejan tras de sí miles de toneladas de plomo en el agua y el suelo, que permanecen en el sustrato más de 300 años, prolongando su efecto tóxico en la naturaleza. Nuestro país sufre una de las mayores concentraciones mundiales de perdigones por hectárea del mundo. En algunas zonas se han llegado a detectar 2,5 millones de balines por hectárea. Unas 60.000 aves, acuáticas y rapaces, mueren cada año por ingestión directa de plomo.

Además, esta práctica impide a las personas disfrutar con libertad del medio que les rodea. PACMA trabajará por que los ciudadanos y ciudadanas no sigamos viéndonos privados del derecho recogido en la Constitución a poder disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Consideramos que las actividades de ocio no pueden atentar contra la vida silvestre, los espacios naturales y el propio ser humano.

Por todo ello, proponemos la prohibición de la actividad cinegética y de la pesca deportiva.

A su vez, trabajaremos por la prohibición definitiva de la utilización de balines de plomo que contaminan nuestro medio ambiente.

1.1.8.1. Interdicción del empleo de animales como instrumentos para cazar.

No podemos olvidarnos de los miles de perros que cada año, cuando termina la temporada de caza, son abandonados y matados de maneras terribles: ahorcados, tirados en pozos, quemados... Se calcula que, solo en España unos 60.000 galgos son abandonados o matados cada año.

Además, las condiciones en las que muchos cazadores mantienen a estos animales en los meses previos a la caza, como venimos denunciando desde hace años, son pésimas: permanentemente atados a cortas cadenas, bebiendo agua insalubre y durmiendo sobre sus propios excrementos.

Tras las camadas indeseadas, el fin de la temporada de caza es la segunda causa de abandono en nuestro país.

Por ello, mientras se consigue la prohibición de la caza, solicitaremos prohibir el empleo de animales como instrumentos para cazar, ya sean perros, aves, hurones u otros animales.

1.1.8.2. Proscripción de la caza del lobo.

El lobo ibérico habitó una vez la mayor parte de la península. Sin embargo, durante los años 70, la especie estuvo sometida a un tremendo estrés poblacional por presión humana, como las campañas de “extinción de alimañas”, promovidas desde la Administración, que ofrecía recompensas para todas aquellas personas que entregaran uno muerto; los envenenamientos indiscriminados o la destrucción de sus hábitats. Su número se redujo entonces a tan solo 400 ejemplares, convirtiéndose en una especie en peligro de extinción.

Su estado de conservación ha mejorado. Sin embargo, la especie ha sufrido una regresión hacia la zona noroccidental debida a la caza brutal que le impide extenderse hacia sus territorios históricos meridionales. El lobo ibérico es una especie designada ‘de especial conservación’ únicamente en la región sur del Duero. Sin embargo, los planes de gestión del resto de comunidades autónomas permiten y autorizan su caza. En algunas zonas, como Sierra Morena, permanecen en peligro crítico, mientras que, en otras, como Extremadura, Andalucía o la Comunidad Valenciana, se ha declarado extinto.

Ahorcados, envenenados, atropellados o expuestos como trofeos de caza. Así acabó la vida de cerca de 650 ejemplares de lobo ibérico en España en 2017, según el informe “Por la convivencia del hombre y el lobo” del Observatorio de la Sostenibilidad.

Las justificaciones esgrimidas para autorizar su caza, como reducir el conflicto con el ganado o paliar el furtivismo, son falsas. El lobo en nuestro país es víctima de la estigmatización administrativa y social, causada principalmente por las instituciones que promueven su caza a instancias del sector cinegético y al amparo de las históricas denuncias del sector ganadero, cuyos intereses se ven beneficiados por planes específicos de indemnizaciones.

El Partido Animalista propone la prohibición de la caza del lobo en todo el Estado. Asimismo, exigimos que se cumpla la normativa europea que tiene al lobo entre las especies prioritarias que deben ser recuperadas.

Igualmente, instaremos a que se lleven a cabo estudios que desarrollen alternativas no letales para su control poblacional, así como a la conservación de su hábitat. De la misma forma, consideramos fundamental que se desarrollen acciones contra el furtivismo y los envenenamientos.

Solicitaremos medidas de idéntico carácter para los híbridos de lobos, que están siendo exterminados con la intención de mantener la pureza genética de la población de lobos ibéricos.

1.1.8.3. Prohibición de la pesca deportiva.

En nuestro país se practica la pesca deportiva o recreativa en todas sus modalidades (desde tierra, desde embarcación y submarina) cuyas licencias son autorizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Víctima de esta actividad, que consideramos totalmente prescindible y perjudicial para la fauna marina y fluvial, mueren miles de animales cada año.

Proponemos:

  • Prohibir la pesca deportiva y retirar todas las licencias de pesca actualmente concedidas y poner en marcha mecanismos de control exhaustivo que velen por el cumplimiento de la Ley y persigan la pesca furtiva.

1.1.10. Supresión de las granjas peleteras.

Otra actividad cada día más censurada por la ciudadanía es la cría y explotación de animales para el aprovechamiento de sus pieles, debido a la crueldad extrema a la que son sometidos en las granjas peleteras.

El cautiverio resulta muy estresante para animales como los visones, que en estado silvestre pueden llegar a ocupar un territorio de diez kilómetros cuadrados. Desde que nacen, se les cría hacinados en diminutas jaulas. Viven, moviéndose en círculos de manera frenética, entre sus propios excrementos, cadáveres y restos de otros animales, con escasa atención veterinaria, padeciendo infecciones que agravan su sufrimiento.

El miedo, el estrés y la ausencia de toda posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales más básicas, les genera tal estado de ansiedad que se autolesionan, mordiéndose la piel, la cola y las patas, rompiéndose los dientes con los barrotes de las jaulas, agrediéndose unos a otros.

Dado que el objetivo de sus criadores es arrancarles la piel, sobre los siete meses son gaseados, desnucados o electrocutados, de manera que la piel no resulte dañada. Debido al ritmo industrial de las granjas, algunos aún están vivos cuando son despellejados.

Es intolerable e injustificable todo este sufrimiento para confeccionar abrigos y complementos.

Además, la cría intensiva conlleva la fuga de visones americanos de las granjas peleteras. Es absurdo que se sigan destinando millones de euros a proteger el visón europeo, declarado como especie en peligro crítico de extinción en España, mientras se continúa incentivando la apertura de granjas de visón americano, que constituye su principal amenaza.

Por todo ello, el Partido Animalista propone prohibir criar y explotar animales para el aprovechamiento de sus pieles.

1.1.11. Creación de un Observatorio en el Ministerio de Justicia.

Proponemos la creación de un Observatorio, dependiente del Ministerio de Justicia, al que corresponderá la dirección, coordinación, propuesta y ejecución de las políticas en materia de bienestar y protección animal. Las mismas contarán con el asesoramiento de entidades de protección y defensa animal, así como de personas especializadas en bienestar y protección animal. Esta información estará a disposición de las Administraciones Públicas y los tribunales de justicia.

1.1.12. Creación de la figura del defensor o la defensora de los animales.

Proponemos la creación de la figura del defensor o la defensora de los animales, nombrado o nombrada por las Cortes Generales, con facultades de inspección, investigación y denuncia, con capacidad de interponer recursos judiciales y administrativos en defensa de los derechos de los animales.

1.1.13. Creación de una Dirección General de Protección y Bienestar Animal.

Proponemos incluir en el Ministerio pertinente una Dirección General de Protección y Bienestar Animal que defina una estrategia transversal, en colaboración con los demás Ministerios, en relación a todas y cada una de las políticas estatales para erradicar el maltrato animal y desarrollar protocolos para ayudar y mejorar la vida de los animales, trabajando coordinadamente con las Comunidades Autónomas.

1.1.14. Creación de una Fiscalía contra el maltrato animal.

El Ministerio Fiscal precisa de un conocimiento especializado de los supuestos de maltrato animal.

Proponemos:

  • Incluir en la formación permanente de los componentes del Ministerio Fiscal materia sobre la violencia, el maltrato y la etología animal para calificar adecuadamente las conductas traídas a su conocimiento.
  • Dictar Instrucciones del Ministerio Fiscal que fijen los criterios sobre violencia y maltrato a los animales, que permitan actuar de forma reglada y no discrecional.

1.1.15. Deber de auxilio a animales desamparados, heridos o en peligro manifiesto.

Proponemos que en la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales se incluya el deber de auxilio a animales que se encuentren desamparados, heridos o en peligro manifiesto. La persona que lo advierta deberá comunicar los hechos a los servicios de emergencia o autoridad competente, que se encargarán de prestar la asistencia oportuna. En la medida de sus posibilidades, y en tanto se personan dichos servicios, ayudará al animal para evitar daños mayores o irreversibles.

1.1.16. Unidades especializadas en la defensa medioambiental, el bienestar y la protección de los animales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Defendemos la necesidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con unidades especializadas en la defensa medioambiental, el bienestar y la protección de los animales.

A estas unidades les corresponderá velar por el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de protección animal y demás disposiciones aplicables sobre medio ambiente, bienestar y protección de los animales. En particular, y entre otras funciones, se encargarán de la vigilancia, inspección, control y formulación de informes, denuncias y levantamiento de actas, así como de la adopción de medidas urgentes y cautelares.

Además, proponemos incluir en el temario de ingreso en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado una carga lectiva específica sobre los derechos de los animales y el maltrato animal, con especificidad en etología animal, que se debe actualizar con formación continua, con el objetivo de evitar casos como el de la perra Sota, abatida a tiros por un guardia urbano en Barcelona el pasado mes de diciembre.

1.1.17. Apoyo y consideración de las entidades de protección y defensa de los animales.

Apoyaremos que las entidades de protección y defensa de los animales sean consideradas, cuando así lo soliciten, como entidades de utilidad pública, a todos los efectos.

El departamento competente en materia de medio ambiente podrá establecer ayudas para las entidades que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, destinadas a las actividades que lleven a cabo con relación a la protección y la defensa de los animales, a su cuidado y mantenimiento, a la ejecución de programas de adopción, a la promoción de campañas y programas de esterilización o a la promoción de campañas de sensibilización de la ciudadanía.

Además, tendrán la consideración de interesados cualificados en los procedimientos sancionadores en los casos en que hayan formulado la denuncia correspondiente o hayan formalizado la comparecencia en el expediente sancionador.

1.1.18. Reconocimiento legal de los santuarios de animales.

Queremos que se reconozca legalmente a los santuarios de animales como entidades de protección y defensa de los animales, en los que se recupera y acoge a animales rescatados principalmente de la explotación de la industria ganadera.

Como entidades de protección y defensa de los animales serán consideradas, cuando así lo soliciten, como entidades de utilidad pública, a todos los efectos.

Los animales acogidos en los santuarios no son animales criados o mantenidos para la producción de alimentos, lana o pieles, y, por consiguiente, no se les aplicarán las normas y protocolos establecidos para los animales en las explotaciones ganaderas.

1.1.19. Creación de centros de recuperación y rescate suficientes.

Apostamos por establecer la previsión de creación de centros de recuperación y rescate suficientes y adecuados para alojar a las especies de animales silvestres, salvajes y/o exóticos, tras haber sufrido un accidente o agresión, haber sido rescatadas del tráfico ilegal, del abandono o de la cautividad de circos, zoológicos o particulares.

Su finalidad será la de proporcionar atención y cuidados a los animales que ingresen, de manera que sean recuperados, rehabilitados y, en la medida de lo posible, reintroducidos en la naturaleza.

1.1.20. Protocolos de evacuación y rescate.

La falta de políticas medioambientales adecuadas y la especulación urbanística prenden fuego a nuestros bosques y desbordan nuestros ríos, matando de la manera más terrible a miles de animales que quedan atrapados en las explotaciones, ahogados, asfixiados o quemados. Estas muertes podrían evitarse mediante protocolos de evacuación y rescate.

Defendemos la elaboración de un protocolo de evacuación y rescate para animales que se encuentren en explotaciones de toda índole, así como en centros, recintos, instalaciones o establecimientos dedicados al cuidado, mantenimiento, educación, guardería, residencia, recogida, acogida de animales y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, incluyendo los centros de recuperación y rescate, santuarios y protectoras, ante situaciones climatológicas extremas y ante fenómenos o desastres naturales o provocados por personas.

El Partido Animalista presentó una propuesta de Plan de Evacuación de Animales en Catástrofes y Emergencia a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, en septiembre del 2017. Durante años ha reclamado su aplicación en las distintas contingencias que han ocurrido, sin éxito.

Por ello, trabajaremos para que se apruebe dicho plan y para que las Administraciones Públicas adopten su aplicación.

1.1.21. Protocolos de asistencia a la fauna silvestre en condiciones climatológicas extremas.

Las fluctuaciones de temperatura y del aumento del nivel del mar son cada vez más acusadas, a causa del calentamiento global. Cada año empeoran los fenómenos climatológicos extremos, como fuertes olas de calor, lluvias torrenciales, sequías o huracanes, que agravan los incendios e inundaciones, y que, según las previsiones, seguirán en aumento significativo en los próximos años.

Los animales silvestres se enfrentan cada vez a mayores dificultades para adaptarse a estos cambios climáticos, que son consecuencia del comportamiento irresponsable y abusivo de los seres humanos sobre el planeta.

En el Partido Animalista consideramos una obligación ética y moral, y una necesidad de sostenibilidad de los ecosistemas, proteger y ayudar a la fauna silvestre, facilitando su adaptación ante estas circunstancias. Por ello, propondremos la implantación de protocolos de asistencia a la fauna silvestre en condiciones climatológicas extremas.

1.1.22. Técnicas y métodos éticos de control de reproducción de animales silvestres.

Trabajaremos para que las administraciones empleen solo técnicas y métodos éticos, no letales, de control de reproducción de animales silvestres, tanto dentro como fuera de los entornos urbanos, como la esterilización o el suministro de piensos anticonceptivos.

1.1.23. Obligaciones mínimas para la tenencia de animales.

Toda persona que esté en posesión de un animal, sea de compañía o doméstico, en una casa o en una explotación, debe ser responsable de su salud, protección y bienestar. Debe procurarle cuidados y atención conforme a su etología y características físicas, de conformidad con su especie y raza.

Por ello, propondremos establecer las siguientes obligaciones para las personas poseedoras de animales:

  1. Proporcionarle agua fresca, limpia y potable, y un alimento completo en cantidad suficiente.
  2. Proporcionarle un alojamiento cómodo y seguro, a resguardo de las inclemencias meteorológicas, que será sometido a una limpieza periódica.
  3. Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.
  4. Proporcionarle oportunidades de ejercicio y descanso adecuadas.
  5. Proporcionarle las revisiones veterinarias necesarias y prestarle todos aquellos tratamientos que sean precisos para un buen estado de salud y que le eviten sufrimientos.
  6. Someterlo a los tratamientos preventivos que sean declarados obligatorios para su salud y bienestar.

1.1.24. Acceso al transporte público, a los albergues para personas sin hogar, residencias para mayores y a casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia machista.

Abogaremos para se permita y regule el acceso de los animales al transporte público, a los albergues para personas sin hogar, a las residencias para mayores y a las casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia machista, de manera que las personas que tengan que alojarse en estos lugares no se vean abocadas, además, a tener que separarse de ellos, dejarlos atrás, o a dormir en la calle.

1.1.25. Acceso a hospitales.

Los animales que conviven con nosotros en nuestros hogares son parte de la familia. Además de compañía, aportan efectos beneficiosos para la salud, importantes en el tratamiento y recuperación de dolencias físicas y psíquicas. Los pacientes ingresados en los hospitales se ven privados de poder recibir la visita de sus animales de compañía. Esta separación puede afectar negativamente a su estado anímico y recuperación.

Propondremos que los hospitales permitan el acceso de animales, habilitando una zona o sala, donde las personas que se encuentren ingresadas, puedan recibir la visita de sus animales de compañía.

Para ello, promoveremos que se formule un plan conjunto entre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Estado y las comunidades autónomas, con los protocolos de seguridad e higiene adecuados.

1.1.26. Prohibición de importación de especies exóticas.

Para prevenir los problemas que pueden derivarse de la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, que pueden llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, propondremos prohibir la importación de especies y subespecies alóctonas, tanto para la cría y mantenimiento para el aprovechamiento de sus pieles como para su comercialización y tenencia como animales de compañía.

1.1.27. Otras prohibiciones incluidas en la propuesta de Ley Cero.

Además de las ya expuestas, proponemos en la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales las siguientes prohibiciones:

  • Tener animales salvajes como animales de compañía.
  • Mantener a los animales atados, encerrados o enjaulados.
  • Tener de forma continuada animales en terrazas, patios u otros lugares inapropiados.
  • Dejar a un animal en el interior de un vehículo, salvo por un breve espacio de tiempo, asegurando siempre una ventilación y temperatura adecuadas y nunca en el maletero.
  • Matar, dañar o molestar a animales silvestres.
  • Suministrar a los animales sustancias hormonales o químicas que puedan causarles alteraciones de la salud, del metabolismo o del comportamiento, excepto por prescripción veterinaria.
  • Marcar a los animales a fuego o mediante cualquier otro método lacerante.
  • Practicar mutilaciones a los animales cuyo objeto sea modificar su apariencia o conseguir otros fines no curativos.
  • Utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir la movilidad de los animales, salvo por prescripción veterinaria.
  • Servirse de animales como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
  • Practicar actividades consideradas deportivas que impliquen el sufrimiento, la captura y/o la muerte de animales.
  • Matar, causar daño, sufrimiento o estrés a los animales en producciones audiovisuales, cinematográficas, televisivas, artísticas o publicitarias, espectáculos, actividades culturales, religiosas o cualquier otra similar, o bien hacer degradaciones, parodias, burlas o tratamientos antinaturales.
  • Filmar con animales silvestres y/o salvajes para el cine, la televisión u otros medios de difusión, salvo que sea en su medio natural y siempre que no se interfiera en el curso normal de su vida silvestre.
  • Practicar sacrificios rituales de animales por motivos religiosos.
  • Utilizar animales en atracciones feriales y otras asimilables.
  • Adiestrar o entrenar a los animales mediante métodos que puedan perjudicar su salud y bienestar, obligándoles a superar sus fuerzas o capacidades naturales o utilizando medios que puedan provocar lesiones, dolores, sufrimientos o angustia.
  • Dar a los animales una educación agresiva, de ataque o defensa.
  • Emplear animales para adiestrar a otros en la pelea o el ataque.
  • Organizar, participar y/o asistir a peleas organizadas de animales, sin excepciones.
  • Valerse de animales como instrumentos de defensa, tanto personal como de propiedades.
  • Utilizar animales como tracción de vehículos.
  • Someter a los animales a trabajos de carga.
  • Explotar animales como transporte turístico.
  • Sortear o hacer donación de un animal como premio, recompensa, gratificación o regalo de compensación.
  • Exhibir animales con finalidades lucrativas o de reclamo.
  • Llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven problemas o alteraciones graves en la salud de los animales.
  • Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete.
  • Emplear instrumentos o métodos dañinos de sujeción, retención o educación.
  • Usar instrumentos o aperos que puedan originar daños a los animales que los utilicen o porten.
  • Imponer a los animales la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que impliquen trato vejatorio.

1.1.28. Reforma del Código Penal en los delitos por maltrato animal.

La pena máxima por provocar la muerte a un animal está cuantificada en dieciocho meses, por lo que no suele implicar el ingreso en prisión de quienes carecen de antecedentes penales.

Proponemos:

  • Ampliar el supuesto de hecho del delito de maltrato animal, expurgándolo de condicionantes y excusas.
  • Aumentar las penas de los delitos de maltrato animal para que los culpables ingresen en prisión.
  • Aumentar las plantillas del SEPRONA y los cuerpos policiales con grupos destinados a la investigación y persecución de los casos de maltrato animal.
  • Efectuar campañas publicitarias sobre la tolerancia cero respecto al maltrato animal.

1.2. Programas de información y educación. Inclusión de materias y/o contenidos relacionados con el respeto, el bienestar y la protección de los animales en los sistemas educativos.

Es indispensable una intervención educativa dirigida a la ciudadanía, que fomente de manera preventiva una conducta más cívica y una tenencia responsable de los animales.

Maltratar no consiste solo en emplear violencia, sino que comprende situaciones tristemente cotidianas de nuestra geografía como mantener a los animales en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, no proporcionarles un alimento adecuado y suficiente, un alojamiento cómodo y seguro, o mantenerlos permanentemente encadenados o encerrados.

Quien decide tener un animal a su cargo se convierte en responsable de su salud y de su bienestar, y debe ser consciente de las obligaciones y compromisos que ello implica para así poder asumirlos de manera reflexiva y responsable.

Proponemos el desarrollo de programas de información y educación para promover entre la ciudadanía el respeto por los animales, prevenir el abandono y fomentar la adopción responsable de los mismos.

Estos programas destacarán los siguientes aspectos:

  1. Campañas de promoción y divulgación sobre las obligaciones que conlleva la tenencia de animales.
  2. Campañas de fomento de la adopción en centros de recogida y protectoras de animales.
  3. Las consecuencias negativas derivadas de la adquisición irresponsable, así como de la cría incontrolada de animales de compañía.
  4. Las consecuencias negativas de la adquisición e introducción de animales silvestres, salvajes y/o exóticos como animales de compañía.

Además, una actitud respetuosa hacia los animales debe inculcarse desde la infancia. Por ello, consideramos imprescindible la inclusión de materias y/o contenidos relacionados con el respeto, el bienestar y la protección de los animales en los sistemas educativos.

Entre otras, proponemos:

  1. Incluir el valor de respeto hacia los animales como tema transversal en todos los niveles de enseñanza, la acción tutorial, los programas curriculares de centro y las actividades complementarias, así como en la organización y gestión general de los centros educativos.
  2. Formar al profesorado en el respeto hacia los animales. Los profesores son una pieza fundamental para transmitir los valores de respeto, justicia y empatía hacia los animales, impulsando la integración de módulos básicos relacionados con el maltrato, los derechos y el bienestar animal en la formación de los nuevos docentes, a través de los planes de estudio de Magisterio y Máster de profesorado.
  3. Revisar y adaptar el material educativo (libros de texto y otros recursos) acorde a los valores de respeto a los animales, suprimiendo los contenidos que promueven la falta de consideración hacia los animales o su cosificación.
  4. Mantener un nivel de alerta para detectar posibles casos de maltrato animal efectuado por menores. Son múltiples los estudios que vinculan el maltrato animal a la violencia machista, intrafamiliar y a conductas antisociales.

Se promoverá la visita a refugios y santuarios de animales como alternativa a las actuales visitas a “granjas escuela” y lugares similares en los que la finalidad no sea el bienestar y la protección de los animales.

Del mismo modo, se fomentará que personas que trabajan y colaboran en protectoras y otras entidades de protección y defensa de los animales sean invitadas a dar charlas informativas y educativas en las escuelas.

1.3. Mejora del bienestar animal en las explotaciones ganaderas.

A pesar de que aún existe una gran desinformación sobre el sufrimiento que padecen los animales destinados al consumo y la manera en que se produce su muerte, cada vez son más los ciudadanos y ciudadanas preocupados por la situación que sufren los animales en las explotaciones ganaderas. Según el Eurobarómetro sobre protección animal, el 75% de los europeos/as considera necesario mejorar el bienestar de los animales de granja. La cifra es algo superior en el caso de España, donde más del 80% cree que los animales deberían estar más protegidos.

Los animales destinados al consumo como alimento se crían cada vez más en un modelo industrial que favorece las explotaciones de gran tamaño y la producción intensiva. Este modelo intensivo implica el confinamiento y hacinamiento de los animales, que están sometidos a sistemas de producción en los que su bienestar queda supeditado al beneficio económico.

Son necesarias nuevas políticas con el objetivo de proteger y velar por las necesidades y el bienestar de estos animales, por encima de los beneficios económicos de los ganaderos.

Como apuntábamos anteriormente, promoveremos que la Ley General de Bienestar y Protección de los Animales ampare a todos los animales, incluidos los que se encuentran en las explotaciones ganaderas. Además de las propuestas de defensa, protección y bienestar destinadas a todos los animales ya formuladas en epígrafes anteriores, consideramos fundamental añadir las siguientes en referencia a la protección y bienestar de los animales de granja.

1.3.1. Prohibición de las amputaciones no curativas.

Los animales de las explotaciones ganaderas sufren prácticas terribles como la amputación del pico a los pollos, la amputación del rabo y los dientes a los cerdos o el quemado de los cuernos a los terneros. Estas prácticas se realizan a menudo incumpliendo la normativa que establece la obligatoriedad de utilizar anestesia.

Por ello, el Partido Animalista propondrá la prohibición de las amputaciones a los animales que no tengan ninguna finalidad curativa.

1.3.2. Prohibición de alimentación forzosa y de comercialización de foie gras.

El foie gras es producto del hígado hipertrofiado de un pato o de un ganso sobrealimentado. Existen múltiples investigaciones que muestran el terrible sufrimiento que padecen estos animales durante toda su vida para su producción.

Las aves son inmovilizadas y alimentadas mediante embudos por los que se introduce el alimento a presión varias veces al día. Algunos criadores colocan un elástico alrededor del cuello de las aves para evitar que estas vomiten. Los animales suelen vivir en diminutas jaulas de manera que no puedan moverse, gasten la menor energía posible y se deposite tejido graso en todo su cuerpo, especialmente en el hígado. Este aumenta diez veces su peso normal. Un aumento exagerado que les genera trastornos de todo tipo, sobre todo respiratorios, ya que existe una compresión pulmonar, a la vez que sienten un intenso y constante dolor hepático.

Actualmente España es uno de los cinco países europeos que lo producen, junto con Francia, Bulgaria, Hungría y Bélgica.

El Partido Animalista propondrá la prohibición en España de la alimentación forzosa de los animales, así como la comercialización de los productos derivados de esta cruel técnica, tal como ya han hecho la mayoría de países europeos. Esto es así, entre otros, en Alemania, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Polonia o Italia.

1.3.3. Prohibición de los sacrificios halal y kosher.

La legislación de la Unión Europea establece que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento, manteniendo la pérdida de consciencia y sensibilidad hasta su muerte. Sin embargo, introduce una excepción para los métodos particulares de sacrificio prescritos por ritos religiosos.

El sacrificio ritual que realizan algunas religiones, como la musulmana (halal) y la judía (kosher), exige que los animales estén en perfecto estado de salud en el momento del sacrificio. En base a algunas interpretaciones, un animal aturdido puede considerarse “enfermo”, y de esta forma se elude el aturdimiento previo.

En estos casos, el método de sacrificio general utilizado es por degüello, cortando los vasos sanguíneos de ambas partes del cuello, sin dañar la espina dorsal. También se cortan tráquea, esófago y paquete nervioso.

Mediante degüello, la consciencia se pierde de forma gradual, provocando una agonía durante la cual los animales están expuestos a dolor y sufrimiento.

Por respeto a los animales como seres sensibles, el sacrificio de animales sin aturdimiento previo debería considerarse inaceptable.

Es hora de que esta crueldad y maltrato sobre los animales deje de ser consentida.

El bienestar y la protección de los animales deberían estar siempre por encima de cualquier consideración de carácter religioso, cultural, artístico o económico.

Mientras conseguimos que esta práctica cruel sea prohibida en toda la Unión Europea, trabajaremos para conseguir la prohibición de practicar sacrificios rituales de animales por motivos religiosos en toda España.

1.3.4. Presión fiscal e inspecciones regulares en explotaciones ganaderas, avícolas y cunículas

Las explotaciones ganaderas, avícolas y cunículas producen problemas medioambientales y éticos de primer orden, tanto por su impacto ecológico como por las terribles condiciones de vida de los animales. La gestión de toneladas de residuos altamente contaminantes se lleva a cabo sin control suficiente, por la inviabilidad de manejo del enorme volumen que se genera.

Cada segundo, se emiten 125 toneladas de residuos procedentes de la ganadería industrial y la industria cárnica, contaminando los ríos y mares (heces, hormonas, antibióticos, fertilizantes, pesticidas, químicos, etcétera). El sector porcino es altamente contaminante; el sector vacuno altera los usos de las superficies forestales, convertidas en pastizales en detrimento de la agricultura. Las explotaciones intensivas suponen la segunda causa de emisiones de CO2 a la atmósfera, solo por detrás de las industrias energética y manufacturera, y muy por delante del transporte y las emisiones de vehículos.

Por ello, proponemos:

  • Aprobar una mayor carga impositiva al sector ganadero.
  • Implantar de forma inmediata un mayor número de controles e inspecciones de las instalaciones ganaderas, más exhaustivas, estrictas y regulares.
  • Limitar por cupos las autorizaciones para explotaciones ganaderas, avícolas y cunículas por Comunidades Autónomas, siguiendo el sistema de competencias.
  • Cumplir las regulaciones impuestas sobre el mantenimiento de animales, tanto de las condiciones de las instalaciones como las normativas de manejo, teniendo en cuenta su cualidad de seres vivos sensibles.
  • Prohibir las campañas institucionales de promoción y publicidad del sector ganadero avícola y cunícula y de sus productos.
  • Efectuar campañas informativas sobre los beneficios para la salud de una dieta libre de productos de origen animal.
  • Realizar campañas publicitarias que muestren la situación que viven millones de animales en las granjas, con el objetivo de que la población conozca cómo son tratados.

1.4. Piscifactorías.

Gran parte de las especies de peces que se comercializan y consumen no provienen de ríos o mares, sino de piscifactorías.

Las piscifactorías son las macrogranjas de peces. Estas granjas industriales pueden estar ubicadas tanto en ríos y mares, como en tierra. En el primer caso, los peces viven recluidos en jaulas sumergidas. En el segundo, en tanques. En ambos casos, las condiciones de cautividad y hacinamiento son extremadamente estresantes, y los métodos de sacrificio suelen ser muy crueles (electrocución, asfixia, golpeo…).

PACMA se opone a la concesión de nuevas licencias de apertura de piscifactorías de cría intensiva y apuesta por el cierre de las ya existentes.

1.5. Derogación de todas las leyes y decretos sobre animales potencialmente peligrosos.

La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, así como el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla esta ley, junto con las diferentes regulaciones de las comunidades autónomas, han conseguido estigmatizar a determinadas razas de perros, obligando a sacrificar a miles de animales.

Por ello, proponemos:

  • Derogar toda la legislación creada al amparo de la estigmatización de determinadas razas de perros y estudiar de forma individualizada cada uno de los casos, sin que la pertenencia a determinadas razas o cualidades físicas pueda ser causa y motivación de su sacrificio o condena en casos de agresividad o mala conducta.
  • Crear centros de recuperación para los perros, independientemente de su raza, afectados por una educación condicionada a provocar su agresividad o por trastornos puntuales.
  • Desarrollar campañas en contra de la estigmatización de cualquier animal.

1.6. Creación de un sistema público de sanidad para los animales.

El avance hacia una sociedad ética y moderna pasa necesariamente por hacer extensiva la sanidad pública también a los animales.

Para ello, proponemos:

  • Implementar un sistema público de salud para los animales, con habilitación de partidas presupuestarias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas.
  • Atender las necesidades de salud de los animales en los refugios y protectoras.
  • Cubrir la atención sanitaria de los animales de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
  • Realizar campañas subvencionadas de esterilización de animales para personas sin recursos y gestores de colonias felinas.
  • Elaborar un nuevo “Plan de Contingencia Frente a la Sospecha de Infección por Virus Ébola en Perros”, que actualmente exige el sacrificio inmediato de los animales, sin contemplar la realización de analíticas para confirmar la enfermedad ni la cuarentena.
  • Crear laboratorios y animalarios con nivel 4 de bioseguridad.
  • Protocolizar la actuación en situaciones de emergencia sanitaria en la que puedan estar implicados animales domésticos, contemplando procedimientos de actuación con criterios epidemiológicos, descartando la eutanasia.
  • Reducir el IVA de la atención profesional veterinaria, los tratamientos y los medicamentos veterinarios al tipo superreducido del 4%.
  • Incluir a las protectoras, santuarios y demás entidades de protección animal entre las perceptoras de los fondos a través de la casilla del 0,7% del IRPF dedicada a entidades sociales.

1.7. Prohibición del exterminio de animales como método de control poblacional.

Proponemos la prohibición de cualquier método de control poblacional de animales basado en su exterminio.

De forma alternativa, defendemos:

  • Acabar con la venta, tráfico y comercio de animales exóticos.
  • Aplicar programas no cruentos de control poblacional, tales como la esterilización, los contraceptivos de depósito o el control de huevos.
  • Prohibir la repoblación de cualquier especie con fines cinegéticos.
  • Prohibir el traslado de especies no autóctonas con fines cinegéticos.

1.8. Medidas para garantizar la protección de especies.

Consideramos imprescindible la protección de todos los animales, incluidos los pertenecientes a las denominadas especies invasoras.

Por ello, proponemos:

    Modificar la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en lo referente a especies invasoras, que admite la matanza de animales como método de control poblacional.

  • Rechazar las políticas promovidas en relación con las mal llamadas especies invasoras, por discriminatorias e injustas.
  • Promover intervenciones no violentas mediante el uso de dardos anestésicos, esterilización, recolocación, vacunas contraceptivas, etcétera.
  • Garantizar medidas de protección y atención veterinaria a los animales que han sido catalogados como especies invasoras o fauna salvaje.
  • Crear centros de rescate para atender las incautaciones, superando la praxis actual conforme los animales son entregados a zoológicos.
  • Requerir una auditoría de la aplicación de las partidas procedentes de la Unión Europea destinadas a la conservación del lince ibérico.
  • Aprobar medidas urgentes para la conservación del gato montés y del lince ibérico.
  • Prohibir la importación de animales exóticos.
  • Hacer cumplir estrictamente los protocolos del Convenio Internacional de Comercio de Especies en Peligro (CITES) persiguiendo a las redes ilegales de tráfico de especies exóticas y controlando exhaustivamente la compraventa de estos animales y las condiciones de vida de los que se encuentren en España.
  • Crear y subvencionar adecuadamente los santuarios para animales protegidos por el Convenio CITES, fomentar campañas de concienciación y de rescate para que sean reintroducidos en sus hábitats a través de programas internacionales.

1.9. Fin de la experimentación con animales.

El terrible e innecesario sufrimiento de los animales de experimentación está documentado de forma exhaustiva y es una realidad a la que la sociedad no puede dar la espalda.

En PACMA proponemos:

  • Auditar en los Ministerios de Educación, Sanidad y Defensa todos los programas de investigación donde se utilicen animales para que sean sustituidos con las alternativas experimentales sin animales.
  • Incrementar las partidas presupuestarias encaminadas al desarrollo y validación de métodos alternativos a la experimentación con animales, potenciando la labor de la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal.
  • Rescatar a los animales que se encuentren en los laboratorios científicos, civiles y militares, y, una vez evaluadas sus condiciones de salud, recuperarlos en santuarios.
  • Defender la objeción de conciencia para la experimentación con animales hasta que sea prohibida, en todos los tramos y especialidades educativas, así como para cualquier trabajo o función laboral que esté relacionada con el maltrato, sacrificio, manipulación y sufrimiento de animales.
  • Obligar a publicar los resultados de los experimentos con animales con el objetivo de evitar duplicar pruebas y experimentos.

1.10. Opción de menú sin alimentos de origen animal.

Como parte del derecho de toda la ciudadanía a la libertad de conciencia, es necesaria la oferta de menús sin alimentos de origen animal en todos los centros dependientes de las administraciones públicas.

Proponemos:

  • Posibilitar la opción de un menú sin productos de origen animal en comedores públicos, escolares, universidades, centros y residencias de mayores, hospitales, prisiones y demás centros dependientes de entes públicos.
  • Crear un sello o etiqueta estatal para productos que no contengan componentes de origen animal para que los consumidores pueden identificar los alimentos y otros productos de consumo (ropa, calzado, etcétera) que no contienen ningún componente animal.
  • Realizar campañas publicitarias apoyando productos “sin animales” y potenciando el consumo ético.

2. MEDIO AMBIENTE

PACMA tiene un firme compromiso con el medio ambiente y la protección de la naturaleza.

En la actualidad nos enfrentamos a graves problemas medioambientales, como la crisis climática, el agotamiento de recursos naturales, la contaminación ambiental o la pérdida de la biodiversidad.

A pesar de ello, todavía no hay una conciencia política del devastador efecto que tendrán todos estos problemas si no los acometemos desde ya con decisión.

Como parte de una ciudadanía comprometida, quienes integramos el Partido Animalista - PACMA asumimos el reto de provocar esa conciencia política para impulsar un giro del modelo y situación actuales, proteger el planeta y, por ende, a las personas y a los animales.

2.1. Lucha contra la crisis climática.

La crisis climática es uno de los problemas medioambientales más graves a los que se enfrenta nuestro planeta y requiere de una acción política a todos los niveles.

El Estado debe implicarse en la lucha por combatir la crisis climática y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos o la industria. Es necesario hacer de la crisis climática un eje político transversal de todas las políticas que se desarrollen.

El Partido Animalista asume de forma prioritaria en sus políticas medioambientales y de sostenibilidad la lucha para frenar los efectos de la crisis climática, basadas en dos ejes: mitigación y adaptación. Estas políticas se deben llevar a cabo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La urgencia y gravedad de la crisis climática requieren de la acción política a todos los niveles.

2.1.1. Creación de una una Ley estatal contra la crisis climática.

Debe basarse en las máximas exigencias científicas, tomando como referencia el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que explica cómo limitar la temperatura global por debajo de 1,5º C. La Ley deberá proponer un plan estratégico que alcance los máximos que plantee la Unión Europea y acorte los plazos para alcanzar una economía descarbonizada, a través de medidas ambientales en áreas como el transporte, la energía, la producción agraria, la gestión de los residuos, la industria y viviendas. Estas medidas también se centrarán en alcanzar un modelo energético 100% renovable, justo y democrático para la sociedad.

2.1.2. Sensibilización, formación y educación en materia de crisis climática.

La educación formal y no formal, así como la ciudadanía en general, deben ser destinatarios de planes de información, comunicación y educación ambiental dirigidos a informar, concienciar y capacitar para la acción y la adaptación.

2.1.3. Por un modelo energético sostenible y una minoración en el consumo.

Gran parte de la sociedad percibe la energía como un bien abundante, inocuo e ilimitado, cuando la realidad es que en España importamos más del 70% de la energía que consumimos. Somos uno de los países en los que más ha crecido la pobreza energética en los últimos años, de los más dependientes y de los que más aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea.

El actual modelo energético, basado en el uso masivo de los combustibles fósiles y la energía nuclear, es insostenible, está provocando daños irreversibles en el medioambiente y conlleva riesgos y catástrofes evitables.

Los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) producen un gran impacto ambiental por sí mismos, poseen una gran toxicidad y afectan negativamente a la crisis climática, pero también aumentan la carga ambiental de otros materiales que requieren de mucha energía, como los minerales metálicos.

Frente a los grandes retos de la crisis climática, la pobreza energética y la dependencia exterior, es cada vez más urgente que se adopten políticas activas que permitan y fomenten la transición a un modelo energético sostenible.

El Partido Animalista apuesta por avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, con una política energética que fomente las energías renovables frente a la dependencia de la fósil, manteniendo la seguridad en el abastecimiento y permitiendo la entrega de energía al consumidor a precios asequibles. El objetivo es potenciar las energías renovables como sustitutas a las fuentes energéticas fósiles y nucleares para acortar los plazos que marca la Unión Europea y que en 2030 toda la energía consumida supere el 40% de energía renovable y tratar de alcanzar que en menos de una década podamos acceder a un sistema eléctrico español 100% renovable.

Las energías renovables constituyen la única fuente de energía que, por su carácter autóctono e inagotable y su disponibilidad en muchas fuentes a coste cero en la naturaleza, puede garantizar un suministro sostenible para toda la ciudadanía.

Además, tienen un impacto socioeconómico positivo tanto en la renta nacional, por reducir las importaciones de gas y petróleo y por su creciente aportación al PIB, como en la renta disponible de los consumidores, pues generan actividad económica y empleo, y contribuyen al desarrollo de la industria y la tecnología nacionales. El cambio tecnológico que representan puede ser una oportunidad para un cambio de especialización productiva en la economía española y la generación de empleo.

Las renovables deben integrarse en el urbanismo, en la edificación y en el transporte. Apostamos por una nueva cultura de la energía en el espacio urbano, en la que todas las tecnologías renovables se complementen, con edificios de consumo de energía casi nulo, sistemas alternativos de calefacción y refrigeración, un cambio modal del transporte de mercancías hacia el ferrocarril eléctrico o la expansión de vehículos eléctricos.

A su vez, es necesario un cambio en la conciencia de la sociedad: promover la participación de la ciudadanía como motor de desarrollo y cambio hacia un modelo sostenible.

Para todo ello proponemos medidas como:

  • Introducir el conocimiento a todos los niveles en el ámbito educacional y cultural de las ventajas de las renovables y de su utilización frente a otros modelos y fuentes de energía.
  • Desarrollar campañas, actividades e iniciativas para informar, difundir y divulgar las características de las renovables y la eficiencia energética.
  • Realizar campañas de información a particulares, pymes, industrias y comercios sobre ahorro y eficiencia energética.
  • Fomentar el uso de energías renovables basadas en el autoconsumo (energía renovable auto producida y auto consumida como la forma más ecológica y responsable).
  • Eliminar las subvenciones al carbón y trabajar en la reconversión de las cuencas mineras, con la elaboración de un plan de reubicación, formación y desarrollo de habilidades laborales para las personas que pudieran resultar afectadas.
  • Promover iniciativas e impulsar políticas de apoyo que permitan superar las barreras existentes para la introducción de las renovables.
  • Promover modelos de rehabilitación integral y profunda de edificios y viviendas que reduzcan el consumo energético, que lleguen a una reducción de al menos el 70% del consumo energético de cada edificio.
  • Poner en marcha regulaciones para movilizar los fondos del Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas.
  • Fomentar que toda vivienda de nueva construcción esté integrada en un modelo sostenible, no solo de generación de energía renovable para autoconsumo, sino de uso de materiales sostenibles y naturales, diseñados para la eficiencia energética.
  • Promover el autoconsumo, la generación distribuida y comunitaria de energía fotovoltaica, eólica y la recuperación de pequeños saltos de agua.
  • Potenciar que cualquier consumidor pueda emplear paneles fotovoltaicos, sin tener que pagar un peaje por la energía producida, ni por la consumida de la propia instalación.
  • Generar valor añadido a la implantación de las renovables y la eficiencia energética para el conjunto de la ciudadanía, como con la creación de tejido industrial, empleo e impulso al I+D+i.
  • Establecer como condición para poder participar en los concursos de contratación de suministros con las administraciones públicas, que las comercializadoras vendan únicamente energía de origen renovable.
  • Remodelar las zonas urbanas hacia un incremento de zonas verdes del 30% del suelo urbano, por ejemplo tras demoliciones de edificios antiguos.
  • Recuperar las concesiones hidroeléctricas en España que hayan caducado con el objetivo de poner este patrimonio energético en manos de la sociedad y abaratar el precio de la electricidad.

2.1.4. Reducción de la contaminación del aire.

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. En nuestro país, una de cada tres personas respira aire contaminado, según los valores límite establecidos por la Unión Europea. Según los mismos estudios de ámbito europeo, más de 27.000 personas fallecen prematuramente en España debido a esta causa.

Además de los efectos nocivos para la salud humana, la contaminación también es perjudicial para los ecosistemas.

Es necesario abordar las fuentes más nocivas de contaminación del aire y de crisis climática, incluyendo la combustión de combustibles fósiles, la ganadería y la agricultura intensivas, el transporte y la calefacción residencial.

La respuesta debe darse desde diferentes ámbitos, más allá de la capacidad de las propias ciudades.

Proponemos una revisión de toda la legislación efectiva y específicas de cada sector para abordar las distintas fuentes de contaminación.

Por una movilidad sostenible: Descarbonización del transporte. Fomento y facilitación del desplazamiento peatonal, del uso del transporte público y de medios no motorizados, como la bicicleta.

PACMA apuesta por la transición de una movilidad basada en la importación de petróleo hacia otra basada en energías limpias producidas a nivel nacional.

El reciente estudio "Repostando hacia el futuro", realizado por la consultora Cambridge Econometrics en coordinación con las ONG Transport & Environment y Ecodes, ha demostrado que mejorar la eficiencia de los turismos y el uso de vehículos cero emisiones (eléctricos y de hidrógeno) no solo disminuiría las emisiones de CO2, sino que los beneficios de esa transición podrían suponer un incremento del PIB de más de tres mil millones de euros. Además, se podrían crear cerca de 25.000 empleos netos en España.

El transporte es un sector altamente contaminante y de gran impacto climático. Descarbonizarlo supone un enorme reto, pero el citado estudio demuestra que, con voluntad política, inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías, se pueden reducir emisiones y contaminación a la vez que se genera empleo y se reducen costes para el consumidor.

Apostamos por promover planes de movilidad sostenible, que faciliten y fomenten el desplazamiento peatonal; el uso del transporte público, principalmente el ferrocarril; y el uso de medios no motorizados, como la bicicleta, como medio de locomoción sostenible y saludable.

2.1.6. Ley estatal de residuos basada en la reducción y la economía circular.

En los países más avanzados de la Unión Europea se está tendiendo al residuo cero. Para ir por el mismo camino, es necesaria una ley estatal de residuos sólidos urbanos e industriales cuyo principal objetivo sea su reducción, la reutilización y el reciclaje, por este orden.

Para ello proponemos:

  • Elaborar una ley de máximos que acoja las exigencias de la Unión Europea respecto a la desaparición de los plásticos de un solo uso en 2021.
  • Revisar la Ley de Envases y Residuos de Envases (LERE) e incluir la penalización del sobreembalaje.
  • Fomentar la reutilización a través de herramientas económicas que encarezcan los envases, prohíban aquellos que dificulten su reutilización y establezcan el reembolso de un determinado importe por cada recipiente devuelto.
  • Estudiar la viabilidad económica y social de la creación de un sistema de depósito - devolución – retorno de envases que complemente a otros sistemas de gestión.
  • Instaurar un sistema de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y plantas de tratamiento para el compostaje. Dicho compostaje se destinará especialmente a recuperar las zonas quemadas y en las repoblaciones.
  • Realizar campañas de concienciación para la reducción de los residuos y el depósito selectivo en los diferentes contenedores, ayudando además en la creación de más ‘puntos limpios’ para el reciclaje de todo tipo de desechos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
  • Fomentar y facilitar la compra a granel con la reutilización de envases en todos los comercios y en especial en cooperativas y empresas de consumo responsable.
  • Prohibir la obsolescencia programada, tal como ya se lleva a cabo en Francia, ya que los objetos no tienen que estar programados para deteriorarse prematuramente, sino para durar el máximo posible y así disminuir el exceso de residuos.

2.1.7. Disminución del consumo de alimentos de origen animal.

El consumo de alimentos de origen animal, como la carne o los lácteos, es, sin duda, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global, debido no solo a las emisiones generadas por los cultivos con los que se alimenta a los animales, sino también por la fermentación que se produce en el sistema digestivo de los mismos. Es la segunda causa de emisiones de CO2 a la atmósfera, solo por detrás de las industrias energética y manufacturera, y muy por delante del transporte y emisiones de vehículos.

Según apuntan las personas expertas, no es necesario producir más alimento, hay suficiente para 7.000 y también para 9.000 millones de personas en el mundo, pero no para consumir carne todos los días. En palabras de la ONU "un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático".

Casi el 80% de los terrenos agrícolas se destinan al ganado para producir productos cárnicos y lácteos. La carga ganadera y avícola que soportan las tierras en España se traduce en problemas medioambientales de primer orden. Entre otros, toneladas anuales de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio, que, para ser eliminadas, suelen ser dispersadas en las áreas de cultivo colindantes. Esto supone una amenaza constante de contaminación para arroyos, ríos y acuíferos.

Además, existen claras evidencias sobre la relación entre el consumo de alimentos de origen animal y la tasa creciente de obesidad y enfermedades asociadas, el incremento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la amenaza a la disponibilidad del agua y su contaminación, o la degradación y deforestación del suelo.

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), institución especializada en esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó el consumo de carne roja como "probable carcinógeno para humanos" y de la carne procesada como "carcinógeno para humanos".

Por otro lado, cada vez se tiene mayor evidencia de que la resistencia a los antimicrobianos la transmiten principalmente los sistemas alimentarios y especialmente la ganadería, donde animales sanos reciben de forma masiva antibióticos cruciales para la salud humana.

Según las personas expertas, si no se toman medidas urgentes frente al fenómeno de resistencia a antibióticos, en 2050 morirán más personas por superbacterias, mutadas e inmunes a cualquier fármaco conocido, que por cáncer o por accidentes de tráfico. Actualmente, este problema ya produce la muerte de unas 2.500 personas cada año en España.

Por todo ello, es imprescindible minimizar el consumo de alimentos de origen animal. Para ello defendemos la puesta en marcha de las siguientes medidas:

  • Mayor carga impositiva, aplicando un impuesto climático a los productos de origen animal, cuyo gravamen se calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a la producción de cada alimento, y cuya recaudación se destinaría a compensar el daño climático que causa su producción.
  • Cese de las subvenciones al sector.
  • Subvenciones a los alimentos vegetales saludables y cuya producción sea más respetuosa con el medio ambiente, como frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales o algas.
  • Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las explotaciones ganaderas, más exhaustivos, estrictos y regulares.
  • Prohibición de campañas institucionales a nivel autonómico de promoción y publicidad del sector y sus productos.
  • Puesta en marcha de campañas informativas sobre los beneficios para la salud de una dieta libre de productos de origen animal, así como de campañas que muestren la situación real en la que viven los animales en las granjas, y de las consecuencias medioambientales de la ganadería intensiva.

2.2. Ley de protección de los ríos y sus ecosistemas.

El derecho al agua y al saneamiento debe ser una prioridad. Abogamos por la transición definitiva de la política de aguas en España para cumplir con los principios de sostenibilidad y la normativa europea. Además, deben contemplarse especiales medidas de adaptación a la crisis climática en las cuencas y regiones más afectadas en materia hídrica.

Proponemos:

  • Elaborar una ley estatal para la protección de nuestros ríos, sus caudales y sus ecosistemas, que garantice un abastecimiento sostenible del agua y una gestión de recursos hídricos que no se rijan por los intereses privados, y que contemplen los efectos de la crisis climática.
  • Trabajar para el cambio de las políticas hídricas anteriores basadas en el despilfarro del agua (desarrollos urbanísticos a partir de campos de golf).
  • Garantizar los caudales ecológicos mínimos en los ríos que permita la funcionalidad de los ecosistemas fluviales y que mantenga la vida en todos sus tramos.
  • Apostar por una nueva cultura del agua, para dar transparencia a los organismos públicos de las Cuencas Hidrográficas y establecer políticas integrales de ahorro del agua en el campo y en la industria, priorizar el uso ecológico del caudal de agua frente a otros usos comerciales y frenar la privatización del agua.
  • Incentivar sistemas eficientes de recogida y distribución de aguas pluviales para un aprovechamiento doméstico con fines sanitarios de las mismas, con el consecuente ahorro en el gasto de los recursos hídricos actuales.
  • Promover el fin de la privatización del agua e impulsar la vuelta a la gestión pública en aquellos municipios donde se ha privatizado la gestión durante años.

2.3. Prohibición del fracking y prospecciones petrolíferas en las costas.

El Partido Animalista se opone a la Fractura Hidráulica. Esta técnica permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca, a gran profundidad. Tras perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturarla y liberar el gas. Cuando este fluye de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión.

Este sistema se basa en la continuidad de agotar los recursos de energías fósiles que perjudican con sus emisiones al medio ambiente, produciendo con su extracción diversos daños en el subsuelo, como la contaminación de los acuíferos subterráneos, tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, o el aumento del riesgo de seísmos, e incluso daños por contaminación de terrenos en superficie.

Desde el Partido Animalista apoyaremos y presionaremos para que el Estado garantice la prohibición del fracking.

La búsqueda de nuevas bolsas de fuentes de energía no renovables (petróleo y gas natural) por parte de las multinacionales energéticas ha implantado nuevas técnicas extractivas en España con un grave impacto ambiental y social.

Proponemos:

  • Prohibir el fracking sin moratorias ni retrasos. El acceso a reservas de gas y petróleo subterráneas mediante la inyección en la roca de agua y compuestos químicos, provoca terribles daños en el subsuelo, contamina los acuíferos subterráneos, aumenta el riesgo de seísmos y puede contaminar los terrenos en superficie.
  • Paralizar las prospecciones petrolíferas y la instalación de regasificadoras, así como de los macro proyectos con impactos ambientales devastadores en la costa y con graves consecuencias ambientales en los fondos marinos.
  • Derogar las licencias concedidas ya que este modelo energético basado en el despilfarro energético y en la dependencia de los combustibles fósiles es contrario a la lucha contra la crisis climática.

2.4. Protección legal de los parques naturales y costas.

El Partido Animalista apuesta por aumentar la protección legislativa a los Parques Naturales y Costas, garantizando la conservación del patrimonio natural.

Proponemos:

  • Reformar la Ley de Parques Nacionales que deja vía libre a la explotación económica de las reservas naturales.
  • Prohibir cualquier tipo de actividad cinegética en los Parques Naturales.
  • Modificar los requisitos que deben reunir los espacios para ser considerados Parques Naturales, aumentando la superficie natural protegida.
  • Modificar de la Ley de Costas, que no resuelve la extensión de concesiones de ocupación del dominio público a 75 años.
  • Frenar la destrucción de las costas apostando por la conservación de los recursos naturales y un modelo económico de desarrollo local.

2.5. Nueva Ley del Bosque.

La Ley de Montes no soluciona el problema de la gestión ni el desarrollo rural de las zonas forestales, y permite la recalificación de los terrenos quemados, desprotegiendo los montes de utilidad pública a favor de las constructoras. Tampoco es de recibo la cesión de las competencias en exclusividad sobre la actividad cinegética a las comunidades autónomas, convirtiendo los montes en cotos de caza e impidiendo cualquier otro uso como el simple senderismo.

Por ello, proponemos elaborar una nueva y específica Ley del Bosque donde participen todos los grupos sociales que trabajan en su conservación y protección, donde prevalezca el interés general y no los intereses particulares de las empresas madereras y cinegéticas. Que ponga en valor los montes, prevenga los incendios, recupere las zonas degradadas y promueva el desarrollo de las comunidades.

2.6. Preservación de los bosques. Freno a la deforestación. Prevención y lucha contra los incendios.

Según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los bosques albergan cerca del 80% de la biodiversidad del planeta. Protegerlos es, sin duda, la mejor estrategia posible para la conservación efectiva de la misma.

Los bosques desarrollan un papel fundamental como sumideros naturales de CO2. Además, son nuestros mejores aliados para asegurar los recursos de agua dulce, por la capacidad que tienen los árboles para hacer llover. El 40% de las precipitaciones anuales provienen de la evapotranspiración, que ocurre cuando los árboles "exhalan" humedad a través de sus hojas.

Necesitamos una política forestal que ponga en valor los montes, proteja los bosques, ponga fin a la deforestación, combata la tala ilegal de árboles e impulse la reforestación; que prevenga los incendios forestales, recupere las zonas degradadas y promueva en la sociedad los valores ambientales y sociales que atesoran nuestros bosques.

Los incendios forestales son hoy uno de los principales problemas medioambientales. La mejor manera de combatirlos es evitar que se produzcan, priorizando las labores de prevención.

Para la prevención de los incendios PACMA apuesta por defender las siguientes medidas:

  • Dedicar a la prevención el doble de recursos que actualmente se están destinando a la extinción.
  • Incidir en las medidas de selvicultura preventiva, cuya finalidad es conseguir bosques con menor grado de combustibilidad. Crear más áreas cortafuegos, mediante el clareo, la poda y el desbroce, de manera que se dificulte el paso del fuego y se facilite la circulación de los equipos de extinción.
  • Intensificar los trabajos de investigación tras los incendios para determinar el origen y la autoría de los mismos.
  • Prohibir la pirotecnia y los farolillos voladores por el elevado riesgo que su uso supone en la provocación de incendios. Se realizarán campañas informativas destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre los perjuicios que entraña el uso de estos dispositivos.
  • Elaborar un plan integral de lucha contra los incendios forestales basado en la prevención durante todo el año.
  • Aumentar los recursos económicos actuales que se están destinando a la extinción.
  • No realizar recortes en personal ni en material en la lucha contra los incendios forestales.
  • Talar y triturar los árboles quemados en el propio lugar del incendio, con el objetivo de evitar la comercialización de madera quemada.
  • Prohibir de la pirotecnia, por la elevada causalidad entre su uso y la provocación de incendios, así como por el daño que provoca en los animales.
  • Exigir a las diferentes administraciones que cumplan con los derechos de acceso a la información ambiental y se hagan públicos, de forma desglosada, los presupuestos y ejecución del gasto en prevención y extinción, así como su evolución.
  • Incluir el Plan de Evacuación de Animales en Catástrofes y Emergencias en el Plan Integral de Lucha contra los Incendios.

2.7. No a las macrogranjas.

En España las macrogranjas suponen ya el 84% de las 86.641 granjas censadas. Las zonas despobladas de nuestro país se han entregado a la explotación de animales y, tal y como PACMA viene advirtiendo desde hace tiempo, nuestro país se está convirtiendo en el estercolero de Europa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dio a conocer un informe en agosto de 2018 que confirmaba que la población de cerdos en nuestro país supera ya en 3,5 millones a la de sus habitantes. Hay 50 millones de cerdos frente a los 46,5 millones de personas que viven en España.

Cataluña es ya el primer productor de carne de cerdo en Europa. El defensor del pueblo emitió un informe sobre contaminación en el que reconocía la grave problemática alrededor de la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y sus terribles consecuencias para el medio ambiente y la salud.

Los datos de los análisis llevados a cabo por la Agencia de Salud Pública de Cataluña señalaban que había 139 municipios con concentraciones elevadas de nitratos en la red de abastecimiento de agua potable, en su mayoría procedentes del purín.

Otras comunidades autónomas están dispuestas a seguir el mismo camino. En Cuenca y Guadalajara proliferan los casos de explotaciones intensivas de engorde de cerdos, subvencionadas, además, por la Junta. En Noviercas, Soria, se ha presentado el proyecto para construir la mayor explotación de vacuno de leche de toda Europa, para 20.000 vacas. En Puebla Nueva, Toledo, cuentan ya con una macrogranja que supera en un 165% el tamaño de una explotación media, albergando a 3.000 cerdos. En Pozoblanco, Córdoba, está prevista una explotación para 10.000 corderos.

Estas granjas generan cantidades ingentes de purines altamente contaminantes, con elevada presencia de nitrógeno, fósforo y potasio. Para dar una idea, solo una macrogranja prevista para Torrecillo del Rey, Cuenca, que explotará a 2.000 cerdos, tiene prevista la construcción de una cuba para almacenar tres millones de litros de purín.

Por todo ello, PACMA propondrá la adopción de medidas para frenar la proliferación de macrogranjas en nuestro país, como:

  • Limitación de autorizaciones para explotaciones ganaderas y avícolas.
  • Evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el conjunto de proyectos.
  • Requisito de presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio en todos los casos.
  • Presentación de planes de abonado en todos los casos.
  • Normativas estatales que regulen la gestión de los purines.
  • Implantación de un mayor número de controles e inspecciones de las instalaciones, más exhaustivos, estrictos y regulares.
  • Cese de las subvenciones al sector.
  • Impuesto climático a las explotaciones, cuyo gravamen se calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a su producción, y cuya recaudación se destinaría a compensar el daño climático que cause la misma.

2.8. Protección de la figura del agente medioambiental.

Más de siete mil mujeres y hombres asumen la defensa de nuestro medio ambiente y patrimonio natural y la tarea de preservarlo para el futuro. Muchas veces se enfrentan a situaciones adversas en las que pueden sentirse desprotegidos.

Desde el Partido Animalista consideramos que su labor es esencial, y por ello apoyamos sus reivindicaciones desde la defensa de su actividad profesional. Apoyamos la figura del agente medioambiental y su reconocimiento, a todos los efectos, como Agente de la Autoridad y Policía del Medio Natural.

  • Fomento del trabajo en parejas (binomio de agentes), por seguridad.
  • Aumento de la plantilla mediante la convocatoria de oferta de empleo público.
  • Mejora de las condiciones laborales en los centros de trabajo, de acuerdo a la normativa vigente en prevención de riesgos laborales.
  • Dotación de medios materiales suficientes para ejercer su actividad laboral (helicópteros para vigilancia, embarcaciones, vehículos, equipos de investigación…).
  • Mantenimiento, impulso y consolidación de sus funciones en gestión medioambiental.
  • Recuperación y/o creación de las brigadas especializadas de investigación de incendios.

2.9. Restricción a los productos químicos. Prohibición del glifosato y fomento de la producción ecológica.

La contaminación química es otro de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo y las políticas estatales deben ayudar tanto a reducirla como a disminuir la exposición de la población y del resto de seres vivos a estas sustancias.

Algunas de estas sustancias resultan especialmente peligrosas, como los compuestos orgánicos persistentes, los metales pesados o los alteradores hormonales. Estos últimos se encuentran en plaguicidas, plásticos, cosméticos, productos de higiene y otros artículos de uso cotidiano. Otras sustancias, como los neonicotinoides, acaban con las abejas y otros insectos, imprescindibles para la polinización.

A pesar de haber sido declarado por la OMS como “probablemente cancerígeno”, uno de los herbicidas más utilizados es el glifosato. Se sospecha que también actúa como disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción. Sin embargo, en España hay más de 100 productos autorizados, destinados a la agricultura, silvicultura, jardinería y aplicación doméstica que lo contienen.

Miles de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras son rociadas cada año con glifosato. Este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Se encuentra, por tanto, en lo que comemos y en el agua que bebemos.

El Partido Animalista propone prohibir el uso del glifosato, así como el de otros herbicidas y plaguicidas peligrosos.

En contrapartida, queremos fomentar y apoyar la producción ecológica, como sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales.

A pesar de que la industria química haya pretendido convencernos de que no es posible mantener la agricultura sin recurrir a fertilizantes, herbicidas y plaguicidas sintéticos, la agricultura ecológica demuestra cada día que sí es posible, convirtiéndose en la mejor opción para proteger nuestra salud y el medio ambiente, generando también empleo verde de manera creciente.

Además, las técnicas utilizadas en la agricultura, silvicultura y jardinería ecológicas para controlar las plantas espontáneas (rotación de cultivos, eliminación manual y mecánica o acolchados), constituyen una fuente de alimento diverso para especies polinizadoras como las abejas, y son refugio de especies que ayudan a controlar las potenciales plagas de insectos que afectan a los propios cultivos.

El Partido Animalista - PACMA pretende desarrollar un modelo agrícola sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y que asegure el bienestar de los animales. Para conseguirlo, debe primar la rentabilidad de los suelos productivos, con una adecuada gestión del agua y donde se garanticen unas condiciones de trabajo justas para las personas que trabajan en la agricultura.

Proponemos:

  • Defender una agricultura al servicio de los ciudadanos, en la que se favorezcan las explotaciones agrícolas frente a los grandes latifundios, y que permita recuperar los espacios rurales tradicionales. Asumimos los principios básicos de la soberanía alimentaria como forma de avanzar en un modelo sostenible, ecológico, respetuoso con el medio ambiente, los animales y que dinamice las economías locales.
  • Apoyar la creación de cooperativas agrarias, programas de empleo activo y de canales de comercialización de productos agrarios no controlados por las multinacionales alimentarias.
  • Reconvertir el mayor número de explotaciones agrarias a sistemas de producción agrarios ecológicos en todas sus variantes y la creación de canales de distribución de estos productos en todo el tejido comercial.
  • Exigir una revisión científica de las recomendaciones actuales sobre fertilizantes, pesticidas, antibióticos y otros productos.
  • Proteger las abejas e insectos de los pesticidas.
  • Crear bancos de semillas autóctonas y tradicionales de acceso público, con el objetivo de acabar con el control de las multinacionales agrarias.

2.10. Gestión de los productos químicos peligrosos, residuos radiactivos y prohibición del poliestireno.

La contaminación química es uno de los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo y asumir determinadas estrategias políticas puede ayudar a disminuir la exposición de la población y el resto de seres vivos a estas sustancias.

Proponemos:

  • Prohibir la producción y comercialización del poliestireno expandido, actualmente de utilización masiva. Este producto no se recicla y es un peligroso contaminante que afecta sobre todo a ecosistemas marinos.

2.11. En defensa de la agricultura.

Apostamos por la defensa y el apoyo a la agricultura, en contraposición a las millonarias subvenciones que se conceden actualmente a la ganadería y a la pesca.

Desde el Partido Animalista apostamos por el desarrollo de la agricultura local, orientada a la comercialización de ámbito comarcal. El sector agrícola vinculado a los productos locales ofrece una gran oportunidad para el crecimiento económico.

Defendemos una agricultura al servicio de toda la ciudadanía, en la que se favorezcan las explotaciones agrícolas frente a los grandes latifundios, y que permita recuperar los espacios rurales tradicionales.

Apoyamos los principios básicos de la soberanía alimentaria, que coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica, como forma de avanzar hacia un modelo sostenible, ecológico, respetuoso con el medio ambiente y los animales, garante de alimento de calidad para todas las personas, que dinamice las economías locales.

Deben ponerse en marcha medidas para garantizar el futuro de la agricultura, como el impulso de la innovación, la formación y la puesta en marcha de ayudas a la inversión.

El Partido Animalista aboga por impulsar una negociación efectiva entre los sectores implicados para fijar unos márgenes de precios mínimos que permitan la subsistencia del sector. De esta manera podremos dar los pasos necesarios para desarrollar un sector agrícola competitivo, sostenible y ético.

En particular, defendemos las siguientes medidas:

  • Fomentar las subvenciones a la agricultura en detrimento de las que recibe la ganadería.
  • Impulsar la formación a través de cursos de especialización y de formación profesional agrícola.
  • Facilitar medidas de apoyo técnico a los/as profesionales del sector.
  • Poner en marcha medidas de apoyo para el almacenamiento, la conservación y transformación de los productos hortofrutícolas.
  • Garantizar una mayor transparencia en la comercialización de los productos agrícolas, con un aumento en el grado de participación del sector en el proceso.
  • Creación de un Observatorio de precios y mercados.
  • Revitalizar los suelos de uso agrícola perjudicados por la actividad industrial.
  • Incentivar el consumo de producto local, evitando costes de transporte y perjuicios al medio ambiente.
  • Implementar que los servicios de bares, cafeterías, restaurantes y comedores de dependencias públicas sean abastecidos por productos locales, procedentes preferentemente de la agricultura ecológica.
  • Apoyar y subvencionar las energías renovables en las que se sustenten los sistemas de riego inteligentes de presión y caudal constante, que ahorran agua, son más eficientes y ecológicos.

2.12. Ley de movilidad sostenible y transporte.

El Partido Animalista - PACMA defiende un modelo de transporte que responda a las necesidades sociales con los mínimos impactos medioambientales. Siguiendo esa premisa, tendremos en cuenta las propuestas que Ecologistas en Acción ha presentado a todos los partidos políticos para las Elecciones Generales del 28 de abril, en relación con el transporte y la movilidad, que son las siguientes:

  • Moratoria a la construcción de nuevas autovías, autopistas, aeropuertos y vías ferroviarias de alta velocidad (AVE). Cerrar o reconvertir infraestructuras innecesarias o redundantes. Con los recursos que se liberen es necesario incrementar las inversiones en las cercanías, la red convencional ferroviaria, los carriles bus e infraestructuras ciclistas.
  • Incremento de los impuestos relacionados con los vehículos para que contribuyan a la mejora de la calidad del aire y la lucha contra la crisis climática: un impuesto de matriculación del que solo estén exentos los vehículos Cero Emisiones, un impuesto de circulación que incluya criterios ambientales (emisiones NOx y de CO2), elevar el impuesto de hidrocarburos para el diésel y la gasolina, así como aumentar su cuantía general. La subida de los impuestos debe estar unida a mejoras sociales para que no se vean más afectadas las clases más empobrecidas.
  • Aprobar una Ley estatal de Movilidad Sostenible que reduzca la necesidad de movilidad, garantice el establecimiento de una fiscalidad con criterios ecológicos de los diversos medios de transporte y que permita una financiación adecuada de los transportes públicos, las infraestructuras ciclistas y las mejoras dirigidas a crear poblaciones más amables para el peatón y la bicicleta. Dicha ley debe obligar a los ayuntamientos o entidades supramunicipales a crear, o en su caso adaptar, sus planes de movilidad para que en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte se hayan reducido, al menos, a la mitad.

Además, proponemos:

  • Apostar por una política de transportes que tenga como objetivo reducir el número de vehículos circulando en las carreteras, con un modelo de transporte multimodal e integral donde todos los medios de transporte tengan su papel y estén coordinados.
  • Incrementar el transporte de mercancías en tren.
  • Elaborar planes de fomento de la movilidad no motorizada y, en el caso de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público.
  • Fomentar los planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista regional y local.
  • Promover los medios de transporte más limpios y eficientes, ajustados a la demanda real, fomentando los sistemas integrados de transporte público metropolitano.
  • Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal, y los puntos de recarga con energía limpias y autoconsumo.
  • Desarrollar los medios de mayor capacidad, como los ferroviarios, cuando la densidad de población lo justifique.
  • Poner a los peatones en el centro de unas políticas que hagan más seguros y accesibles los trayectos a pie y que generan ciudades como verdaderos espacios para la vida saludable. Es necesario regular la masificación del turismo en los cascos históricos de las ciudades, evitando que los servicios turísticos desplacen a los vecinos de sus hogares y de sus espacios vitales. Se deben defender los espacios públicos inclusivos y en constante adaptación, donde primen los intereses vecinales. Las ciudades deben convertirse en espacios amables y seguros para niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, y para ellos deben legislar y gestionar pensando en sus intereses.

2.13. Impulso de las políticas comerciales basadas en la justicia ambiental y social.

Apostamos por combatir el incremento desmesurado del transporte de mercancías, la deslocalización de la producción, la especulación y, en definitiva, un comercio al servicio de los mercados y no de las personas ni de la naturaleza, con medidas que sitúen la justicia ambiental y social en el centro de las políticas comerciales con el resto de países. Nos oponemos al TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EE.UU), ya que ahondará en la liberalización de los servicios públicos, impidiendo las gestiones de manera pública y amenazará el desarrollo de legislaciones ambientales, como la prohibición del fracking o de transgénicos, pues las transnacionales podrían presentar denuncias ante instituciones de arbitraje, lo que redundaría en una grave pérdida de soberanía, derechos laborales y perjuicio para las condiciones de los animales en las explotaciones.

2.14. Turismo sostenible y respetuoso con los espacios naturales, el medio ambiente y los animales, con las ciudades y sus vecinos.

Disponemos de un patrimonio cultural y natural, así como de recursos suficientes, para promover un turismo de calidad, sostenible y respetuoso con los espacios naturales, el medio ambiente y los animales, con las ciudades y sus vecinos, y que además no tenga que estar ligado necesariamente a la estacionalidad.

PACMA propone:

  • Elaboración de planes de turismo sostenible y respetuoso.
  • Puesta en marcha de observatorios de turismo y sostenibilidad.
  • Retirada de las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico a todos aquellos eventos en los que se utilicen animales.
  • Fomento de la labor de las empresas públicas que gestionan el turismo en cada comunidad autónoma, basando la oferta en la promoción de un turismo sostenible y respetuoso, con las ciudades y sus vecinos, los espacios naturales y los animales.
  • Potenciación de la actividad turística sostenible.
  • Realización de trabajos de investigación, estadística y asesoramiento en turismo sostenible y respetuoso.
  • Análisis de nuevos productos y mercados sostenibles.
  • Producción y distribución de información turística con criterios éticos de sostenibilidad.

2.15. Fiscalidad sostenible.

A pesar de la existencia de numerosos instrumentos económicos y fiscales reconocidos por las instituciones y los expertos como herramientas eficaces de política ambiental, no han sido aplicados ampliamente.

Proponemos:

  • Desarrollar un modelo de fiscalidad verde que desplace la presión fiscal hacia el consumo de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente.
  • Penalizar la contaminación para fomentar los comportamientos ambientalmente responsables.

2.16. Impulso y apoyo al mundo rural.

Es necesario visibilizar el abandono y dejadez que vienen sufriendo desde hace décadas las áreas rurales y articular políticas que recuperen e impulsen la vida de las personas y los territorios con las particularidades e idiosincrasia propias de cada zona. Las áreas rurales son fundamentales en la gestión de los espacios naturales, los sistemas alimentarios, la biodiversidad, etc. y por ello precisan de un plan para frenar la despoblación, la falta de sostenibilidad económica y además resolver la desigualdad de género que tan presente está en el medio rural. La juventud también es un sector de la población rural que precisa una atención especial por la falta de oportunidades que encuentran. En este aspecto hay que impulsar oportunidades dirigidas a los jóvenes que contribuyan a la sostenibilidad de estas áreas.

2.17. Protección frente a la contaminación acústica. Prohibición de los artificios pirotécnicos.

La contaminación acústica puede provocar efectos muy negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas, y también de la de los animales.

Proponemos el control y la regulación de la contaminación acústica, protegiendo nuestra calidad de vida, estableciendo niveles óptimos de confort acústico, de manera que el ruido no resulte pernicioso para el descanso y la comunicación.

Para ello, se deben tratar de eliminar, en la medida de lo posible, las fuentes molestas que producen el ruido, controlar la producción del mismo en el origen o llevar a cabo su reducción con medidas en el entorno.

En particular, desde el Partido Animalista consideramos necesario prohibir los artificios pirotécnicos (petardos, fuegos artificiales, cohetes, …). Las explosiones de estos elementos afectan muy negativamente, sobre todo a personas mayores, niños y niñas, y animales.

En los animales puede provocar miedo, temblores, taquicardia, aturdimiento, falta de aire, náuseas e incluso la muerte.

Por otro lado, estudios como el liderado por los investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), publicado por la revista científica Journal of Hazardous Materials, nos advierten de que muchas de las partículas metalíferas que contiene el humo de los fuegos artificiales son bio-reactivas y pueden afectar la salud humana, con efectos más agudos en personas con antecedentes de asma o problemas cardiovasculares.

Además, en zonas cercanas a espacios naturales, los espectáculos pirotécnicos tienen otros impactos negativos. Por un lado, suponen una fuente de estrés para la fauna silvestre, pero también, como apuntábamos anteriormente, constituyen un grave riesgo de incendios forestales.

2.18. Políticas efectivas de educación ambiental.

La educación ambiental debe ser un pilar fundamental de toda la gestión ambiental. Está reconocida internacionalmente como un elemento esencial para cumplir los principales retos que las sociedades afrontan en el siglo XXI, incluida entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

En cuanto al sistema educativo formal, debemos garantizar que todos los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover un desarrollo sostenible. Además de crear una materia relacionada con la Educación Ambiental y los ODS, es necesario formar al profesorado en educación ambiental, de manera puedan trasladar estos conocimientos al currículo educativo de forma transversal.

Es ineludible fomentar un acercamiento cognitivo y afectivo hacia la naturaleza y el medio ambiente, presentando las diferentes problemáticas actuales, y trabajando habilidades y actitudes dirigidas a entenderlas y solventarlas, teniendo en cuenta la perspectiva de lo previsto por el Acuerdo de París, en cuanto a la cooperación en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre la crisis climática.

Por otro lado, existe una falta de reconocimiento de la figura del educador/a ambiental, que trabaja en los espacios y parques naturales, cuando su papel es fundamental para la puesta en valor y conservación de estos espacios. Los educadores/as ambientales ofrecen un enfoque multidisciplinar sobre los recursos y la problemática ambiental. Además, su labor es muy importante en áreas como la sensibilización, comunicación y educación ambiental, difundiendo y enseñando valores de respeto hacia el medio ambiente, el fomento del desarrollo personal de los participantes en materia ambiental y la potenciación de unos comportamientos adecuados con los recursos naturales y el medio ambiente.

Por todo ello, es necesario acabar con la precariedad laboral de los educadores ambientales, dotándoles de mejores condiciones laborales, medios materiales adecuados para el desarrollo de su trabajo, así como el mantenimiento, impulso y consolidación de sus funciones en la gestión medioambiental.

2.19. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Es necesario el compromiso de que en toda política de ámbito ambiental estén presentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como un marco a través del cual articular medidas encaminadas a la sostenibilidad y la justicia social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un compromiso irrenunciable de la comunidad internacional que deben implementarse desde todos los ámbitos de la política.

3. Nuestro compromiso con la justicia social

El concepto de justicia social se refiere a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con justicia social todas las personas deben poder disfrutar y acceder a una serie de bienes básicos, y las más desfavorecidas deben contar con oportunidades de desarrollo.

La justicia social fomenta la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, de género, el desarrollo, el pleno empleo, la igualdad y el bienestar social.

El Partido Animalista – PACMA considera fundamental el compromiso de las administraciones públicas para compensar las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Por eso, apostamos más allá de la igualdad, por la equidad, teniendo en cuenta las circunstancias particulares.

Proponemos políticas de equidad social que erradiquen la pobreza, la discriminación y todas las cuestiones que pueden agrandar la distancia y las diferencias entre las personas. Políticas que garanticen y hagan accesibles y asequibles los bienes y suministros básicos, la vivienda, la sanidad y la educación para toda la ciudadanía, que promuevan el pleno empleo y la igualdad.

El objetivo final es alcanzar una mayor inclusión de todas las personas para elevar su estándar de vida, hasta alcanzar un verdadero bienestar social para todas.

3.1. Acceso a bienes y suministros básicos.

3.1.1. Alimentación.

Es imprescindible garantizar una alimentación para todas las personas.

Proponemos la puesta en marcha de políticas, en colaboración con las comunidades autónomas, que prevean economatos sociales y el establecimiento de acuerdos con los comercios locales para garantizar el acceso a productos de alimentación con precios bonificados en función de la renta disponible.

Otra de nuestras propuestas es que se destinen fondos a las las comunidades autónomas para que impulsen la creación de programas de huertos urbanos ecológicos, destinados a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social, como una manera de garantizar, mediante la autogestión de esos huertos, una canasta básica de productos alimenticios y/o como ayuda para disponer de productos frescos de temporada.

3.1.2. Agua y energía.

A pesar de que el acceso al agua, junto al saneamiento, es considerado por la Asamblea General de la ONU y por el Consejo de Derechos Humanos, como derecho humano, aún no es accesible para toda la ciudadanía.

Desde PACMA defendemos que se garantice el acceso a estos servicios a las personas en situación de vulnerabilidad.

Para ello, proponemos que se impulsen convenios con las compañías suministradoras de estos servicios, con medidas como:

  • El establecimiento de un precio social en los suministros básicos para los hogares con poder adquisitivo reducido y familias o personas en riesgo de exclusión social.
  • El establecimiento de un mínimo vital de agua de determinados metros cúbicos por persona y mes, sin coste para los usuarios/as que se encuentren en situación de exclusión social o insolvencia económica, acreditada ante los servicios sociales.

También consideramos conveniente impulsar y desarrollar fórmulas de cooperativas de consumo.

3.1.3. Garantía de ingresos mínimos.

En España, una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que sufren carencias severas y/o no disponen de ingresos suficientes para desarrollar una vida digna. Por otro lado, las políticas de protección social que apoyan a las personas más vulnerables sufrieron recortes en los años de crisis económica. No somos indiferentes al drama social que viven millones de personas.

Por ello, proponemos:

  • Garantizar unos ingresos mínimos a todos los hogares que lo necesiten, estableciendo como referencia el nivel de la Renta Mínima de Inserción (RMI) del País Vasco; estos ingresos mínimos los recibirían tanto las personas que no tienen ingresos como quienes tienen otras fuentes de ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades básicas.

3.2. Protección y promoción de la salud.

Siguiendo la definición presentada por la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, el Partido Animalista apuesta por la promoción de la salud en toda su dimensión, como sistema que promueve la adquisición y el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y actitudes necesarios para que las personas participen de manera responsable en el cuidado de la salud, tanto a nivel individual como colectivo, mediante actividades de educación, de comunicación y de participación social.

Las áreas de acción pasan por construir políticas públicas saludables, reorientar los servicios de salud y reforzar la acción comunitaria.

3.2.1. Por una sanidad pública, universal y de calidad.

Defendemos un uso eficiente de la sanidad, que garantice la cobertura sanitaria a toda persona que lo necesite.

Los continuos recortes de los últimos años han perjudicado seriamente la calidad de la sanidad pública, poniendo en jaque el acceso universal de las personas a los servicios sanitarios. La reducción del personal sanitario, el cierre de plantas en hospitales, la reducción del número de camas o el aumento de los tiempos de espera para consultas, pruebas y/o intervenciones quirúrgicas, son solo algunas de las consecuencias.

Consideramos que deben tomarse medidas urgentes, en colaboración con las Comunidades Autónomas, para corregir esta situación y que deben priorizarse las siguientes propuestas:

  • Recuperar los recursos recortados.
  • Reintegrar al sistema sanitario público los servicios privatizados.
  • Analizar la situación actual de las infraestructuras sanitarias y evaluar las necesidades para la mejora de la calidad asistencial.
  • Poner en marcha números gratuitos de información sanitaria.
  • Elaborar y poner en marcha planes de atención sanitaria domiciliaria.
  • Elaborar planes de mejora de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
  • Actualizar los planes de contingencia ante posibles epidemias.

3.2.2. Oposición al copago.

Un sistema de salud pública, por definición, debe garantizar una sanidad de calidad y sin costes adicionales para una ciudadanía que ya la financia a través de sus impuestos y con el porcentaje de sus salarios destinados a la Seguridad Social.

Tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la práctica del copago, a la larga, termina suponiendo un mayor gasto sanitario, a la vez que perjudica la salud de la población, pues la disuade de utilizar los servicios sanitarios, sobre todo a la más desfavorecida, acrecentando por tanto las desigualdades.

3.2.3. Promoción y educación para la salud.

Impulsaremos que se desarrollen campañas que promuevan el conocimiento, las aptitudes y actitudes necesarias en las personas para el cuidado de la salud mediante actividades educativas, comunicativas y de participación social, que fomenten hábitos saludables. Es algo que redundará en beneficio de la salud de la ciudadanía y, por ende, reducirá el gasto sanitario.

En estas campañas se ofrecerá información sobre cuestiones de salubridad, se darán recomendaciones sobre alimentación y ejercicio físico para mejorar la calidad de vida, pero, sobre todo, se tratará de implementar en el conjunto de la población hábitos capaces de modificar aquellos comportamientos perjudiciales para su salud.

Consideramos importante priorizar la promoción de hábitos de vida saludables desde una edad temprana, y concienciar a su vez a la población adulta, a través de los niños y niñas, sobre la importancia para la salud de unos hábitos alimentarios adecuados.

3.2.4. Convocatoria de plazas de dietistas-nutricionistas en hospitales y centros de salud.

Pese a que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 reconoce a la dietética-nutrición como una profesión sanitaria titulada, al igual que la enfermería o fisioterapia, España es el único país de Europa que apenas cuenta con estos profesionales en su sistema público de salud. Actualmente, en Atención Primaria no hay ni una sola plaza pública para nutricionista en todo el país, mientras que apenas hay dos o tres autonomías que cuentan con alguna en hospitales.

Esto implica, además, que el sistema universitario español está invirtiendo unos recursos económicos en formación, que posteriormente son aprovechados por otros países o por el ámbito privado.

Desde PACMA reivindicamos una mayor presencia de la figura del dietista-nutricionista en el Sistema Nacional de Salud. En los hospitales deberían existir unidades de nutrición y dietética que, entre otras tareas, revisen el manual de dietas del centro y establezcan la atención personalizada que necesitan determinados pacientes.

La figura del nutricionista no solo ayuda a evaluar y realizar un diagnóstico nutricional, intervenir y asegurar la adherencia al tratamiento o monitorizar adecuadamente el estado nutricional, sino que también previene la desnutrición hospitalaria que, según algunos estudios recientes, está aumentado en los hospitales españoles.

Todo esto redundaría en una mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Diferentes estudios, como el recientemente publicado para la Dutch Association of Dietitians de Alemania, reflejan las ventajas económicas de incorporar dietistas-nutricionistas a la sanidad pública. La citada investigación concluye que la incorporación de los tratamientos ofrecidos por dietistas no solo mejora la salud y calidad de vida de los pacientes, sino que, por cada euro invertido se ahorran cuatro en otros cuidados de la salud.

3.2.5. Salud laboral.

Los accidentes y las enfermedades laborales son evitables si se adopta una adecuada política de prevención.

La inclusión de la salud laboral en los convenios colectivos es fundamental para la salud de los trabajadores. Si nos fijamos en los países con una mejor salud laboral tienen, por un lado, un sólido marco normativo y reglamentario sobre esta materia, un amplio y experto cuerpo de inspectores públicos para examinar su observancia y sancionar su incumplimiento, en su caso, pero también una importante tradición de diálogo y negociación entre empresas y sindicatos.

Por ello, es necesario desde las administraciones públicas fomentar y favorecer el diálogo y la negociación colectiva en torno a la salud laboral entre empresarios/as y sindicatos, así como difundir las buenas prácticas.

Apostamos por la puesta en marcha de una intensa actividad negociadora en el ámbito autonómico para la consecución de acuerdos que desarrollen y complementen el marco normativo nacional, así como de la ampliación de las competencias de los delegados y delegadas y miembros de los comités de prevención de riesgos laborales en las empresas, dotándoles de las herramientas necesarias que faciliten su labor.

3.2.6. Planes de salud mental.

Defendemos la necesidad de que desde el Ministerio de Sanidad se desarrollen e implanten planes de salud mental, estableciendo propuestas de acciones y objetivos determinados que permitan una mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y de sus familias.

Entre sus objetivos deben incluirse:

  • Puesta en marcha de estrategias de prevención.
  • Fortalecimiento de los sistemas de información.
  • Promoción de las investigaciones sobre salud mental.
  • Proporción en el ámbito comunitario de servicios de asistencia social y de salud mental completos, integrados y con la capacidad de respuesta necesaria.

En particular, consideramos fundamental el desarrollo de planes de prevención del suicidio.

Se trata de un problema que supone la primera causa de muerte entre los 15 y 34 años en España, con diez fallecidos al día. En 2016 fueron 3.569 personas las que murieron por esta causa, el doble que en accidentes de tráfico.

Queremos que exista un compromiso para abordar y afrontar este problema, concienciando acerca del suicidio como un problema de salud pública, que va más allá de la atención sanitaria, siendo necesario ofrecer una respuesta integral, con estrategias complementarias en otros ámbitos, como el educativo.

Entre las medidas que se deberían implementar, proponemos:

  • Mejora y ampliación del conocimiento de la ciudadanía sobre el suicidio.
  • Lucha contra la estigmatización de los problemas relacionados con la salud mental.
  • Estrategias para la detección y atención del bullying y ciberbullying.
  • Programas para la detección precoz de la depresión y del riesgo suicida, prestando especial atención a las víctimas de violencia machista, sus hijos e hijas, a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo, a las personas mayores, a las que no tienen hogar y a las que se encuentren en situación de cumplimiento penitenciario.
  • Acciones formativas dirigidas a mejorar la detección del suicidio para profesionales de los diferentes sectores: sanitario, educativo, servicios sociales, policía, etc.
  • Mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental.
  • Mantenimiento y mejora de la continuidad asistencial a las personas con conductas suicidas y supervivientes del suicidio.

3.2.7. Salud bucodental.

España tiene, junto a Rumanía y Turquía, la peor salud bucodental de Europa. Es la gran olvidada de la sanidad pública española. La atención bucodental se encuentra en gran parte en manos del sector privado, convirtiendo a la odontología en un lujo en nuestro país.

Según analiza la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral, la atención que el Sistema Nacional de Salud ofrece a los dientes en España es parcial y desigual en las diferentes comunidades autónomas. La caries dental, que es la enfermedad reconocida como más prevalente en el ser humano, no tiene amparo en el sistema público más que para los más jóvenes y solo parcialmente.

Las afecciones en la boca y la falta de piezas agravan patologías como la diabetes o los problemas cardiacos, lo que a la larga supone un coste superior al sistema sanitario.

Defendemos una atención bucodental gratuita, con una asistencia dental básica para todas las personas; un sistema terapéutico y preventivo para los niños y niñas y adolescentes, al menos hasta los 18 años, así como para las personas en situación de vulnerabilidad, con la financiación de los elementos básicos para los pacientes a los que les suponga una mejora en su calidad de vida.

3.2.8. Prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual

Para prevenir los embarazos indeseados y garantizar una sexualidad libre y segura, que evite las enfermedades de transmisión sexual y permita a toda la ciudadanía tener una sexualidad libre, proponemos el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos para las personas con bajos ingreso y/o estudiantes.

3.2.9. Cooperación internacional para la investigación y el desarrollo de curas para enfermedades mortales en países en vías de desarrollo.

Consideramos fundamental apoyar la propuesta de Academics Stand Against Poverty para la creación de un fondo internacional para compensar a las empresas farmacéuticas el costo de investigación y desarrollo de los medicamentos para curar enfermedades que afectan a países en vías de desarrollo, como por ejemplo la malaria o el ébola.

3.2.10. Despenalización de la eutanasia y del suicidio medicamente asistido

Las últimas encuestas aseguran que el 85% de la población española está a favor de regular la eutanasia y de que la legislación reconozca el derecho a morir dignamente.

En PACMA proponemos la despenalización de la eutanasia y el suicidio medicamente asistido con la modificación del artículo 143 del código penal, así como trabajar en la redacción de una ley que regule la muerte digna.

3.3. Educación y cultura para todos y todas.

Garantizar el acceso a la educación y a la cultura es fundamental para formar una ciudadanía crítica, facilitar el empleo en igualdad de oportunidades y mejorar nuestro modelo de sociedad.

El Partido Animalista apuesta por el talento de la población con programas destinados a favorecer el desarrollo de sus capacidades, a la vez que se incentiva el tejido empresarial para evitar la emigración a otros países ante la falta de expectativas laborales.

3.3.1. Por una educación pública y de calidad

La educación pública de calidad es un derecho de todos y todas, imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. Es necesaria una educación pública orientada a la profesionalización, que permita a nuestra juventud mejorar sus perspectivas de futuro y aprovechar al máximo sus talentos.

En los últimos años hemos visto un progresivo desmantelamiento de la Educación Pública, con continuos recortes, reducción de las becas y subida de las tasas universitarias. Esta no es la solución a la crisis económica que vivimos, sino que hace que la recuperación sea aún más lenta y la salida más complicada.

Desde el Partido Animalista defendemos la puesta en marcha de las siguientes medidas:

  • Aumento de los fondos destinados a becas en todo el tramo educativo.
  • Asignación de plazas públicas suficientes para niños y niñas de 0 a 3 años.
  • Gratuidad y libre acceso a libros de texto en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Defendemos la puesta en marcha de un proyecto estatal, en colaboración con las comunidades autónomas, para la elaboración de libros de texto con licencia copyleft, de distribución y copia libre.
  • Transporte y menú escolar gratuito para los niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad.
  • Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por profesor/a en todo el tramo educativo para alcanzar una verdadera educación de calidad, con la suficiente atención personalizada al alumnado y una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.
  • Desarrollo de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, atractivas y adaptadas a la sociedad de hoy en día, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
  • Fomento de una formación integral, diversificada e intercultural.
  • Garantía de desarrollo de una escuela pública realmente laica.
  • Disponibilidad de opciones de alimentación sin productos de origen animal en todos los comedores de los centros educativos, así como otras opciones de menú relacionadas con cuestiones éticas y de salud.
  • Apoyo a la labor de las bibliotecas para garantizar el acceso a la cultura.
  • Creación de un plan de acción en la investigación civil en las Universidades y centros de investigación.
  • Garantía los derechos laborales de los profesores interinos para que no se produzcan situaciones de precariedad e inseguridad laboral, evitando el contrato y despido continuo de este grupo de docentes.
3.3.1.1. Promoción de la excelencia y el desarrollo del talento.

En el Partido Animalista creemos en la promoción de la excelencia y el desarrollo del talento, a través del fomento de la lectura y de la educación artística desde la educación primaria.

Es necesaria la implantación en los colegios e institutos de métodos pedagógicos integrales adecuados a las necesidades actuales, basados en el aprendizaje cooperativo, la detección y potenciación de las inteligencias múltiples, la creatividad y la innovación, la educación emocional, así como la no directividad, para garantizar la plena autonomía y excelencia de la diversidad del alumnado.

Proponemos la puesta en marcha de actividades extraescolares de calidad que promuevan el desarrollo de las diferentes capacidades y talentos de los niños y niñas y jóvenes y la creación de centros de desarrollo del talento destinados a localizar, promover y desarrollar en la juventud sus capacidades en ámbitos que ahora se encuentran marginados, o en un segundo plano, dentro de los programas educativos, ya sea en la realización de actividades artísticas, deportivas, científicas o de otra índole.

3.3.1.2. Prevención e integración social.

La prevención es fundamental en el ámbito educativo, pues permite detectar problemas, averiguar sus causas, intervenir cuando sea necesario y paliar las consecuencias negativas.

Para lograr la integración educativa de todos los alumnos es necesaria una educación inclusiva, mediante un aprendizaje personalizado, orientado al grupo, pero atendiendo a las necesidades individuales de aprendizaje, habilidades y niveles de competencia de cada alumno/a.

El Partido Animalista propone las siguientes medidas en el ámbito de la prevención y la integración social en los centros educativos:

  • Medidas para garantizar la atención temprana a menores con discapacidad y sus familias, destinando recursos a la detección precoz, el diagnóstico y la atención de trastornos del desarrollo o situaciones de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años de edad.
  • El modelo educativo debe ser inclusivo y buscar la escolarización en centros ordinarios de todos los niños y niñas.
  • Promoción de la detección precoz del maltrato infantil, el acoso escolar, y la discriminación en el ámbito escolar, a través de la creación de equipos multidisciplinares. Sus funciones, entre otras, serán el asesoramiento y la información/formación a los/las profesionales que trabajan con niños y niñas y adolescentes, bien sea a través de talleres o jornadas o cualquier otra modalidad formativa.
  • Lucha efectiva contra el absentismo y el abandono escolar a través de la implantación de programas específicos.
  • Ampliación del servicio de orientación de los centros de secundaria públicos con plazas de psicología y pedagogía.
  • Implantación de programas de mediación intercultural.
3.3.1.3. Educación en valores.

La educación en valores va mucho más allá de la enseñanza de materias relacionadas con el funcionamiento de las sociedades y la naturaleza. Si estas nos explican el qué y el cómo, la educación en valores nos descubre el para qué.

Se trata del conjunto de estrategias y dinámicas de relaciones, con el objetivo de formar en civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la igualdad.

La educación en valores debe ser un objetivo transversal en todo el sistema educativo, impactando no solo en el currículum establecido, sino también en la cultura escolar y en todos los actores que forman parte de ella.

PACMA propone en este ámbito la adopción de al menos las siguientes medidas:

  • Inclusión del respeto y la empatía hacia los animales en los objetivos educativos transversales de todas las etapas de enseñanza obligatoria.
  • Promoción en los sistemas educativos de la participación de los/las estudiantes en el desarrollo y cambio de la ciudadanía hacia un modelo sostenible.
  • Implantación de programas específicos que desarrollen la corresponsabilidad y el reparto equitativo de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares a fin de fomentar y educar desde la infancia en la igualdad de género.
  • Revisión de los planes de estudio y libros de texto con la finalidad de revertir la escasa presencia de mujeres en los materiales educativos e incluir como referentes formativos a las mujeres relevantes de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía y demás materias.
  • Desarrollo de planes de educación en los centros que den acceso a formación e información sobre la diversidad sexual, de género y familiar.
  • Enfoque de la educación sexual no solo respecto a la prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, sino también en su esfera emocional y afectiva.
  • Promoción del voluntariado como herramienta para potenciar la empatía y la solidaridad en la juventud. Establecer convenios con todas las entidades sociales, culturales, ambientales y animalistas para hacer extensivo el programa que garantice que el alumnado de secundaria participe en servicios de voluntariado, con el aprendizaje de educación en valores que esto conlleva.
  • Formación del profesorado en las materias descritas.
3.3.1.4. Defensa de las lenguas cooficiales y vernáculas.

PACMA defiende el patrimonio cultural e identitario que suponen las distintas lenguas oficiales de las autonomías, como parte de la historia y etnología propia de los pueblos.

En este sentido, el Partido Animalista apuesta por la implantación de medidas para asegurar el desarrollo y normalización de las lenguas cooficiales, garantizando la integración plena y su uso normalizado en las relaciones con las administraciones y cualquier estamento público, sin discriminación al derecho de los ciudadanos y ciudadanas que por cualquier motivo no puedan o no quieran hacer uso de las mismas.

Igualmente proponemos la promoción y protección de las lenguas vernáculas no oficiales, como patrimonio cultural e histórico, cuyo abandono progresivo supondría una pérdida irrecuperable de conocimientos e identidad cultural, facilitando su aprendizaje y conocimiento en el entorno escolar, así como desarrollando campañas de difusión y apoyo a las mismas.

3.3.1.5. Orientación profesional en la Educación Secundaria.

Durante la Educación Secundaria, los jóvenes deben ser capaces de empezar a identificar sus capacidades, intereses y aptitudes, pues tienen que tomar decisiones cruciales en materia de educación y formación de cara a su primera elección profesional en el futuro.

Sin embargo, en el contexto educativo actual, la orientación profesional no se está desarrollando de manera que realmente se capacite al alumnado para analizar y valorar estos extremos. Es necesario sustituir la acción puntual que se está llevando a cabo en los últimos cursos por un proceso continuo de acompañamiento desde el inicio de la Educación Secundaria.

En esta etapa, los jóvenes se encuentran en una intensa búsqueda de identidad personal y social. Por esta razón, la orientación debe acompañarlos y orientarlos frente los cambios que se producen en su entorno, y ayudarles a ir construyendo su proyecto profesional y de vida, facilitando la adaptación a las nuevas situaciones y exigencias que conlleva la transición a la vida adulta.

Apostamos por la creación de departamentos de orientación académica y profesional en los centros de Educación Secundaria, que elaboren y pongan en marcha planes de actuación para cada curso, ciclo y etapa, con diferentes acciones que deberán ser implementadas. Además de ofrecer una orientación personalizada e individualizada a los alumnos y alumnas, organizarán e impulsarán talleres y jornadas de orientación profesional en los centros, de manera que el alumnado reciba la información y tenga el conocimiento suficiente sobre la oferta de las diferentes enseñanzas, ciclos formativos y formaciones profesionales, así como de sus diferentes salidas laborales. El objetivo es dotar a los jóvenes de las competencias necesarias para poder identificar y elegir entre las alternativas formativas y profesionales, de acuerdo a su potencial.

3.3.1.6. Fomento del arte y la cultura regionales.

La cultura es fundamental en la evolución de la sociedad. A su vez, el arte es fundamental para la cultura, como medio, forma y fuente de expresión.

El desarrollo artístico aporta múltiples beneficios a nuestra sociedad. Por un lado, sirve como terapia, ejerciendo un efecto liberador para quien lo practica y para quien lo disfruta. Por otro, es motor para el desarrollo personal, promoviendo el autoconocimiento y mejorando las habilidades sociales y comunicativas.

Además, cuando no se promueven la cultura y el arte, se pierden la esencia y las costumbres de una comunidad.

Por ello, consideramos muy valioso que desde los Ministerios de Educación y Cultura se apoye y fomente el arte y la cultura regionales a través de medidas como:

  • Fomento de la enseñanza de disciplinas artísticas, promocionando su oferta en los centros de educación públicos, y a través de la puesta en marcha de centros culturales y artísticos.
  • Incentivo de la creación artística regional, mediante subvenciones y programas destinados a las comunidades autónomas, de apoyo a las entidades culturales y a los artistas, que les faciliten las herramientas necesarias para su desarrollo.
  • Apoyo a la inversión y producción cinematográfica regional, así como promoción de la atracción de rodajes, producción y post-producción mediante incentivos fiscales.
  • Respaldo y acompañamiento en las diferentes fases de creación, producción y exhibición artística, con la creación de residencias artísticas, colaboración en la difusión del trabajo de los artistas y una oferta formativa de especialización, con profesionales de prestigio o a través de la realización de encuentros y foros profesionales, entre otras.
  • Promoción e internacionalización de creadores y compañías de artes escénicas para la realización de giras nacionales e internacionales.
  • Establecimiento de programas de apoyo a las músicas y danzas populares y contemporáneas que promuevan la creación, la visibilidad de nuevos talentos, la formación y la distribución en medios de comunicación, especialmente en radios y televisiones públicas.
  • Puesta en marcha y apoyo de iniciativas de protección, estudio y difusión del patrimonio cultural en sus múltiples expresiones: artística, histórica, paisajística y natural, industrial e inmaterial.
  • Aprobación de Planes estratégicos de Turismo Cultural para dar a conocer nuestros territorios con el valor añadido de la cultura y el patrimonio, destacando los festivales culturales y las fiestas populares más significativas, siempre que no impliquen la utilización de animales.

3.4. Cultura accesible y asequible.

La cultura, como motor de ideas y forma de expresión, es, sin duda, una de las mejores herramientas para la evolución social y la inclusión. El arte y la cultura tienen la capacidad de transformar cualquier situación personal o social, contribuyendo al pleno desarrollo de las personas. Disfrutar o participar de ellas debería ser un derecho, no un privilegio. Las políticas de apoyo a la cultura deberían centrarse en hacer más accesibles y asequibles los productos culturales, por una cultura al alcance de todos y todas.

PACMA propone la puesta en marcha de programas por la participación activa en el ámbito cultural de las personas con discapacidad o con dificultades personales o sociales, no solo como espectadoras, sino también como autoras, productoras y promotoras.

Es fundamental mejorar la accesibilidad física y cognitiva de los espacios culturales, con salas accesibles, visitas guiadas y creación de materiales adaptados.

Para que la cultura sea asequible, apostamos por la programación de una oferta cultural amplia y variada, dirigida a todos los públicos, con actividades culturales gratuitas y a precios asequibles.

3.4.1. Uso de las bibliotecas como centros para la difusión cultural.

Apoyamos la labor de las bibliotecas para garantizar el acceso a la cultura. Vemos con preocupación cómo en los últimos años la asistencia a las mismas va en descenso, en buena medida por el crecimiento de las nuevas tecnologías. Apostamos por el futuro de las bibliotecas públicas, no como meros almacenes de libros, sino como espacios de referencia cultural, de creación, intercambio, producción y formación cultural, mediante su apertura a la realización de actividades, exposiciones, talleres, jornadas, ciclos, debates, conferencias, encuentros, etc.

3.5. Por un empleo justo y de calidad.

El desempleo es uno de los mayores problemas de nuestro país. Queremos avanzar hacia la creación de puestos de trabajo de calidad y poner fin a la discriminación todavía existente en el acceso a los mismos.

Apostamos por la derogación del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (Reforma Laboral) y por un desarrollo económico basado en la creación de empleo estable, apostando por un nuevo modelo económico basado en el fomento del I+D+i, en el sector de las energías renovables, el turismo sostenible y cultural, y la agricultura.

3.5.1. Por la igualdad en el empleo.

Conseguir una sociedad en la que mujeres y hombres seamos iguales en cuanto a derechos es uno de nuestros objetivos.

Según el informe “Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa”, publicado en septiembre de 2018 por Oxfam Intermón, las mujeres españolas tienen que trabajar 52 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres, y un 14% de la diferencia de salario en España "solo puede atribuirse a la discriminación directa o indirecta por razón de género".

Además, la organización advierte que la pobreza laboral de las mujeres queda en parte invisibilizada estadísticamente "porque los datos de pobreza laboral se calculan por hogares y no reflejan la discriminación de género dentro del hogar". El trabajo doméstico de las mujeres representaría el 27% del PIB. Mientras las mujeres dedican una media de 22 horas semanales, los hombres solo dedican 10.

Por todo ello, es necesario un pacto entre los distintos agentes sociales, a través del cual se combata la discriminación laboral y salarial todavía existente y se promueva la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

Según los datos del SEPE, en el número total de personas desempleadas demandantes de empleo es muy superior el porcentaje de mujeres frente al de hombres. Un dato que refleja claramente el largo camino que queda por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Por tanto, cualquier medida orientada a mejorar las condiciones laborales y combatir las altas tasas de desempleo debe tener en cuenta este hecho.

3.5.1.1. Por la conciliación personal, familiar y laboral.

Conciliar la vida personal, familiar y laboral es una condición fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

La conciliación garantiza que la situación familiar de una persona no pueda incidir de manera negativa en las posibilidades de acceso al mercado laboral o a puestos de responsabilidad. Permite que cualquier persona pueda mantener una carrera profesional plena y, al mismo tiempo, ejercer su derecho al cuidado de su familia, al desarrollo de su personalidad, de su formación o al disfrute de su ocio y tiempo libre.

Desde el Partido Animalista defendemos la puesta en marcha de políticas públicas familiares, que apoyen la igualdad de oportunidades. Son necesarias leyes que promuevan la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, contemplando medidas, recursos y prestaciones económicas. Es necesaria una reestructuración y reorganización de los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales.

  • Del sistema laboral: introduciendo la igualdad de oportunidades en el empleo. Se debe promover que las empresas apliquen políticas de igualdad e implanten medidas de conciliación laboral, personal y familiar entre sus plantillas, como permitir a sus trabajadores adaptar la duración y distribución de la jornada laboral en función de sus circunstancias personales y familiares, o ejercer el teletrabajo. Igualmente, apostamos por los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, de forma que las mujeres no se vean perjudicadas laboralmente al ser madres y se puedan mantener en el mercado laboral en igualdad de condiciones frente a los padres que deciden tener hijos. Se fomentará e incentivará la creación de guarderías en los propios centros de trabajo, tanto para el cuidado de niños como de animales de compañía, así como de permisos retribuidos en casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, incluidos los animales.
  • Del sistema educativo: rompiendo los roles de género preestablecidos, variando los estereotipos tradicionales. Hombres y mujeres deben compartir equitativamente las responsabilidades domésticas y familiares. De la misma manera se debe educar a los hijos e hijas a participar en las tareas domésticas y familiares.
  • Del sistema de recursos sociales: se deben prever planes de apoyo a las familias, en los que se contemplen ayudas económicas y servicios como centros de atención socioeducativa y ludotecas para niños y niñas menores de 3 años, aulas matinales, comedores escolares, actividades extraescolares, centros residenciales de día y programas de estancia diurna para personas mayores y/o dependientes, centros de atención y cuidado para animales, y ayudas para la contratación de personal para el cuidado de familiares.
3.5.1.2. Por el derecho al trabajo de las personas con diversidad funcional.

Las personas con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual pueden, en la mayoría de casos, integrarse en el mercado laboral.

PACMA defiende la puesta en marcha de las siguientes medidas:

  • Elaboración y puesta en marcha de planes para promover la formación, el empleo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • Mecanismos para la participación de estudiantes con discapacidad en los cursos de formación para el empleo, facilitando la adaptación de los materiales y puestos de formación.
  • Análisis de las necesidades de formación para ajustar las políticas a la realidad.
  • Promoción de encuentros empresariales sobre responsabilidad social, en relación con la discapacidad, para promover la inserción laboral, dando a conocer la rentabilidad económica y social.
  • Asesoramiento a las empresas sobre inserción laboral de personas con discapacidad.
  • Aumento de las inspecciones para cumplir la obligatoriedad de reservar el 2% de los puestos a personas con discapacidad en las empresas con plantillas superiores a cincuenta personas.
  • Vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad.
  • Inclusión de la colaboración de las ONG que ayudan a las personas con discapacidad, como asesoras para la elaboración de los itinerarios de inserción laboral.
3.5.1.3. Mayor preparación y formación de la juventud de cara al futuro profesional.

España es el segundo país con la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea, solo por detrás de Malta.

La lucha contra el desempleo debe fijar sus cimientos en la formación de ciudadanos que sean capaces de dar un vuelco a esta situación, preparándolos para poder hacer frente a los nuevos retos que plantea la evolución de la sociedad actual.

Algunas de las medidas adoptadas hasta ahora van justamente en sentido contrario. Sirva de ejemplo la recientemente aprobada “Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos/as en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil”, que busca favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo de jóvenes con niveles formativos bajos, incentivando precisamente el abandono escolar.

Por ello, proponemos:

  • Fomento de un sistema de formación profesional que responda a las exigencias presentes y futuras del mercado laboral, potenciando la formación en nuevas tecnologías, y la adaptación de los sectores tradicionales (agricultura, turismo, construcción).
  • Creación de un sistema de becas que apueste por la mayor preparación y cualificación de los jóvenes, y desincentive la incorporación a edades muy tempranas al mercado laboral.
  • Establecer regulaciones sobre las prácticas en empresa y las becas laborales para que no sean formas de trabajo gratuito, sino que cumplan unos estándares de calidad y con limitación de plazos.
3.5.1.4. Contra la estacionalidad en el empleo.

La creación de empleo en nuestro país está tradicionalmente vinculada al sector turístico, que tiene un marcado carácter estacional.

Esta circunstancia determina que la mayor parte de la contratación se produzca solo en determinadas épocas del año, y que los empleos que se crean se destruyan una vez concluido el periodo estival. Prueba de ello es que el pasado 31 de agosto de 2018 se batió un triste récord para el mercado laboral español, con la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo en un sólo día.

Las necesidades de personal determinan que, en algunos casos, accedan a este tipo de empleos personas con escasa formación y cualificación en el sector, sin perspectivas de continuidad en el mismo, lo que conlleva a su vez que se trate de un empleo precario y de baja calidad.

Por todo, proponemos la creación de un tejido de oferta turística alternativa al modelo actual, en los ámbitos cultural, deportivo, entorno rural, zonas de interior, congresos y negocios.

Estos modelos de turismo deben implantarse de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los animales, las ciudades y sus vecinos/as. No requieren inversiones añadidas, pues se puede aprovechar la infraestructura ya existente creada alrededor del modelo actual.

Entre las medidas necesarias para alcanzar este objetivo estarían:

  • Promoción a nivel nacional e internacional.
  • Establecimiento de convenios con los operadores turísticos.
  • Formación y cualificación de los trabajadores del sector, tanto de los profesionales en activo, como de los desempleados.
3.5.1.5. Creación de centros de rendimiento para los soportes económicos.

Apoyamos la creación de espacios donde los ámbitos universitario e industrial se den la mano para desarrollar e impulsar iniciativas económicas generadoras de empleo de calidad.

En los centros se ofrecerá formación profesional, se facilitará la investigación universitaria y se fomentará la inversión privada a través de viveros para nuevas empresas y salas de investigación a disposición de aquellas empresas que las demanden.

3.5.1.6. Reactivación del tejido productivo industrial.

La crisis y la mala gestión política han provocado el cierre y el desmantelamiento de numerosos centros de trabajo sobre los que se sostenía gran parte de la economía familiar.

Desde el Partido Animalista pensamos que nunca es tarde para una vuelta a la actividad a través de una reconversión inteligente y efectiva de estos centros de trabajo.

Proponemos reactivar e impulsar el crecimiento del tejido productivo industrial y empresarial, favoreciendo las nuevas iniciativas e incorporando la I+D+I, que permita la creación de empresas respetuosas con los animales y medioambientalmente sostenibles, adaptadas a las exigencias que marca el desafío de la lucha contra la crisis climática, y que puedan competir en el más alto nivel de desarrollo tecnológico en un escenario global.

3.5.1.7. Fomento del empleo en el sector agrícola a través de la creación de un modelo de producción sostenible.

Proponemos medidas de fomento del empleo en el sector, a través de programas de formación, asesoramiento técnico y empresarial, creación de infraestructuras comunes, subvenciones, bonificaciones y beneficios fiscales, dirigidas a la creación de un modelo de producción agrícola alternativo, sostenible y ecológico, superando la producción extensiva tradicional, que busque la calidad de los productos, el respeto al medio ambiente, el impulso y la conservación del entorno rural, la inserción en el empleo de colectivos tradicionalmente excluidos y la cercanía al consumidor.

3.5.1.8. Reactivación del sector de la construcción mediante la creación de un modelo sostenible.

La crisis del 2008 afectó particularmente al sector de la construcción que desde entonces apenas ha recuperado parte de los niveles de actividad, dejando por el camino a miles de trabajadores que difícilmente han conseguido reincorporarse al mercado laboral.

Apostamos por una transformación del sector que pase por la rehabilitación energética de edificios, para hacerlos más eficientes y sostenibles. Una buena manera de reintroducir en el sector a muchos profesionales que aún se encuentran en desempleo, mediante la formación y el reciclaje de los mismos.

Esta medida debe combinarse con un esfuerzo en particular hacia la rehabilitación de inmuebles ubicados en los centros de las ciudades, con el objetivo de:

  • Transformar el entorno urbano para hacerlo más sostenible, habitable, atractivo y accesible.
  • Ampliar la oferta de viviendas, evitando la gentrificación.
  • Mejorar la movilidad de los residentes, de manera que sean menos dependientes de los vehículos motorizados.
  • Mejorar la imagen de las ciudades.
3.5.1.9. Apoyo a emprendedores/as, autónomos/as y pymes.

Para el desarrollo y el futuro de nuestra sociedad es fundamental el trabajo de los autónomos y autónomas y las pymes, que luchan por sobrevivir en un mercado cada vez más complicado, debido a la falta de financiación por parte de las entidades bancarias y a las trabas administrativas, entre otros motivos.

Por ello, proponemos la creación de un fondo de financiación destinado a facilitar el acceso de autónomos/as y pymes a líneas de crédito a interés cero, para apoyar el desarrollo de proyectos orientados a la consecución de alguno de los siguientes fines:

  • Crear empleo neto.
  • Incorporar tecnología medioambientalmente sostenible o técnicas que contribuyan a reducir el impacto medioambiental de la actividad.
  • Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar de los animales.

Para el crecimiento de la actividad económica y promover el emprendimiento, consideramos relevante el impulso a las empresas de nueva creación y apostamos por un apoyo decidido a las mismas por medio de las siguientes propuestas:

  • Crear una fiscalidad progresiva para trabajadores autónomos, en función de los beneficios.
  • Promulgar una política de mayores bonificaciones fiscales para las empresas de nueva creación.
  • Ampliar el soporte y asesoramiento gratuito, por parte de los entes públicos, para la creación y primeros años de desarrollo de estos modelos de negocio.
  • Elaborar un censo de las empresas de nueva creación, e integrarlo en un portal web donde puedan darse a conocer y a través del cual se potencie el mecenazgo.
  • Establecer programas de formación, orientación y asesoramiento gratuitos, en materia fiscal, nuevas tecnologías, nuevos mercados, sostenibilidad ambiental, calidad, atención al público, dirigidos a emprendedores.
  • Agilizar los procesos de creación de empresas y del inicio de las actividades, mediante la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación administrativa de los trámites exigibles (declaraciones responsables y comunicaciones previas).

3.6. Por una vivienda digna.

Otra de las grandes preocupaciones de nuestro país es el acceso a la vivienda. La legislación que regula los contratos de alquiler y los desahucios no garantiza la seguridad de la tenencia. La duración legal de los contratos de alquiler y los plazos judiciales en caso de desahucio se han acortado, mientras que la ley no permite a los jueces evaluar la proporcionalidad del desahucio en función de las circunstancias particulares de cada caso. Tras el desahucio, las administraciones públicas no proporcionan las alternativas de alojamiento necesarias.

Por otro lado, el auge de los alquileres turísticos ha reducido enormemente la oferta de alquileres de larga duración, provocando un desmedido aumento de los precios para los residentes. En España el alquiler se ha incrementado en un 18,6% de media en los últimos cinco años. El alza ha llegado a alcanzar el 47,5% en Barcelona y el 38% en Madrid.

España es, de todos los Estados de la OCDE, el que tiene la peor relación entre el precio del alquiler de la vivienda y los ingresos. En ningún otro país los salarios se han quedado tan rezagados. Cuatro de cada diez españoles que arriendan tienen que destinar más del 40% de sus ingresos para pagar el alquiler. En cambio, gobierno y comunidades autónomas apenas dedican el 0,04% del PIB a ayudas a la vivienda (último plan 2018-2020).

Todo esto está provocando que cada vez más personas se vean en serias dificultades para acceder a una vivienda, ni como compradores ni, mucho menos, como inquilinos, abocados a vivir en la periferia y destinando la mayor parte de su sueldo al alquiler o la hipoteca.

Es necesario facilitar el acceso a un hogar tanto a jóvenes como a mayores y frenar esa subida en el coste y alquiler de la vivienda.

3.6.1. Contra los desahucios.

Es inaceptable que mientras la banca ha sido rescatada con cantidades millonarias de dinero público, se continúe desahuciando masivamente a las familias víctimas de una crisis que no han provocado.

Proponemos la elaboración y puesta en marcha de Planes de rescate de la vivienda, que contemplen las siguientes medidas:

  • Paralización de todos los desahucios en el parque de vivienda dependiente de las administraciones públicas, en los casos de endeudamiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los hogares con menores, personas dependientes y mayores de 65 años.
  • Elaboración y puesta en marcha de convenios que establezcan protocolos de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema. En virtud de los mismos, los juzgados que reciban demandas por impago de alquiler o hipoteca, deberán evaluar si las personas afectadas se encuentran en situación de riesgo de exclusión social o vulnerabilidad. Cuando así sea, deberán facilitarles información sobre los recursos asistenciales disponibles, además de informar de esta situación a los servicios sociales, con especial atención cuando se trate de hogares con menores, personas dependientes o mayores de 65 años.
  • Creación de una Oficina en Defensa de la Vivienda, como servicio público y gratuito de información, asesoramiento, prevención e intermediación, con el objetivo de evitar desahucios y, en su caso, ofrecer alternativas habitacionales a las familias afectadas.
  • Empleo de más recursos para ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda.
  • Confección de un censo actualizado de viviendas vacías y análisis sobre su disponibilidad como posible recurso para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

3.6.2. Mayor parque de vivienda social, tanto para compra como para alquiler.

La gravedad de esta crisis habitacional ha sido especialmente aguda en nuestro país debido, entre otros factores al escaso parque de vivienda social existente. Según Amnistía Internacional, en España sólo el 1,1% del parque residencial es vivienda social, el más bajo porcentaje en Europa después de Grecia, frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido.

Apoyamos el desarrollo de una política de viviendas sociales, tanto para compra como para alquiler, destinadas a garantizar un techo a todos los ciudadanos y ciudadanas.

En el marco de esta política de vivienda social propondremos la expropiación a los dieciocho meses de los inmuebles vacíos que sean propiedad de bancos e inmobiliarias subsidiarias de entidades financieras. Esta medida desincentivará que las entidades bancarias acometan abusivos desahucios masivos, propiciando salidas negociadas con las personas afectadas en la mayoría de los casos. Estas viviendas se destinarán a la venta y alquiler sociales.

3.6.3. Regulación pormenorizada de las viviendas de alquiler turístico.

Proponemos una regulación pormenorizada de las viviendas de alquiler turístico, de forma que se incluyan en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Hasta ahora se ha atendido a esta problemática desde la perspectiva de las quejas de la industria hotelera, ante una posible competencia desleal por parte de un sector que no se encontraba regulado, así como por la ausencia de declaraciones tributarias de los ingresos obtenidos, lo que supone una importante merma de ingresos a las arcas públicas.

Sin embargo, también se debe proteger a las comunidades de propietarios que se están viendo directamente afectadas, y denuncian en muchos casos estar sufriendo mobbing inmobiliario en los edificios residenciales con la intención de expulsar a los vecinos y vecinas y convertirlos en edificios dedicados al alquiler vacacional.

Desde PACMA proponemos establecer la prohibición de abrir cualquier tipo de hospedaje turístico en edificios de usos residenciales, salvo que tengan un acceso independiente desde la calle y no compartan zonas comunes.

En su defecto, proponemos un expreso reconocimiento en la regulación de que en las juntas de propietarios, por mayoría simple, se pueda acordar el ejercicio de acciones judiciales para prohibir el uso de una vivienda para alquiler vacacional, cuando las comunidades de propietarios se vean afectadas de manera reiterada por actividades molestas que perjudican la paz y la convivencia, a fin de sancionar la pasividad de los arrendadores que no adoptan medidas de control y prevención y solo les importa su fin recaudatorio.

Actualmente, el sistema sancionador resulta ineficaz, pues los infractores desaparecen del lugar donde cometieron la infracción, siendo el arrendador o arrendadora quién debería responder por sus inquilinos/as como beneficiario económico directo.

Debería establecerse, además, que la comunidad de propietarios pueda exigir la suscripción a cargo del arrendador/a de una póliza de seguro de responsabilidad civil para indemnizar a la misma de los daños que puedan causar los inquilinos/as en los elementos comunes.

Además, las viviendas destinadas a alquiler vacacional deben cumplir con los mismos requisitos que tienen el resto de alojamiento turísticos, como hoteles y hostales. Es necesario controlar quién se dedica al alquiler vacacional, de manera que se registre correctamente, obtenga la licencia oportuna y contribuya a la Hacienda Pública con la declaración de los ingresos obtenidos.

Proponemos un aumento del número de inspectores que comprueben si las personas propietarias están cumpliendo la normativa, incidiendo en el control digital en todas las plataformas que ofertan este tipo de viviendas.

Por cuestiones de seguridad, el propietario, propietaria o gestor debe estar obligado a identificar a todos los huéspedes, confeccionar un libro-registro de viajeros/as y comunicar la entrada en las 24 horas siguientes a la Policía Local, Nacional o Guardia Civil, según el municipio o circunscripción que corresponda.

3.7. Justicia redistributiva.

Apostamos por la necesidad de garantizar una justicia redistributiva, en base a las siguientes medidas:

  • Garantizar la progresividad del sistema fiscal, revisando las deducciones existentes en el impuesto de sociedades y los tipos del IRPF.
  • Rediseñar el impuesto sobre la herencia, haciéndolo aplicable solo a grandes fortunas, abocándolo a la competencia del Estado para evitar el arbitraje fiscal entre las comunidades autónomas.
  • Incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) para garantizar unos mínimos niveles de vida necesarios y que se acerque a niveles europeos.

3.8. I+D+I con fines sociales.

Las actividades del I+D+i son generadoras de avances sociales en forma de calidad de vida y mejora del medio ambiente. Las sociedades con mayor riqueza, igualdad, recursos sanitarios, mejor educación y cultura, son las que han dedicado mayores recursos a la investigación. Su desarrollo es fundamental para avanzar hacia una sociedad mejor.

Sin embargo, la ciencia en nuestro país ha sufrido en los últimos años un abandono progresivo provocado por los recortes aplicados por los gobiernos anteriores.

Es necesario un cambio de rumbo en la política científica española, que defienda la investigación, el desarrollo y la innovación, como motor para la economía y la creación de empleo.

La tecnología puede y debe usarse como herramienta para generar empleo, teniendo en cuenta criterios éticos en el desarrollo y aplicación de la política tecnológica e industrial.

El Partido Animalista - PACMA estableció su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación mediante su adhesión al acuerdo en defensa de la I+D+i en la denominada ‘Carta por la Ciencia’.

Para favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación, proponemos las siguientes medidas:

  • Mayor inversión en I+D+i.
  • Inclusión de la I+D entre los “sectores prioritarios”, emitiendo una oferta de empleo público y posibilidades de contratación en organismos públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos.
  • Orientación de la I+D+i hacia el beneficio común, los retos sociales y medioambientales.
  • Libre acceso a los resultados de las investigaciones científicas financiadas con fondos públicos.
  • Creación y promoción de un portal digital de referencia que unifique y difunda las investigaciones realizadas en las universidades públicas.
  • Puesta en marcha de programas de apoyo a la ciencia y formación de jóvenes investigadores, así como inversión en las infraestructuras deterioradas por los recortes presupuestarios de gobiernos anteriores.
  • Apuesta por la potenciación de los centros de investigación tecnológica.
  • Fomento y apoyo de proyectos de innovación tecnológica en las pymes, con el objetivo de aumentar su productividad, eficiencia, presencia y reconocimiento a nivel internacional.
  • Creación de fondos público-privados de capital riesgo y mejora del sistema de incentivos fiscales a las empresas.
  • Colaboración con investigaciones pioneras vinculadas a sectores económicos emergentes o consolidados. Estas colaboraciones perseguirán poner al servicio de los investigadores nuestros recursos energéticos, tecnológicos y naturales siempre que sean respetuosos con el medio ambiente y los animales.
  • Puesta en marcha de un ciclo periódico e itinerante de conferencias sobre investigación e innovación en todos los campos del conocimiento.
  • Aumento de las ayudas a la investigación tanto predoctorales como postdoctorales.
  • Financiación de proyectos enfocados a la perdurabilidad de los bienes de consumo, contra la obsolescencia programada.
  • Incentivación para el desarrollo y la aplicación de métodos alternativos a la experimentación en animales.

3.9. Lucha contra el fraude fiscal.

Según los técnicos de Hacienda (GESTHA), el fraude fiscal asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB. El 71% de la evasión fiscal la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas. Sin embargo, los propios técnicos aseguran que se dedica el 80% de la plantilla a la "comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos/as, pequeñas empresas y de algún trabajador/a que haya olvidado alguna partida en su declaración”.

Apoyamos las siguientes propuestas contra el fraude fiscal, elaboradas por los propios inspectores e inspectoras de Hacienda:

  • Los Presupuestos Generales del Estado establecerán un sistema de valoración de la eficacia y eficiencia de las partidas de gastos que figuran en los mismos, publicando esta información e incorporando las consecuencias de la misma a la gestión pública.
  • Las obligaciones informativas a las diferentes Administraciones tributarias de fedatarios públicos y otras empresas serían comunes y compartidas.
  • Perseguir la evasión fiscal, erradicar el uso de los paraísos fiscales y elevar el tipo impositivo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal.
  • Desarrollar un sistema fiscal justo, gravando las grandes fortunas y estableciendo una tasa sobre las transacciones financieras.
  • Potenciar el intercambio de información financiera a nivel internacional a los efectos de perseguir el fraude fiscal.
  • Instrumentar una campaña específica con las Agencias Tributarias de las comunidades autónomas y forales para luchar contra los cambios ficticios de domicilio fiscal.
  • Establecer un formato único para los modelos de presentación de declaraciones tributarias ante las distintas comunidades autónomas.
  • Introducir el formato electrónico en la remisión de expedientes entre las comunidades autónomas y los Tribunales Económico-Administrativos.

3.10. Regeneración democrática.

La sociedad española lleva tiempo demandando una verdadera regeneración democrática. Hay una necesidad de construir una cultura de ejemplaridad en la Administración Pública que refuerce y devuelva la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones, recupere el prestigio de la política y combata las dudas que actualmente inquietan a la ciudadanía sobre la garantía de las leyes o la equidad del sistema judicial. Nos proponemos redefinir la política, mediante reformas legales que mejoren la representación, el funcionamiento democrático y la participación ciudadana.

3.10.1. Prevención y lucha contra la corrupción.

Para prevenir y luchar contra la corrupción proponemos las siguientes medidas:

  • Cumplimiento de las recomendaciones sobre transparencia del Consejo de Europa (GRECO). En el informe publicado en enero de 2018 por el Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción, este organismo concluía que España no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las recomendaciones hechas a nuestro país en su Informe de 2016. En base a estas recomendaciones, consideramos necesario introducir en las Cortes Generales códigos de conducta y normas que regulen los conflictos de intereses y la transparencia de estas instituciones.
  • Leyes de Transparencia efectivas, que prevean una transparencia en la actuación pública, garantizando el pleno acceso de la ciudadanía a la información, eliminando las barreras de entradas para solicitarla y publicando las agendas de los/as políticos/as para saber con quiénes se reúnen.
  • Mayor transparencia y control en la contratación pública, uno de los principales focos de la corrupción. Solicitaremos mejorar el acceso público de todos los datos relevantes a lo largo del proceso completo de contrataciones públicas, desde la licitación hasta la adjudicación y ejecución. Además, se deben establecer un mayor control y publicidad de los mecanismos de aprobación de sobrecostes.
  • Publicidad de la ejecución presupuestaria, haciendo públicos los datos de la misma con el mismo nivel de detalle que los presupuestos.
  • Actualización de las normas de contratación de personal no funcionario, reservando los cargos de libre designación al nivel superior de cada administración, limitando su número y exigiendo requisitos de idoneidad técnica. Los asesores y asesoras de libre designación no podrán en ningún caso ejercer funciones de auditoría o control. Sus nombramientos se publicarán en los boletines oficiales, y sus currículums y motivación para sus nombramientos en la web de la Administración. Para el resto de nombramientos, deberán utilizarse estrictamente los principios de mérito y capacidad, así como las garantías de independencia en la selección personal, despolitizando la función pública y sus órganos de control interno. Se exigirá una total transparencia en los procesos de selección: número de plazas, pruebas y criterios utilizados, composición de los tribunales, resultados y otros méritos apreciados en los candidatos y candidatas, evaluaciones en casos de promoción interna, etc.

3.10.2. Democracia real y participativa.

Los políticos cada vez son menos autónomos a la hora de tomar decisiones. La apertura económica limita la toma de decisiones condicionadas por las circunstancias internacionales y proliferan las instituciones cuyo único fin es controlar a la mayoría sin haber sido elegidas democráticamente, como los bancos centrales independientes, que a través de su política monetaria limitan la política fiscal de los gobiernos.

Por otro lado, nuestro sistema deriva de una Transición en la cual unos partidos políticos que no tenían entonces respaldo social necesitaban verse reforzados desde las instituciones como promotores y conductores de toda reforma. Desde entonces, los partidos políticos siempre han obstaculizado las vías de participación que no controlan, temiendo el impacto que pueda tener una ciudadanía crítica y participativa.

Todo ello contribuye a que nuestra democracia se vea limitada. Dos ejemplos son las Iniciativas Legislativas Populares y la Ley Electoral.

Un sistema realmente democrático no limita la participación ciudadana a votar cada cuatro años.

En PACMA creemos en espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los contenidos de las políticas y programas de gobierno. Hoy en día podemos contar con las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar la información y la colaboración entre gobiernos, partidos, instituciones, movimientos sociales y ciudadanía, y avanzar hacia una democracia participativa que dé respuestas a las demandas de la sociedad.

3.10.2.1. Reforma de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Las ILP constituyen el principal mecanismo que proporciona el sistema a los ciudadanos y ciudadanas para tener una intervención directa en las leyes que nos gobiernan. Sin embargo, su procedimiento está lleno de obstáculos.

De las más de 100 iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas a las Cortes Generales solo una devino en ley, y fue la reclamación de deudas comunitarias modificando la Ley de Propiedad Horizontal; otras están empantanadas en los trámites. El cumplimiento de los plazos, el costo y gastos (pueden llegar a costar 300.000 euros a la Comisión Promotora de la ILP), dificultan mucho este mecanismo de participación ciudadana.

Proponemos reformar la ley que regula las ILP como mecanismo de democracia directa que permita a la ciudadanía la presentación de iniciativas de ley en las Cortes Generales, mediante la fijación de una cantidad relevante y justa de firmas, pero reduciendo el número actual de 500.000, así como la facilitación para el procedimiento de recogida de firmas mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Además, proponemos ampliar el derecho a apoyarla a mayores de 16 años y extranjeros con residencia legal en España, aumentar el tiempo de recogida de firmas y facilitar la actuación de la Comisión Promotora en el proceso legislativo.

Igualmente, con el objetivo de fomentar la democracia participativa, proponemos reformar el Reglamento de las Cortes Generales para crear o mejorar los mecanismos de participación mediante la Comisión de Peticiones, que permitan sesiones periódicas donde se pueda escuchar a personas peticionarias y discutir sus propuestas.

3.10.2.2. Reforma de la Ley Electoral (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General).

Las actual ley electoral favorece a los grandes partidos, restando valor a los votos de los partidos sin representación.

Defendemos avanzar hacia un sistema electoral justo, donde todos los votos tengan el mismo valor, que asegure el reparto de escaños en relación directa al número de votos, y que permita reflejar la pluralidad de la sociedad moderna, que sostiene opiniones dispares que deben ser escuchadas.

Proponemos una modificación de la Ley Electoral, a través de las siguientes medidas:

  • Establecer una circunscripción electoral a dos niveles: estatal y autonómica, suprimiendo el sistema de circunscripción provincial o inferior. La circunscripción nacional única para el Congreso de los Diputados se corresponderá con la representación nacional; la circunscripción autonómica, con la representación territorial (Senado y parlamentos autonómicos).
  • Aumentar el número de diputados teniendo en cuenta la población actual, reasignando el número total de diputados hasta 400, buscando una mayor proporcionalidad entre votos y escaños, pagando el aumento del gasto con la supresión de las Diputaciones Provinciales.
  • Establecer la fórmula de Hare como nuevo método de conversión de votos en escaños, por ser más proporcional que la actualmente empleada fórmula de D’Hondt.
  • Suprimir la exigencia de avales electorales a los partidos políticos sin representación en las Instituciones, sin los que no se validan las candidaturas.
  • Derogar las barreras de acceso a las Cortes Generales y parlamentos autonómicos, que van desde el 3% de los votos en las elecciones al Congreso de los Diputados al 15% al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que excluyen a los partidos que no las superan y perpetúan un sistema muy poco representativo.
  • Igualdad en el acceso a los medios de comunicación públicos. Como parte del derecho de los partidos a concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones, defendemos que sea asignada la misma cantidad de minutos para la emisión de los vídeos electorales a todos los partidos que se presenten.
  • Asignación de la subvención correspondiente a los votos de cada partido tras los comicios, independientemente de la obtención de representación, tal y como sucede en otros países europeos, como Portugal. Este sistema de financiación justo y equitativo, garantiza la actividad de todas las opciones políticas en función del apoyo social que reciben.
  • Obligatoriedad de organizar al menos un debate público donde estén presentes todas las fuerzas políticas que se presenten a los comicios.
  • Garantía de la cobertura informativa en los medios de comunicación públicos, de las campañas de todos los partidos que concurran a las elecciones.
  • Eliminación o, en su defecto, reducción del uso de papel en las campañas electorales, remitiendo la propaganda, papeleta y sobre electoral, de todos los partidos que se presenten, en un único envío.

3.10.3. Reformas para la transparencia de la gestión pública.

Con el objetivo de mejorar la calidad y confianza de las instituciones públicas, proponemos:

  • Reformar la Ley del Indulto para que las decisiones del Gobierno para concederlos o denegarlos sean públicas.
  • Habilitar una fuente pública de información con los detalles sobre los medicamentos adquiridos con fondos públicos, con las cantidades, período y ámbito geográfico de distribución, los proveedores, los precios, la duración de los contratos y los acuerdos de distribución o compra por parte de las Comunidades Autónomas.
  • Publicar las actas de las negociaciones entre las Administraciones Públicas y las empresas farmacéuticas, explicitando cómo ha influido en la decisión final la repercusión de los costos de I+D.
  • Reformar las normas sobre conflicto de intereses para evitar la práctica de las “puertas giratorias”, dotándolas de un régimen sancionador.
  • Exigir la publicación de la ejecución presupuestaria al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los Presupuestos Generales del Estado.
  • Seguir de manera continua las desviaciones en la ejecución presupuestaria.
  • Crear un organismo de control dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para analizar los contratos públicos y habilitando la acción popular a favor de cualquier ciudadano.
  • Colocar a un interventor popular en las mesas de adjudicación de los contratos públicos.
  • Reformar la página web del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) para consultar, de forma gratuita, online, la información básica de empresas y sociedades contenida en los Registros Mercantiles, tales como razón social, dirección, sector de actividad, nombres anteriores de la empresa, propietarios, altas y bajas de directivos y administradores, estado, fecha de entrega de cuentas e historial de presentación de documentos, así como los documentos asociados.

3.10.4. Reforma del Senado.

El Partido Animalista- PACMA quiere hacer cumplir el objetivo que la propia Constitución de 1978 definió como la principal función del Senado, y que es la representación territorial.

Por ello, proponemos:

  • Convertir al Senado en una auténtica cámara de representación territorial, haciendo que todos los senadores y senadoras sean elegidos por la ciudadanía.
  • Reformar en profundidad el Reglamento del Senado para una mayor integración de las Comunidades Autónomas.
  • Reforzar desde el Senado las relaciones intergubernamentales entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas, con su participación en la toma de decisiones, elección de cargos públicos y altos representantes.

3.10.5. Reforma de la Constitución.

Para reflejar la realidad social actual, tanto en el ámbito de las personas, como de los animales y medio ambiente, es necesario reformar la Constitución, con la participación de todos los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales.

Proponemos:

  • Incluir como línea básica transversal la Carta Europea de los Derechos Sociales.
  • Incluir en la nueva Constitución el reconocimiento de los derechos de todos los animales, como ya existe en otras constituciones europeas.
  • Convertir la protección y bienestar de los animales, las personas y el medio natural en un objetivo estatal gracias a su inclusión en la Constitución.
  • Hacer las modificaciones necesarias para garantizar la reforma de la Ley Electoral, según lo expuesto en el punto 3.9.2.2.
3.10.5.1. Blindaje constitucional de las pensiones.

La preocupación por el futuro de las pensiones públicas, amenazadas por los fondos privados que las sustituyan ha abierto un gran debate social acerca de la idoneidad de su blindaje constitucional. Desde PACMA, como parte integrante de la Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones (MERP) proponemos:

  • Reformar la Constitución para incluir la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones.

3.10.6. Derogación de determinados acuerdos entre España y la Santa Sede y demás religiones.

La Constitución de 1978 declara que España es un Estado aconfesional (artículo 16) cuando dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal [...]”.

Proponemos:

  • La derogación de los Acuerdos entre España y la Santa Sede.
  • La derogación de cualquier acuerdo, del tipo que sea, con Representantes de toda religión.

3.10.7. Derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del año 2015.

La popularmente conocida como “Ley mordaza” restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas de la ciudadanía como la libertad de reunión pacífica, de expresión e información. PACMA propone la derogación de esta ley y la redacción, con el consenso del resto de fuerzas políticas, de una nueva norma que regule la necesaria seguridad ciudadana sin menoscabar la libertad de la ciudadanía ni poner en riesgo la libertad de expresión.

3.11. Acceso a la información.

Consideramos que las tecnologías de la información y la comunicación deben estar al alcance de toda la población, y servir como mecanismo para garantizar el acceso libre a la información. La libertad de información y la libertad de expresión son necesarias para evitar la concentración de la información en manos de unos pocos.

En una democracia real y participativa es fundamental la autonomía de los ciudadanos y ciudadanas, para lo que es indispensable la libertad de información.

Internet es uno de los pocos medios a través del cual la población puede acceder a diversas fuentes de información, diferente a la suministrada por los grandes medios de comunicación, con opciones pluralistas.

La posibilidad de conectarse a Internet y los recursos telemáticos son cruciales para un acceso sin límites a la información. Sin embargo, la ausencia de conectividad o de equipos pone de relieve la brecha digital, entendida como la separación que existe entre las personas que utilizan las nuevas tecnologías en su vida diaria, y aquellas que no pueden tener acceso a las mismas o que, aun teniéndolo, no saben cómo utilizarlas.

Por todo ello, apoyamos adoptar las siguientes medidas:

  • Instalación de puntos de acceso a internet gratuito para personas en riesgo de exclusión social.
  • Extensión de la comunicación inalámbrica.
  • Elaboración de guías informativas.
  • Elaboración y puesta en marcha de programas formativos gratuitos dirigidos a las personas mayores y a las personas en riesgo de exclusión social, con la finalidad de aprender a utilizar las nuevas tecnologías.
  • Uso de estándares abiertos en los documentos electrónicos emitidos y/o reclamados por la Administración.
  • Publicación de las herramientas y materiales desarrollados por la Administración con licencias de distribución libre.

3.12. Más justicia social.

3.12.1. Contra la violencia machista.

La violencia machista, como manifestación más cruel de la desigualdad y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de más de 900 mujeres en España desde 2003, año en el que en nuestro país se empezó a contabilizar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

Según recoge un informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las encuestas de Sanidad indican que 840.000 hijos e hijas de mujeres maltratadas sufren anualmente las consecuencias de la violencia machista en España. El 64,2% de manera directa.

La sociedad en general y las Administraciones Públicas en particular, deben participar en la erradicación de esta lacra social.

La violencia contra las mujeres desaparecerá cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza y de las listas de desempleo; cuando dejen de sufrir los problemas de conciliación de su vida personal, familiar y laboral; cuando exista una verdadera educación no sexista en la que las niñas y los niños tengan un presente y un futuro con las mismas oportunidades; cuando en los hogares haya realmente una corresponsabilidad y un reparto equitativo de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares; cuando se combata la discriminación salarial todavía existente y se promueva la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

Además de las medidas de igualdad y equidad ya propuestas en anteriores epígrafes, proponemos medidas específicas contra la violencia sobre las mujeres, como:

    Programas educativos de prevención de violencia sobre las mujeres en todas las etapas educativas, desde la educación primaria hasta la universidad.

  • Formación específica en la materia de todos los/as profesionales que intervengan en el proceso educativo, procurándoles las herramientas necesarias para la detección de situaciones de violencia machista en jóvenes.
  • Protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, con formación especializada para el personal sanitario.
  • Unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para atender los casos de violencia machista.
  • Potenciación de las unidades de valoración forense integral, con personal especializado.
  • Mejora de los mecanismos de protección para las víctimas. Estas mejoras han de pasar por articular en los presupuestos planes de ayudas económicas que les permitan rehacer sus vidas y que no se tramiten, como se hace en la actualidad, solo a través de las rentas activas de reinserción en casos muy graves de máxima necesidad.
  • Más recursos asistenciales y sociales para las víctimas de la violencia machista, con independencia del momento procesal en el que se encuentre su caso.
  • Fortalecimiento de la tutela judicial y del acceso a la justicia.
  • Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia (judicatura, fiscalía, abogacía, medicina forense y personal al servicio de la administración de justicia).
  • Implantación de equipos multidisciplinares con formación específica integrados por profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, medicina y psicología forense y policía, para ofrecer una respuesta integral a los casos de violencia machista durante todas las fases del proceso.
  • Mayor protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Debe darse a los/as menores un tratamiento y protección específicos, incluida la asistencia social integral, con la previsión de dotarles de asistencia letrada autónoma y defensor judicial en caso de conflicto de intereses.
  • Equipos especializados en menores víctimas de violencia machista en los órganos judiciales.
  • Incremento del número de casas de acogida, pisos tutelados y puntos de encuentro familiar.
  • Acceso para los animales a cargo de las mujeres víctimas de violencia machista a las casas de acogida y pisos tutelados.
  • Implantación de planes y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general y a los/as jóvenes en particular, con la finalidad de eliminar los prejuicios y estereotipos de género y prevenir conductas de violencia machista.

3.12.2. Por nuestros/as mayores.

Desde el Partido Animalista consideramos debido tener en cuenta las necesidades de atención, cariño y respeto que merecen las personas que ya se encuentran en la tercera edad, y poner en valor la necesidad de contar con su experiencia y sabiduría.

Hay que prestar especial atención a los problemas a los que se pueden enfrentar, como la salud, la discriminación, la violencia, el abuso o el abandono. Es necesario fijar un marco de trabajo sistemático para la protección y la promoción de sus derechos y necesidades.

La vida de las personas en la tercera edad se torna más pasiva. Muchas sufren un deterioro físico o psicológico que les impide valerse por sí mismas, y en su entorno no encuentran las atenciones necesarias.

En los casos en los que puedan permanecer en su propio domicilio, no se debe dejar de lado su supervisión, y se debe fomentar que puedan utilizar centros de día, para disfrutar de un entorno y actividades diarias.

Proponemos las siguientes medidas:

  • Provisión de sistemas de monitoreo.
  • Incremento de los recursos para ofrecer un tratamiento domiciliario adecuado.
  • Ampliación de los servicios de urgencias y transporte sanitario.
  • Ampliación del número de centros de día, así como de los programas de actividades dirigidas a las personas mayores.
  • Impulso de programas de acompañamiento y soporte a la tercera edad para paliar las situaciones de soledad y exclusión.
  • Potenciación de la relación entre las redes de voluntariado y profesionales de la salud, ofreciendo una mejor atención.
  • Aumento de las plazas en las residencias públicas para la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.
  • Regulación del acceso de animales de compañía en las residencias para la tercera edad.

3.12.3. Por la igualdad legal y el respeto a la diversidad de género, afectivo-sexual y familiar.

Las administraciones han de jugar un papel fundamental en la normalización de las ciudadanas y ciudadanos lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, debiendo ser un referente positivo de integración y de lucha contra toda discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género.

PACMA está comprometido con la lucha contra toda discriminación. Por ello, suscribimos e incorporamos las demandas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, como:

  • Leyes integrales de transexualidad.
  • Leyes por la igualdad de las personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
  • Promoción de la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos, así como de la prevención del acoso y la violencia por homofobia, bifobia y transfobia en los centros educativos.
  • Realización de programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar, así como campañas específicas para la prevención de la LGBTIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de género.
  • Creación y/o apoyo a servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGBTIQ+.
  • Creación de un programa de Información y Atención a personas LGBTIQ+, que contemple también actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización dirigidas tanto a profesionales como al conjunto de la población.
  • Desarrollo de programas, servicios, campañas y/o actividades de apoyo psicológico y social dirigidos a LGBTIQ+ con objeto de ayudarles a enfrentar y superar la LGBTIfobia así como de apoyar a las personas transexuales a lo largo del proceso transexualizador.
  • Realización de campañas de normalización social de la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad y la intersexualidad y el respeto tanto a la diversidad sexual como familiar.
  • Reconocimiento del derecho de las mujeres sin pareja varón a los tratamientos de reproducción asistida del sistema público de salud.
  • Inclusión y reconocimiento de las familias LGBTIQ+ en las políticas sobre familias.
  • Asunción por parte de la sanidad pública del proceso transexualizador completo.

3.12.4. Por los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

En PACMA somos conscientes de las dificultades a las que se deben enfrentar las personas con discapacidad y consideramos por ello necesario eliminar todos los factores y elementos que limitan su desarrollo personal y social y su acceso a los derechos bienes y servicios de la comunidad.

Apoyamos y defendemos las propuestas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, reforzar el reconocimiento y la protección de sus derechos, promover la igualdad de oportunidades y, en definitiva, elevar su grado de inclusión y normalización sociales. Entre otras:

  • Aprobación de un Plan de atención sociosanitaria dirigido a las personas con discapacidad y a sus familias.
  • Inclusión de las personas con discapacidad que no dispongan de recursos económicos en los programas de rentas mínimas.
  • Cobertura informativa de la discapacidad de manera inclusiva en los medios de comunicación públicos.
  • Garantía de la libertad de circulación y la accesibilidad, mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas, el aumento de la accesibilidad en los edificios y medios de transporte, y la creación de estacionamientos suficientes reservados.
  • Campañas de formación en accesibilidad para todos los agentes implicados en la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes y en las nuevas construcciones.
  • Elaboración de auditorías para analizar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en edificios públicos.
  • Apoyo para la adquisición de medios que permitan la circulación de personas con discapacidad visual, sin uso de animales, tales como GPS o voluntariado.
  • Acceso de animales a los medios de transporte.

3.12.5. Por las personas migrantes.

Todas las personas podemos ser migrantes en algún momento. Actualmente, más de 200 millones de personas en el mundo lo son. La guerra, la persecución, la violencia, la inseguridad, la miseria, la falta de oportunidades o la crisis climática, son algunas de las causas que pueden llevar a una persona a abandonar su país, su casa, su familia, su vida. La esperanza de una vida mejor les lleva a enfrentar el miedo, el dolor, la soledad, los peligros y los abusos que pueden encontrar en el camino.

Desde PACMA nos adherimos a la campaña “Yo Acojo” de Amnistía Internacional, para exigir a los gobiernos que brinden a las personas refugiadas la protección que necesitan y garanticen que sus derechos humanos sean respetados.

La campaña solicita un lugar seguro para que las personas que huyen puedan rehacer sus vidas. No solo para quienes han tenido que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos bélicos. En el mundo, millones de personas son perseguidas por su raza u origen étnico, convicciones políticas o religiosas, u orientación sexual. En muchos casos, estas personas se ven obligadas a huir ante el miedo a ser detenidas, torturadas, maltratadas o incluso asesinadas.

Actualmente hay más de 25 millones de personas refugiadas. Se trata de una crisis de envergadura mundial. Sin embargo, mientras países con menos recursos hacen todo lo que pueden y más, los países más ricos hacen poco o nada.

En España, el anterior Gobierno se comprometió a acoger entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2017, a 19.449 refugiados. Al terminar el plazo solo había acogido a 2.500. El Tribunal Supremo ha considerado ese acuerdo vinculante, y obliga a España a recibir el 85% restante, convirtiéndonos en el primer país de la Unión Europea al que sus tribunales de justicia han condenado por incumplirlo. A estas alturas, nuestro país empieza a entender la importancia de que la Unión Europea afronte la crisis migratoria de manera solidaria.

Desde el Partido Animalista proponemos adoptar las siguientes medidas:

  • Aumento del presupuesto y del número de plazas en los centros de acogida, con especial atención a la situación de los niños y niñas migrantes no acompañados.
  • Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y de alojamiento para una inclusión efectiva.
  • Programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.
  • Equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.
  • Creación de un Servicio de Atención a Personas Inmigrantes y Refugiadas, que ofrezca información y asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario. En el mismo se ofrecerá información específica sobre la protección animal y el protocolo que se debe seguir en caso de traer un animal desde otro país.
  • Ofrecimiento de un servicio de aprendizaje del idioma.
  • Puesta en marcha de programas y campañas contra la xenofobia, el racismo y la exclusión social, dirigidas a la ciudadanía.

3.12.6. Lucha contra los delitos de odio.

La sociedad española es una sociedad diversa y plural. Sin embargo, grupos sociales son víctimas de discriminación y de violencia por su edad, etnia, nacionalidad, religión, diversidad funcional, orientación sexual e identidad de género. Diariamente centenares de personas son acosadas, insultadas, vejadas públicamente e incluso agredidas y asesinadas por ser catalogados como diferentes.

Proponemos:

  • Recuperar el proyecto de la Ley de igualdad de trato y no discriminación, que es un texto integral en base al principio de no discriminación y a la igualdad de trato en todos los ámbitos de la sociedad, con una vertiente reparadora y otra preventiva, identificando la problemática, garantizando la protección y reparación de las víctimas, con un régimen de infracciones y sanciones.
  • Establecer una estrategia estatal para la formación y prevención en el ámbito educativo, sanitario, laboral y en las Administraciones Públicas.

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