La Rioja, Aragón y Extremadura también ceden ante los cazadores

¡Vergonzoso! La Rioja, Aragón y Extremadura permiten la caza durante el estado de alarma e incluso quieren dar más favoritismos a los cazadores.

El Gobierno central, cómplice habitual del sector cinegético, emitió un comunicado a las comunidades autónomas el 14 de abril recomendando la caza para mantener el control de las poblaciones de jabalíes. Esta concesión no solo es indignante, ya que permite que los cazadores salgan al monte a matar mientras que la sociedad española permanece confinada; sino que no está respaldada por los estudios científicos de situación de las poblaciones ni por los informes peritados de daños en las cosechas que establece la ley.

Sin embargo, muchas comunidades autónomas, algunas de las cuales ya antes de dicho comunicado habían emitido órdenes de caza, vulnerando el real decreto del estado de alarma, no han tardado ni un segundo en perpetuar la violenta actividad cinegética.

Estas comunidades autónomas no se han contentado con dar un trato claramente de favor para permitir a los cazadores que salgan al monte a pegar tiros mientras todos y todas nos quedamos en casa, sino que incluso pretenden ampliar sus privilegios.

La Junta de Extremadura, además de reconocer las excepciones recomendadas por el Gobierno, amplía el control de poblaciones de jabalí, incluyendo la ambigüedad de poder cazar «otros depredadores». Solo dos días después de la comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General de Política Forestal extremeña adoptó «medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19». Es decir, además de permitir la caza de jabalíes, la amplían a conejos y «depredadores», dejando premeditadamente abierta la interpretación.

Esto implica que, una vez más, los cazadores tienen carta blanca para salir a matar prácticamente cualquier animal que se les antoje y la Junta de Extremadura los blinda.

Similar es el caso de Aragón, que ha anunciado la publicación en el BOA de una Orden que permitirá reanudar los controles poblacionales de jabalí, conejo, corzo, ciervo y cabra montés mediante la acción cinegética. Una vez más, adaptan la ya de por sí injusta concesión estatal de permitir el control de poblaciones de jabalíes para que los cazadores aragoneses puedan matar prácticamente lo que les venga en gana. Además, la comunidad aragonesa recomienda el uso de EPIs para el ejercicio de la caza, equipos de protección individual que escasean en la sanidad y a los profesionales que realmente los necesitan.

Algo muy similar sucede en La Rioja que, por supuesto, se ha sumado al carro de ceder ante los intereses de los cazadores. En primer lugar, reaccionaron con una agilidad impropia de la administración para permitir a los cazadores realizar el control de población promovido por el Gobierno. Rápidamente, ampliaron el mismo para permitir también la caza de conejos, no reflejada en el comunicado estatal. Pero, lejos de conformarse, también piden poder seguir matando corzos e incluso poder contratar a cazadores para que realicen estas ejecuciones. No solo quieren seguir matando animales, sino que quieren convertirlo en un negocio incluso en estado de alarma, mientras todos y todas nos quedamos en casa por responsabilidad social.

En definitiva, todos los partidos políticos y las administraciones siguen cediendo ante los intereses de los cazadores, aunque eso suponga poner en peligro a toda la sociedad, que sacrifica su libertad de tránsito para luchar contra la propagación de la COVID-19.

PACMA es el único partido que exige la prohibición de esta innecesaria y violenta actividad y, por ello, nuestro equipo de abogados se ha puesto en contacto con las administraciones de Extremadura, La Rioja y Aragón para informarles de que permitir la caza en esta situación supone una vulneración del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Instamos a estas y todas las comunidades autónomas que han decidido ceder ante las presiones del sector cinegético a que rectifiquen y paralicen el ejercicio de la caza en todo el territorio español.

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