Llevamos la orden de caza de Aragón ante el Tribunal Superior de Justicia

El Gobierno aragonés ha permitido la caza en su comunidad durante el estado de alarma. Tras una advertencia, lo llevamos ante la justicia.

El pasado 14 de abril, el Gobierno del PSOE y UP, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, enviaba una comunicación a las comunidades autónomas instándoles a realizar acciones para controlar las poblaciones de jabalíes, pese a carecer los estudios de población y los informes de daños que establece la ley. Tres días después, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón emitía una Orden autorizando medidas de control de poblaciones cinegéticas.

Poco después nos pusimos en contacto con la administración aragonesa para informarles de que dicha Orden vulnera el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Les invitamos a rectificar y anular la Orden, pero se han negado a hacerlo, por lo que interponemos un recurso contencioso administrativo contra la Orden AGM/329/2020 ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, basándonos, entre otras cuestiones, en las siguientes:

  • El Ministerio de Agricultura no tiene competencias durante el estado de alarma para autorizar controles poblacionales, que son, en todo caso, medidas excepcionales.
  • No obstante, el Ministerio se refiere únicamente a jabalíes y el Gobierno de Aragón amplía a cabras montés, conejos, corzos y ciervos.
  • Además, y en todo caso, durante el estado de alarma solo se contempla estipular órdenes «para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad (COVID-19) y reforzar el sistema de salud público», excepciones que no incluyen la caza para el control de poblaciones.
  • No existe ningún censo de las poblaciones de las especies a las que hace referencia la Orden del Gobierno aragonés, por lo que tampoco podemos saber cuándo se logra el supuesto equilibro poblacional que dicen querer conseguir.

Por estos motivos, además de muchos otros precedentes de irregularidades, sueltas de conejos por parte de las granjas cinegéticas y demás argucias de los cazadores y de las administraciones que siempre los apoyan, hemos iniciado un trámite contencioso administrativo contra la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón. Además, mientras se tramita la misma, pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Aragón como medida cautelar la suspensión de dicha orden, paralizando así el ejercicio de la caza en toda la comunidad autónoma.

PACMA es el único partido político que exige la prohibición de la caza por ley, ya que es una actividad violenta e innecesaria.

Comenta:

Cargando comentarios...
?>