Los auténticos intereses detrás de «20M Rural»

Ganaderos, cazadores y taurinos, como siempre, exigen privilegios y un trato excepcional.

Ayer tuvo lugar la manifestación del «20M Rural», organizada por ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza, UCTL, Alianza Rural, Fenacore, Cooperativas Agro-Alimentarias de España y la Oficina Nacional de la Caza. Intentaron victimizarse como los grades olvidados por las administraciones públicas y alzarse como adalides del mundo rural. Nuestro presidente, Javier Luna, no ha tardado en reaccionar a las afirmaciones de los colectivos de cazadores, ganaderos y taurinos, que llevan semanas haciendo campaña e invirtiendo cantidades astronómicas de dinero (casi medio millón de euros en autobuses solo por parte de la Federación Andaluza de Caza) para traer manifestantes al encuentro.

«En el movimiento animalista y medioambiental no tenemos por objetivo asediar al mundo rural ni perjudicar a las personas que viven directamente de él, sino informar y promover las buenas prácticas y respeto por la vida y la biodiversidad. Sin embargo, el ejemplo de muchos agentes del campo es el principal promotor de la actitud negativa que la sociedad ha adoptado hacia determinados sectores«.

Desde PACMA nos dedicamos, entre otras cosas, a documentar y denunciar prácticas que resulten negativas para terceros, ya sean animales o personas, y de proteger el medioambiente a través de la elaboración y presentación de propuestas políticas, además de ejercer presión a las administraciones cuando no actúan, que es la mayoría de las ocasiones.

El problema radica en la mala praxis que impera en múltiples actividades del campo, además de la total y deliberada ignorancia hacia la capacidad de sintiencia de los animales. Es imposible seguir viviendo al margen del hecho de que los animales que se explotan en el campo, sea para el fin que sea, ya están reconocidos como seres sintientes. Tienen percepción de su existencia, establecen vínculos afectivos, tienen sentimientos y experimentan miedo, como las personas. La sociedad exige que sean respetados, y es imposible si las cosas no cambian ya.

La información es y será la herramienta que llevará a la sociedad a entender por qué las actuales prácticas del mundo rural son insostenibles y urge reconvertir unas por completo, a la vez que abolir otras totalmente innecesarias.

Tanto la caza como la tauromaquia tienen un interés principalmente económico; ni tradiciones, ni campo, ni forma de vida, ni cuidado de lo rural. Se ha demostrado una y otra vez que no solo es innecesario sino que, de hecho, es perjudicial para los ecosistemas interferir controlando artificialmente las poblaciones, eliminando depredadores y provocando sobrepoblaciones o despoblaciones para posteriormente criar, soltar y volver a repoblar para volver a matar cíclicamente a los animales; va totalmente contra natura.

La caza: un despropósito a flote gracias a subvenciones

Según el estudio «El impacto de la caza en España», de Ecologistas en Acción, las consecuencias de la cinegética inciden también en la morfología del campo: «La proliferación de vallados cinegéticos, tiraderos, caminos, comederos, balsas de agua y embalses, casas y hasta palacetes o pabellones de caza, son elementos que además de antropizar el medio natural, artificializan el ejercicio de la caza tradicional con el objetivo de asegurar un mayor número de trofeos, cualitativamente más atractivos y por lo tanto, más comercializables».

En el documento también se hace alusión a las granjas cinegéticas, de las que se obtienen ya más de la mitad de algunas especies «cazables» en España: «Según datos del Anuario de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2013, en España fueron cazadas 2.423.519 perdices en total, mientras que se soltaron más de 1.350.000, es decir, las sueltas equivalen al 55,7 % del total de ejemplares cazados».

Es imposible determinar el número de granjas cinegéticas en funcionamiento en España debido a la opacidad con la que se tratan sus registros, que no están disponibles en las páginas web de varias comunidades autónomas, siendo todo un misterio poder determinar con datos precisos qué porcentaje de animales cazados provienen de criaderos, lo cual desmentiría una de las premisas de la caza: el control poblacional.

La caza es una actividad en declive según las estadísticas, con escaso relevo generacional y muy masculinizada, lo cual ha potenciado la inyección de dinero público para mantenerla y la confección de paquetes de bonificaciones y medidas de fomento en varias comunidades autónomas para evitar su pérdida total.

Un entramado de altos cargos e intereses comunes

Los cazadores aficionados no son los únicos que se manifiestan; según un artículo publicado por el periódico La Marea, entre los principales convocantes se encuentran altos cargos de entidades que reciben cuantiosas subvenciones en nombre de la caza, como es el caso de la Fundación Artemisan, de la que es presidente José Luis López-Schümmer, que a su vez es directivo de Alianza Rural, cuyos vicepresidentes son Manuel Gallardo, que también es vocal de Artemisan, y Pedro Barato Triguero, que es presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

Los estrechos lazos entre las diferentes organizaciones convocantes son, cuanto menos, curiosos. En la Junta Directiva de Alianza Rural también figura Lola Merino; portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, y Antonio Bañuelos García, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Miguel Ángel Valverde Menchero, exsenador del Partido Popular y alcalde de Bolaños de Calatrava, también apoya la convocatoria.

«Nos condenan con la Ley de protección y derechos de los animales»

Así reza un vídeo promocional publicado en la web oficial de la manifestación, en la que acusan sentirse «asfixiados» por las nuevas medidas que se prevén de cara a la futura aprobación de la Ley estatal.

Aunque las previsiones del anteproyecto están todavía en las antípodas de lo que debería ser una Ley de protección animal en el año 2022, los cazadores, los ganaderos y el mundo taurino no se han leído el anteproyecto y no son conscientes de que se están quejando por cosas que no les afectan. Hay una laxitud que se mantiene hacia los colectivos que más maltratan estadísticamente a los perros, como son los ganaderos y los cazadores, uno de los motivos por los que no estamos de acuerdo con el Anteproyecto.

Por otro lado, resulta preocupante que «el mundo rural» luche activamente contra los derechos de los animales, ya que con ello reconocen de manera explícita que la obligación de tratarlos mejor perjudicaría a su forma de vida.

Los ganaderos se victimizan: «Nos culpan del cambio climático»

Lo cierto es que, según datos del propio Ministerio de Transición Ecológica, la ganadería es el cuarto sector más contaminante en España y uno de los más contaminantes del mundo, con más de 3.200 grandes granjas (más conocidas como macrogranjas) de cerdos y más de 500 de aves registradas en 2020 en nuestro país.

Que la ganadería es altamente contaminante no es un secreto; la propia ONU ya se pronunció al respecto, y España ha recibido ya sanciones por incumplimiento de la normativa en base a la insostenibilidad y alto potencial de contaminación de este sector, cuyos purines derivados afectan al suelo, los acuíferos, la capa de ozono y contribuyen al cambio climático.

Efectivamente, la ganadería y su mala praxis son responsables directos de una parte importante de los factores que desatan la crisis climática que tenemos hoy; ya no hablamos del maltrato y las miserables condiciones de vida de los animales en las granjas, que esa es otra cuestión, es que el nivel de producción es insostenible también en términos medioambientales.

Fijándonos en las estadísticas, la ganadería sí que estaría en el podio de las actividades más contaminantes del mundo y, por tanto, sería una de las principales accionistas de la crisis climática.

Sin embargo, desde hace unos pocos años estas grandes empresas nacionales y multinacionales han venido desarrollando una estrategia de green washing para paliar los efectos negativos de la mala imagen que han creado los durísimos vídeos de mataderos y la desertización de las áreas colindantes a estos centros de producción.

La ganadería es un sector extremadamente potente y beneficioso para los empresarios y terratenientes, por lo que tienen motivos de sobra para manifestarse argumentando que han sido abandonados por las administraciones, o que se sienten criticados porque, por primera vez en la historia, su actividad empieza a ser cuestionada y su nivel de vida peligra.

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