Un agente rural mata, por orden de una concejala, a un cerdo que iba a ser trasladado a un santuario

Una vecina se hizo cargo de él durante varias semanas, habilitándole una parcela y suministrándole alimento y agua.

El pasado 18 de diciembre apareció, abandonado en el municipio de Saus, Camallera i Llampaies (Girona), un cerdo doméstico de aproximadamente un año de edad. Una vecina se hizo cargo de él durante varias semanas, habilitándole una parcela y suministrándole alimento y agua. Cuando quiso preguntar a las autoridades locales qué podía hacer con él, estos afirmaron que, de acudir a su llamada, no podrían hacer otra cosa que darle muerte. Dado esto, la cuidadora acabó poniéndose en contacto con la Fundación Santuario Gaia, en la misma provincia, que aceptó acoger y hacerse cargo del cerdo, ya bautizado como George.

Procedió la vecina a comunicar la noticia a la concejala Mercé Hugués, a quien había informado de la situación desde un comienzo, para que diese orden a los agentes rurales de acabar con el seguimiento al animal ya que el caso estaba resuelto y George tendría dónde quedarse. Sin embargo, la señora Hugués, que parecía tener problemas con la presencia del animal en el pueblo, dio orden directa de ejecutarle a los agentes rurales, supuestos encargados de velar por el bienestar tanto de los animales como de la naturaleza.

Estos se llevaron a George de las instalaciones de su cuidadora sin revelarle su destino final. Tras varias llamadas tanto de esta persona como de los responsables de la Fundación, y con la negativa por delante a dar explicaciones sobre la situación, los agentes rurales indicaron, de muy malas maneras, que el caso «estaba cerrado». Posteriormente se supo que, en el transcurso de estas llamadas, George aún seguía con vida.

La Fundación puso la situación en conocimiento del Colegio de Abogados de Girona y Barcelona.

Tanto la concejala, como el alcalde, Esteve Gironés, y los agentes rurales han sido denunciados por un presunto caso de maltrato animal, prevaricación y daños por las abogadas Eva Díaz y Marta Muntada, de la asociación de juristas Lex Ánima, que colabora con PACMA en casos como el de los 38 beagles de Vivotecnia. Cifran los daños causados en 25.000 euros, y explican que la «conducta temeraria de los agentes rurales es consecuencia de la consigna política antianimalista que el nuevo gobierno de la Generalitat, liderado por Teresa Jordá, impulsa dando el dinero público a los cazadores para matar todos los animales que consideren».

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