- El Partido Animalista respalda a las asociaciones que reclaman que el cuidado de los animales no se confíe a una empresa rodeada de denuncias, expedientes y polémicas en distintos centros de España.
- Presentan una petición formal al Ayuntamiento.
Oviedo, 11 de agosto de 2026 – El Partido Animalista PACMA muestra su apoyo a las asociaciones y colectivos ciudadanos que están reclamando al Concejal responsable de Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias (PP), que no adjudique a Athisa Medio Ambiente la gestión del albergue municipal de animales.
La posible adjudicación ha generado gran preocupación entre las entidades de protección animal locales, que advierten de esta empresa, vinculada principalmente a servicios de control de plagas, acumula numerosas quejas por su actividad en diferentes centros de España, y señalan que tendría hasta ocho procedimientos judiciales abiertos relacionados con presuntos delitos de maltrato animal.
PACMA considera que estos antecedentes «deberían bastar» para que el Consistorio actuase «con la máxima cautela» y reconsidere la adjudicación: «El Ayuntamiento todavía está a tiempo de evitar una decisión que puede comprometer seriamente el bienestar de los animales y terminar generando un problema social y judicial», explica la portavoz del partido, Yolanda Morales.
El procedimiento administrativo puede continuar después de que el juzgado rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, actual responsable del centro, si bien esta resolución no resuelve el fondo del recurso contencioso-administrativo presentado contra la exclusión de la Fundación del procedimiento ni supone un pronunciamiento judicial favorable sobre la idoneidad de Athisa.
La formación política destaca la trayectoria de la actual gestora, que se encuentra al frente del albergue desde el año 2022, y considera que un servicio público tan sensible debe recaer «en entidades especializadas, con experiencia acreditada y un historial incuestionable en materia de protección animal».
Antecedentes preocupantes en otros municipios
PACMA ya ha denunciado o cuestionado públicamente la participación de Athisa en la gestión de centros de protección animal de otras ciudades.
En Badajoz, el partido alertó en varias ocasiones, a partir de imágenes y testimonios, de perros hacinados, animales expuestos a las inclemencias meteorológicas, jaulas insalubres y acumulación de excrementos y orines. En Granada, el Ayuntamiento llegó a ordenar la reubicación de la mayoría de los perros alojados en el centro El Vivero, gestionado por Athisa, ante los problemas de encharcamiento por las lluvias. Las instalaciones ya habían sido objeto de críticas por sus deficiencias anteriormente.
La empresa también ha protagonizado controversias en Logroño, donde se tramitaron expedientes por presuntos incumplimientos graves del contrato y una prestación deficitaria del servicio. A estos antecedentes se suman la intervención del servicio que prestaba en la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz y las quejas relacionadas con otros centros, como el de Motril.
PACMA también se opuso recientemente a que la recogida de animales abandonados y la gestión de los centros municipales de Valencia se adjudicaran a una unión de empresas integrada por Athisa. Para el partido, la sucesión de denuncias y conflictos obliga a todas las administraciones a extremar las precauciones antes de confiarle nuevos servicios de protección animal.
PACMA respalda la petición de las asociaciones ovetenses y ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Oviedo que no se proceda a la adjudicación del albergue a esta empresa. Asimismo, insta al Consistorio a estudiar todas las alternativas legales disponibles y a garantizar que la gestión continúe en manos de una entidad con experiencia específica, vocación protectora y una trayectoria limpia.
Hay que poner el foco en el órgano municipal «competente» (Alcalde, Pleno, Junta de gobierno, Regidor delegado de contratación, etc.) que selecciona a una empresa sin comprobar previamente su adecuada solvencia técnica y profesional para ser adjudicataria de un contrato como el citado, o bien, a pesar de su acreditada insolvencia técnica y profesional (esto último, no sería solo un ilícito administrativo que permitiría la anulación del contrato, sino una grosera arbitrariedad constitutiva de un posible delito de prevaricación).