El Partido Animalista solicita el expediente completo de las monterías previstas para la temporada 2026/2027 y reclama información sobre su justificación técnica, los protocolos de seguridad y las alternativas no letales para el control de fauna.

Badajoz, 12 de agosto de 2026 – La coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) en Badajoz, Rosa Cortés, ha presentado una solicitud de información ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura en relación con la organización de 15 monterías públicas durante la temporada 2026/2027, cuya licitación asciende a 161.942,85 euros.

PACMA cuestiona que se destine dinero público a la celebración de monterías y exige conocer los censos, estudios poblacionales e informes técnicos utilizados para justificar tanto las jornadas de caza como las acciones extraordinarias de control. En concreto, reclama información sobre las especies afectadas, el número estimado de animales, su distribución y la metodología empleada en los estudios.

Preocupación por el consumo de alcohol y el uso de armas

El Partido Animalista también ha mostrado su preocupación por la información publicada acerca del servicio de catering previsto para los participantes, que incluiría vino.

La organización considera «incomprensible» que pueda facilitarse el consumo de alcohol antes de una actividad en la que los participantes portarán y utilizarán armas de fuego, por lo que piden la realización de controles de alcoholemia o de consumo de sustancias estupefacientes antes y durante las jornadas cinegéticas.

Alternativas no letales

PACMA reclama asimismo que la gestión de las poblaciones de fauna silvestre se realice conforme a criterios éticos, científicos y eficaces, priorizando métodos no letales frente al recurso a las monterías, surtidas en muchas ocasiones con animales criados en criadero. 

Entre las alternativas planteadas por el partido se encuentra la inmunocontracepción mediante vacunas anticonceptivas. Por ello, PACMA solicita a la Junta todos los informes o estudios en los que se haya analizado la utilización de este tipo de medidas y, en caso de haber sido descartadas, las razones técnicas, científicas, económicas o jurídicas que hayan llevado a adoptar esa decisión.

La formación política también exige información sobre la posible cría, procedencia, transporte y suelta de animales de especies cinegéticas en las fincas o cotos afectados, incluyendo las granjas de origen, el número de ejemplares introducidos, las autorizaciones administrativas y los informes veterinarios y sanitarios.

“Si la Junta considera necesario gastar más de 160.000 euros de dinero público en estas actuaciones, debe explicar con absoluta transparencia qué estudios las justifican, qué alternativas se han valorado y qué medidas va a adoptar para garantizar la seguridad”, concluye Cortés.