Madrid, 28 de agosto de 2026 – El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha presentado una denuncia ante la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil para que esclarezca los hechos narrados públicamente por la periodista y presentadora Cristina Tárrega sobre la muerte de un erizo tras una fumigación en su propiedad.

En la intervención recogida en la denuncia, Tárrega afirma que pidió al jardinero que fumigase y que un erizo ingirió el producto. Según su propio relato, consideró llevar al animal al veterinario, pero finalmente no se produjo el traslado y el erizo apareció muerto. La presentadora atribuyó el fallecimiento al producto utilizado, al que se refirió como «veneno».

En la misma intervención alude a la presencia habitual de un búho real en la finca y a contactos previos con el SEPRONA para que fuese retirado. PACMA considera que este contexto hace necesario comprobar si el producto pudo representar un riesgo para esa ave, también protegida, o para otros ejemplares de fauna silvestre, ya fuera por ingestión directa o a través de animales intoxicados.

Petición de investigación

El partido político considera «imprudentes» las acciones de la presentadora, la acusa de frivolizar con la muerte del animal y de poner en peligro la vida del ave, por lo que solicita a la Guardia Civil que practique las diligencias necesarias para determinar cómo y en qué condiciones se aplicó el producto de fumigación y comprobar cualquier eventual afectación también al búho real o a otros animales.

El escrito sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal con resultado de muerte y de delitos contra la fauna, con referencia a los artículos 340 bis, 334 y 336 del Código Penal, sin perjuicio de otras responsabilidades penales, administrativas o civiles que puedan derivarse de la investigación.

Especies protegidas

El erizo moruno y el búho real están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, regulado por el Real Decreto 139/2011. Para PACMA, esta condición refuerza la necesidad de aclarar el alcance de lo ocurrido y las posibles consecuencias del uso de una sustancia potencialmente dañina en un espacio frecuentado por fauna.