El pasado lunes, 24 de mayo, las redes sociales se incendiaron al comprobar, una vez más, la crueldad y maltrato que caracterizan a la caza. Gracias a un vídeo publicado por el Diario Animalista y Galgos del Sur, pudimos observar las terribles condiciones en las que malvivían cuatro perras, rodeadas de inmundicia y sin atención ninguna, en la finca de un cazador de Níjar (Almería).

Galgos del Sur y el Diario Animalista descubren el infierno

Javier Luna, cofundador de Galgos del Sur y coordinador de PACMA en Córdoba, recibió un aviso y acudió a esta finca del municipio de Níjar, acompañado del Diario Animalista para grabar unas durísimas imágenes. Al abrir una arqueta, encontraron esqueletos de galgos, con el collar puesto y rodeados de cartuchos de escopeta. Cerca del lugar, una bolsa llena de cachorros ensangrentados, muertos recientemente y de forma violenta. Detrás de un enrejado, cuatro perras en pésimas condiciones, rodeadas de mendrugros de pan duro, agua verde y excrementos. Una está extremadamente delgada y apenas tiene pelo, muestra heridas y los ojos inflamados. Otra, que reacciona con pavor, está plagada de garrapatas y moscas. La escena es dantesca.

Galgos del Sur presentó tres denuncias, acompañadas por un informe veterinario que aseguraba el peligro que corrían los animales si no recibían atención urgente, y pedían el decomiso de los mismos, ofreciéndose a acogerlos. Sin embargo, la Guardia Civil consideró que no existían motivos para ordenarlo y sacar de allí a las perras de manera urgente.

Por suerte, tras dos días de intensa presión en redes sociales y en medios de comunicación, el cazador propietario de la finca cedió por fin a los animales a la protectora Angelitos Vagabundos. Lamentablemente, una de las perras fue eutanasiada;, murió habiendo visto solo la cara más oscura de las personas: la condena a una vida como perro de caza. Pese a que la Guardia Civil comunicó en un principio que esta perra fue eutanasiada debido a su avanzada edad, días después el Diario Animalista publicó que el animal tenía solo 7 u 8 años y fue ejecutada justo después de la grabación de las imágenes y en contra del criterio veterinario y de la protectora. Es decir, el cazador se deshizo de ella, una prueba viviente del horrible maltrato y delito cometido.

Ante semejante maltrato e injusticia, y los numerosos avisos que recibimos de habitantes del municipio informando sobre otros cazadores que tienen a los perros que emplean como herramientas en similares condiciones, desde PACMA solicitamos una reunión con el Ayuntamiento de Níjar para abordar esta lacra. En ella, la alcaldesa, Esperanza Pérez, ha manifestado estar trabajando ya en este y otros casos y su compromiso en la lucha contra el maltrato animal, para la cual ofrecemos nuestra colaboración.

Una segunda oportunidad para las galgas y la podenca

Afortunadamente, la vida de estas tres perras ha dado un giro esperanzador. Ahora tienen agua fresca y limpia y comida adecuada para ellas, han sido desparasitadas y atendidas por profesionales veterinarios y, quizá lo más importante, son respetadas y queridas. Ya saben que las manos humanas pueden acariciar y cuidar, no solo disparar y matar.

Pero, aunque tenga un final feliz para ellas, no es el fin para este caso. Esperamos que las denuncias lleven a este cazador ante la justicia y le hagan pagar por los numerosos delitos cometidos. No obstante, desde PACMA consideramos que la actuación de la Guardia Civil de Níjar ha distado mucho de lo esperado de un cuerpo de seguridad que lleva el #YoSiPuedoContarlo como lema, haciendo galardón de una campaña contra el maltrato y el abandono. Si así hubiera sido, quizás esa podenca ahora estaría a salvo con sus compañeras en la protectora, y no muerta por haber sido abandonada en manos de su maltratador. Por eso hemos presentado una queja formal ante la Guardia Civil, para transmitir nuestra preocupación y hacer hincapié en las irregularidades cometidas en este procedimiento y la urgencia en subsanar los errores.

Llevamos años reivindicando la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reciban una formación específica para los casos de maltrato animal y, por desgracia, el caso de las perras del cazador de Níjar nos ha dado la razón una vez más