Llevamos meses avisando de que la reforma del Código Penal para los delitos de maltrato animal, tal y como está planteada, podría facilitar la impunidad de los delincuentes al permitir cambiar las penas de prisión por multas económicas. La Fiscalía también transmitió al Gobierno su preocupación acerca de esta reforma el pasado mes de septiembre.

El Ministerio fiscal reconoce que «existe una sensación de impunidad generalizada ante el maltrato animal dada la poca entidad y efectividad de las penas y la dificultad de establecer mecanismos de salvaguarda para estos animales tanto durante la tramitación como al finalizar el proyecto», lo cual «es coincidente con la creciente sensibilización de la sociedad en la protección de los animales en general, y en particular de los que viven en el entorno humano, siendo todos ellos seres sintientes en tanto que seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben ser protegidos».

Sin embargo, observan que, si bien el propósito del legislador era endurecer las penas, «se introducen alternativamente penas no privativas de libertad (multas), por lo que el pretendido efecto disuasorio puede quedar seriamente afectado». Opinión que compartimos desde PACMA, pues dichas multas pueden equivaler a la impunidad del condenado si este se declara en situación de insolvencia.

Pero no solo eso. La Fiscalía también advierte que, con la legislación vigente, «en casos en los que el animal fue intervenido provisionalmente, ha de ser devuelto a su propietario»; algo que se deja sin resolver en esta nueva propuesta de reforma, ya que «una vez cumplida la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, industria o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, transcurrido el tiempo de condena establecido por sentencia firme, se dictamina que la víctima (el animal) retornará con su maltratador».

Apuntan que «esta situación no varía» porque la reforma actual se limita a «regular las medidas cautelares en la tramitación del proceso». No se aborda cuál será la protección del animal maltratado una vez finalizado el procedimiento y la ejecución de la sentencia condenatoria. Concluyen a este respecto con que «la evolución social frente a la problemática del maltrato animal que fundamenta el Anteproyecto de Ley Orgánica, no parece compatible con la pervivencia de esta situación normativa que permite la recuperación por su titular del animal víctima una vez cumplida la pena».

La reforma del Código Penal aún no ha sido sometida a votación en el Congreso de los diputados. Desde PACMA instamos al Gobierno a que recapacite respecto a la aprobación del borrador tal y como se encuentra elaborado actualmente. Esperamos que nuestra insistencia y la de las diferentes entidades de protección animal y del propio Ministerio Fiscal sea un punto de inflexión para no dar luz verde a un proyecto que hace aguas en una materia tan relevante como es el maltrato animal en España.

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