Hemos solicitado formalmente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda una reforma legal para incluir la protección animal como fin de interés social.
A la hora de realizar la declaración de la Renta, podemos asignar una parte de la cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia y/o a otros fines de interés social. Es el conocido 0,7%.
Los ejes de las actividades de interés general que deben ser consideradas de interés social y tenidos en cuenta en la distribución de las ayudas financiadas con ese porcentaje están determinados en el Real Decreto-ley 7/2013: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, educativas o de inserción laboral; el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia; la protección del medio ambiente; la cooperación al desarrollo; y el fomento y modernización del Tercer Sector de Acción Social.
Desde PACMA defendemos que las entidades dedicadas a la protección animal, cuyas actividades pasan por defender, rescatar, recuperar, cuidar o acoger a los animales que han sido abandonados y/o maltratados, realizan una labor de importante utilidad pública, que aún no está lo suficientemente valorada, reconocida y apoyada.
Al carecer aún de un registro de ámbito nacional, no existen estadísticas oficiales sobre el número de animales abandonados. Los estudios de la Fundación Affinity estiman que son cerca de 300.000 cada año, pero se trata solo de los animales recogidos por las protectoras. Ellas mismas advierten de que esta cifra se queda muy corta, pues no incluye a los miles de animales que han acabado sus cortas y maltrechas vidas siendo sacrificados en las perreras municipales, a los que han muerto atropellados tras ser abandonados en las carreteras, o de inanición en la cuneta de la que nunca fueron rescatados.
Nuestro presidente, Javier Luna, visitó ayer una de estas protectoras, la Fundación Benjamín Mehnert, que acoge de media unos 600 galgos, rescatados, principalmente, tras finalizar la temporada de caza. “Hasta ahora, han sido estas entidades las que han ido paliando la situación de abandono y maltrato en España; siempre saturadas y desbordadas, asumiendo una responsabilidad que no les corresponde, en la mayoría de los casos sin ayuda ni apoyo de las administraciones públicas”, asegura Luna.
Por todo ello, hemos solicitado al Ministerio de Hacienda que impulse una modificación del Real Decreto-ley 7/2013, mediante la cual se incluya expresamente la protección animal como uno de los ejes de las actividades a tener en cuenta en la determinación de las bases reguladoras de las ayudas financiadas con el porcentaje fijado del rendimiento del IRPF a otros fines de interés general considerados de interés social.
A día de hoy, en España, un contribuyente español puede «legalmente» evadir el dinero de sus impuestos hacia una organización (un Estado extranjero llamado Vaticano), que está detrás de múltiples genocidios cometidos a lo largo de la Historia: cruzadas, exterminio de indígenas, matanzas de herejes, el fratricidio de la Guerra civil en España, la masacre de Ruanda, etc.
Por el contrario, un contribuyente español no solo no puede destinar el dinero de sus impuestos hacia la protección de las víctimas del macro-genocidio en marcha (contra los individuos sintientes no humanos), sino que tampoco puede dejar de pagar impuestos por la parte de dinero público que el Estado dedica para financiar tal macro-genocidio, por vía de subvenciones, por ejemplo. Y ello a pesar de que en el artículo 30 de la Constitución se recoge el derecho a la objeción de conciencia, sin excluir de la misma la objeción fiscal.
Frente a lo anterior hay dos opciones: someterte a la coacción y ser cómplice o la desobediencia fiscal.