La Junta de Castilla y León autorizó ayer mediante una instrucción la salida individual y en grupos de hasta cuatro personas para cazar determinados animales durante el estado de alarma. Mientras el resto de personas debemos quedarnos en casa y mientras todas las actividades han sido suspendidas, la caza continúa teniendo el respaldo de las autoridades, y los cazadores, con esta autorización, podían continuar con esta práctica violenta, innecesaria en cualquier situación, pero aún más en la que nos encontramos actualmente.

Desde PACMA nos pusimos a trabajar de inmediato en acciones legales, y gracias a la presión y al trabajo de muchas personas que consideraban inadmisible esta situación, conseguimos entre todas y todos que la Junta anulase esta autorización.

La autorización de la Junta, una vulneración del estado de alarma

El Real Decreto 463/2020 sobre el estado de alarma limita la circulación de todas las personas excepto para acudir al lugar de trabajo cuando no sea posible teletrabajar, para la compra de alimentos y bienes de primera necesidad, para recibir asistencia sanitaria y para determinados casos, como atender a personas dependientes o menores. También existen algunas excepciones relacionadas con los animales, como salir con nuestros perros para que hagan sus necesidades y alimentar a las colonias felinas.

Salvo estas excepciones, todas las personas debemos permanecer en nuestros domicilios. Por eso, la autorización de la Junta resultaba inadmisible, ya que bajo ningún concepto la caza es una situación de fuerza mayor.

La Junta se basaba en el argumento, tan empleado por los cazadores, del control poblacional de determinados animales. Con ella, los cazadores podían continuar cazando jabalíes, ciervos y corzos de forma individual y conejos en grupos de hasta cuatro personas durante la vigencia del estado de alarma.

Ante esto, presentamos un escrito a José Ángel Arranz Sanz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, en el que exponíamos los motivos por los que dicha orden es ilegal por vulnerar e incumplir  las medidas de emergencia del estado de alarma, y anunciamos que, de no retirarse esta autorización, emprenderíamos acciones legales por posible delito de desobediencia, prevaricación y fraude de ley.

A última hora de la tarde supimos que la Junta había anulado la autorización asegurando que «la interpretación no adecuada puede generar situaciones contrarias al cumplimiento» de la orden.

En situaciones como esta, en la que los animales nos necesitan más que nunca, en PACMA continuamos trabajando por ellos, sin descanso.