Ayer denunciamos la existencia de presuntas irregularidades judiciales en el caso de los 38 cachorros de raza Beagle con los que el Parc Científic de Barcelona (PCB) y la Universidad de Barcelona (UB) van a realizar un experimento de toxicidad en el laboratorio de Vivotecnia, para posteriormente ser sacrificados. Por ello, pedimos que se depuren responsabilidades y la recusación de la jueza.

Ayer organizamos una rueda de prensa para poner de manifiesto una serie de presiones, filtraciones y vinculaciones sospechosas a favor del Parc Científic de Barcelona (PCB), y por extensión, de las entidades e instituciones públicas que conforman el Patronato de la Fundación PCB: Universidad de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En el acto participó nuestra vicepresidenta, Cristina García; la portavoz nacional, Yolanda Morales; el coordinador de Barcelona, Iván Guijarro; y la responsable territorial en Cataluña, Beatriz Arévalo. En representación de la Asociación Lex Ànima, como invitadas al acto, intervinieron las juristas y vocales Eva Díaz y Marta Muntada.

Incumplimientos de contratación pública

Enviamos una carta a la Universidad de Barcelona y al PCB el 27 de enero, poniendo de manifiesto nuestra preocupación sobre el experimento, así como la posible comisión de incumplimientos respecto a la normativa de contratación pública y de experimentación con animales.

“La Universidad de Barcelona no contestó a la carta, pero sí lo hizo el PCB el día 2 de febrero, mostrando su predisposición a mantener su reunión con PACMA, A continuación, se remitió al comunicado efectuado por la Universidad de Barcelona, en el cual aseguraban haber revisado de forma exhaustiva toda la documentación relacionada con el proyecto para garantizar el cumplimiento de toda la normativa. Además, señalaba que, actualmente, no se conoce ningún método alternativo al uso de animales para sustituir la metodología de este tipo de investigación, algo que no es verdad”, explicó Cristina García.

Reunión sin acuerdo

Posteriormente, el 1 de marzo, nos reunimos con los responsables del PCB en Barcelona. Un encuentro que fue retrasado por el propio PCB: “Nos dijeron que querían estudiar a fondo la posible adopción de los seis perros que, supuestamente, no iban a ser sacrificados tras el experimento. Algo de lo que, finalmente, el PCB se ha desentendido”, concretó nuestra vicepresidenta.

“Teníamos la esperanza de hacerles entrar en razón y que paralizaran el experimento. Sin embargo, mostraron una indiferencia absoluta e incluso cierta diversión, entre risas y priorizando en todo momento la cuestión económica”, añadía.

Tras no ser posible alcanzar un acuerdo con el PCB, tomamos la decisión de acudir a la vía judicial para intentar paralizar el experimento con los cachorros de Beagle, interponiendo un recurso contencioso-administrativo el pasado 10 de marzo.

En la denuncia, solicitamos con carácter urgente la adopción de medidas cautelarísimas para suspender el experimento y la retirada de los perros que van a ser utilizados en el mismo, para que sean acogidos por una protectora de animales y puedan ser dados en adopción.

Experimento no autorizado

El acto recurrido fue la comunicación del PCB y la UB asegurando que el expediente de contratación no adolecía de ningún defecto. A nuestro juicio, el expediente de contratación sí incurría en graves incumplimientos normativos por los que podría declararse nulo.

“Las alarmas saltaron con un tuit de la Consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, el pasado 19 de enero, en el que afirmaba que no había ninguna comunicación ni solicitud de autorización sobre este experimento”, relató Cristina García.

“En nuestro recurso acreditamos que es obligatoria la autorización de la Generalitat de Cataluña, tramitada por el Departamento de Acción Climática y sustentada en un informe vinculante de la Comisión de Experimentación Animal, que tampoco había sido solicitado por el PCB”, insistió. 

La falta de este informe es algo especialmente grave, ya que, a través del mismo, la Comisión de Experimentación Animal debe pronunciarse sobre si existen medios alternativos a la utilización de animales, si pueden utilizarse menos animales o de otra especie, si el proceso experimental es el adecuado para los animales o debe modificarse, si los daños que se infringen a los animales pueden ser suavizados con analgésicos o anestesia, si pueden sobrevivir al experimento o les causa la muerte, o si los animales que sobreviven pueden ser dados en adopción, entre otras cuestiones.

García hizo hincapié en que “la Generalitat de Cataluña es uno de los patronos del PCB”, por lo que reconocer que el experimento no cuenta con autorización del órgano competente y, al mismo tiempo, permitir que continúe adelante, resulta significativo.

Además, con el recurso contencioso-administrativo, hemos aportado un informe científico que acredita que, no solo existen alternativas a la experimentación con animales, sino que la necropsia no es necesaria, por lo que no habría que matar a los cachorros en caso de realizarse el mismo.

Resolución judicial adversa

Por ello, solicitamos por vía judicial la suspensión del experimento de forma urgente, ya que su comienzo es inminente, al confirmar tanto el PCB como la Universidad de Barcelona que se realizaría a mediados de marzo. Pero la rápida resolución del recurso y la forma de actuar de los organismos judiciales implicados nos hace sospechar que está ocurriendo algo irregular.

Así, el auto de resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona dictamina que no tramitará de forma urgente las medidas cautelares que solicitamos, al no apreciarse “circunstancias de especial urgencia”. Y le concede al Parc Científic un plazo de 10 días hábiles para oponerse, a contar desde que la Universitat de Barcelona sea notificada.

Acusamos al Juzgado de ser plenamente consciente de que, en ese plazo tan amplio, esto no se resolvería hasta el mes de abril, siendo muy probable que el experimento ya se haya llevado a cabo y que los perros ya estén muertos o no haya posibilidad de salvarlos, por lo que la medida cautelar solicitada ya no tendría sentido. Y advertimos de que esta decisión “puede ser contraria a derecho, provoca indefensión, incumple ocho de los diez principios jurídicos generales que debe cumplir cualquier actuación judicial y podría constituir un posible delito de prevaricación”.

Filtraciones interesadas

Además, denunciamos que la resolución del Juzgado se ha filtrado a la prensa y fue publicada en varios medios de comunicación el pasado viernes, antes de su notificación a la parte demandante, una forma de actuar considerada ilegal y nada habitual.

Después de todo esto, presentamos este lunes una batería de quejas y denuncias por presuntas irregularidades e incumplimientos que consideramos graves, y que incluyen un escrito al Juzgado exigiendo explicaciones y la depuración de responsabilidades, un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidiendo la recusación de la jueza y una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra el Juzgado y el propio TSJ.

Experimento sin validez científica

Por su parte, la vocal de Lex Ànima y adjunta al presidente del Área de Derecho Animal del Consejo de la Abogacía Catalana, Eva Díaz, ha puesto el foco en el hecho de que el experimento con los 38 beagles carece de autorización administrativa para utilizar animales. Algo que, asegura, “todas las partes implicadas saben y ni siquiera nos lo niegan”.

“El proyecto de experimentación fue iniciado por el PCB, una entidad con sede en Cataluña. Además, se trata de un contrato público y en la adjudicación pone que el ámbito geográfico es Cataluña, por lo que se rige por la Ley catalana, que es clarísima al respecto y exige la preceptiva autorización administrativa, que debe conceder la Generalitat”, explicó.

“La Fundación Parc Científic de Barcelona la forman cuatro patronos, todos ellos responsables de la toma de decisiones. La Universidad de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el CSIC son cómplices de que se ejecute un experimento no autorizado contra los animales”, afirmó ayer en rueda de prensa.

Además, Díaz pone en duda que el experimento tenga validez científica, ya que ni cuenta con la autorización obligatoria ni se han garantizado las buenas prácticas de laboratorio, algo que se considera indispensable para que los resultados sean fiables.

“Ingerir cantidades de un producto tóxico hasta que el animal muera, parece un experimento de la Edad Media. No tiene nada de científico. Y, por si fuera poco, el objetivo del experimento es comercializar un medicamento contra la fibrosis quística con un principio activo que ya está inventado, sólo para que otra empresa lo comercialice, en este caso Gat Therapeutics”, argumentó.

Subvenciones europeas

La jurista también ha denunciado que existen vinculaciones mercantiles entre el PCB y la empresa Vivotecnia, que, para colmo, no disponía del certificado de buenas prácticas cuando se adjudicó el contrato y está imputada por presuntos delitos de maltrato animal, tras el escándalo y las crueles imágenes desveladas por la organización Cruelty Free International en abril del año pasado. Algo que, a su juicio, hace aún más difícil comprender que se le adjudicara este contrato público para experimentar con 38 perros y luego matarlos.

“Todo esto solo se explica por el cobro de subvenciones. El Parc Científic de Barcelona alquila espacios a una serie de empresas que se lo pagan. Y luego el PCB les otorga proyectos que cuentan con subvenciones europeas. Presuntamente, se monta todo un entramado empresarial para sacar provecho del dinero de las subvenciones”, acusó. “No se puede permitir que el dinero que nos da Europa para prosperar como sociedad vaya a parar al bolsillo de empresas que maltratan a los animales”, añadió Eva Díaz.

Por último, nuestro coordinador en Barcelona, Iván Guijarro, criticó que se contrate con dinero público a un laboratorio que no cumple las mínimas garantías de bienestar animal en algo tan serio como experimentar con seres vivos y sintientes, además de hacer un llamamiento para buscar alternativas de forma decidida.

“Pedimos que se deje de financiar la experimentación animal con subvenciones públicas, y que el dinero se destine a financiar métodos alternativos. Hay científicos que están trabajando en ello, velando por un progreso ético, pero no se les hace caso. Hay que darles voz y recursos”, concluyó.

Detrás de este caso de los beagles hay mucho más, este contrato y estos perros son solo la punta del iceberg.

A todas estas entidades e instituciones solo les importa el dinero de las subvenciones. La vida de los animales les da exactamente igual. Pero seguiremos trabajando sin descanso hasta el final para intentar salvar a estos perros, e incluso después. Aunque el experimento se acabe realizando y los perros sean sacrificados, seguiremos adelante para exigir todas las responsabilidades por tantas irregularidades que están saliendo a la luz.