El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Caza de Castilla y León presentado por el Defensor del Pueblo tras la petición del Partido Animalista.

El Tribunal Constitucional ordena que se dé traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Defensor del Pueblo, Don Francisco Fernández Marugán, considera que esta norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Castilla y León, que paralizaron de forma cautelar a finales de febrero la caza en esta comunidad gracias a la denuncia de PACMA.

A finales de mayo también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tramitó una cuestión de inconstitucionalidad en referencia a esta ley y dio traslado de la misma al máximo tribunal.

Valoramos de forma muy positiva esta noticia porque permite continuar en la batalla para declarar ilegal la actividad cinegética y conseguir su prohibición.

Esto demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza.

PACMA logró la paralización temporal de la caza en toda Castilla y León, un hecho histórico

El pasado mes de febrero el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por PACMA y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección» estaba en peligro por la práctica de la caza.

Tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que PACMA lleva años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial. Con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores.

Ya en aquel momento consideramos esta maniobra una artimaña por la puerta de atrás y una burla al sistema judicial, ya que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos.

Poco después, en el mes de mayo, el TSJ dio la razón de nuevo al Partido Animalista y pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciase por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de CYL.

Ahora, la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por El Defensor del Pueblo a petición del Partido Animalista sostiene con más fuerza la pretensión de PACMA, que es demostrar que la Ley de Caza de Castilla y León vulnera la Constitución y fue aprobada para saltarse la resolución judicial del TSJ, que suspendió la caza en la región por primera vez en la historia.