El Partido Animalista PACMA, la asociación de juristas Lex Ànima y la Fundación Altarriba hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General contra la consellera Teresa Jordá y la directora del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, Anna Sanitjas, por haber desviado, presuntamente, casi 2.000.000 millones de euros de fondos públicos al sector cinegético para controlar supuestas plagas de conejos que habrían sido provocadas por las sueltas provenientes de granjas cinegéticas que previamente habrían autorizado. 

Según consideramos las entidades denunciantes, Jordá y Sanitjas dieron carta blanca a la suelta de más de 15.000 animales cinegéticos (entre ellos unos 12.000 conejos) por toda Cataluña desde el año 2021. Además, habrían autorizado la matanza de unos 20.000 zorros provocando la ausencia de depredadores naturales. La situación habría derivado en la actual supuesta «sobreproblación» acusada por los agricultores que derivó en protestas como la del pasado 03 de marzo. 

Ahora, la Generalitat intenta aplicar soluciones basadas en el uso de, entre otros métodos, el polémico fosfuro de aluminio; veneno presuntamente responsable de la muerte de una madre y su hijo en Segovia a finales de marzo. 

Fosfuro de aluminio: un biocida potencialmente mortal para el ser humano

El fosfuro de aluminio es un veneno mortal para las especies animales, incluido el ser humano. Su combinación con la humedad ambiental produce fosfina; una sustancia altamente tóxica y peligrosa para cualquier ser vivo que bloquea el mecanismo fisiológico de la respiración mitocondrial. 

Afecta de forma no selectiva a todas células del organismo, tratándose, por tanto, de una de las sustancias de mayor toxicidad que se conocen. Su falta de selectividad hace que pueda eliminar cualquier forma de vida animal, desde insectos a reptiles, anfibios, aves y mamíferos, pudiendo constituir ello, además, un posible delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 334 y 336 del Código Penal.

Según argumentamos las entidades denunciantes, la Generalitat no habría obtenido los correspondientes permisos del Ministerio de Agricultura para el uso de este veneno, ordenando, igualmente, que se emplease en hasta 300 puntos a lo largo de la LV-7041 de Soses a Malcoreig. La empresa encargada de la tarea, Miarnau Agritecno S.L., pertenece a un conocido agricultor de cereales de Lérida vinculado al sector cinegético. 

Desde Lex Ànima afirman que dicha empresa consta con el CNAE «venta de cereales al por mayor», y que no ha publicado ninguna licitación en el portal de contratación de la Generalitat de Cataluña, lo que, a su parecer, es un «manifiesto cúmulo de presuntas ilegalidades, constatándose la utilización fraudulenta de fondos públicos para verter veneno a muchos kilómetros de distancia de donde se hallan los presuntos campos de cultivo que deben protegerse de los conejos». 

Mesas de gestión medioambiental con veto a abogados, veterinarios y científicos

Jordá y Sanitjas crearon las «Mesas de Gestión del Medio Ambiente del Territorio Catalán» para la toma de decisiones relativas a la fauna de cada provincia. Sin embargo, la asistencia a dichas mesas habría sido vetada a los colegios de abogados, veterinarios y a los científicos de las universidades que habrían manifestado «reiteradamente su voluntad de asistencia», permitiendo, únicamente, la asistencia de asociaciones del sector cinegético relacionadas con asociaciones agrícolas.

Es, precisamente, en dichas Mesas de Gestión del Medio Ambiente donde consideramos que se promulgan, sin base científica o legal alguna, las diferentes plagas de animales en función de los intereses cinegéticos que van surgiendo y que se circunscriben a intentar justificar pagos de importantes sumas de dinero público y otros beneficios económicos para el sector cinegético. 

La Generalitat seguiría concediendo y renovando permisos para granjas de cría intensiva de especies cinegéticas, entre las que se encuentran la Granja Cunícula Can Isidret, El Corral de la Rovira, Cinegética Comellas, Granjas Claro SL, Granja La Soleia, Criador Cinegètic Ramírez, La Verneda, e incluso la Societat de Caçadors de Torrelavit.

En la denuncia, las entidades alegamos que las decisiones tomadas por las denunciadas, con la «expresa intención de hacer prevalecer los intereses económicos del sector cinegético en la gestión del Medio Ambiente» han provocado una alteración del ecosistema «dañando el patrimonio natural e incidiendo, directamente, en el incremento de la población de conejos en algunas áreas».