El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la ley de caza que las Cortes aprobaron deprisa y corriendo para saltarse la orden judicial que suspendía la caza en toda la comunidad.

Te contamos, paso a paso, cómo hemos llegado hasta aquí y por qué esto es HISTÓRICO para los animales:

Hace casi un año, el 26 de febrero de 2019, PACMA logró un hito histórico:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió la caza en la comunidad autónoma de Castilla y León como medida cautelar para proteger a la fauna silvestre, mientras estudiaba si el Reglamento de Caza y la Orden de Caza de Castilla y León vulneran directivas europeas, tal como denunciamos desde PACMA.

Esto supuso que durante semanas se paralizó toda la actividad cinegética en Castilla y León, lo cual permitió salvar la vida de miles de animales.

Qué pasó después

Las presiones de los cazadores provocaron que los partidos políticos de Castilla y León acordasen tramitar rápidamente una nueva ley, que permitiese saltar la decisión judicial y volver a cazar.

Los partidos políticos demostraron que les daba igual el perjuicio que la actividad cinegética estuviese causando a los animales, tal como entendía el TSJ. Antepusieron la protección de sus intereses.

Ante esta desfachatez y burla al sistema de Justicia, PACMA presentó una petición al Defensor del Pueblo exponiendo el juego sucio de las Cortes de Castilla y León y la obsesión de los cazadores por atentar contra la fauna, escopeta en mano, y sin tener informes científicos que avalen las poblaciones de los animales, poniendo en peligro su supervivencia. El Defensor del Pueblo estimó esta propuesta y la trasladó al Tribunal Constitucional, que lo admitió.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también consideró que la nueva ley de caza de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulneraba la Constitución, al saltarse la separación de poderes, y planteó una cuestión de inconstitucionalidad, que hoy ha sido admitida.

El Tribunal Constitucional considera que dicha ley puede ser contraria al principio de separación de poderes y al ejercicio de potestad jurisdiccional. Una vez más, todo parece demostrar que la Junta de Castilla y León ha intentado esquivar la decisión judicial del Tribunal Superior de CyL, intentándo burlarse de las instituciones, sin haberse producido ninguna situación excepcional que justifique el cambio en la regulación de la caza.

Ahora, con más fuerza que nunca, esperamos la resolución del Tribunal Constitucional, pero siendo conscientes de que PACMA ya ha marcado un antes y un después en la lucha contra la caza, consiguiendo la paralización cautelar de toda actividad cinegética en la comunidad autónoma.

Hemos demostrado que los poderes políticos actúan de títeres ante las presiones de los cazadores. Hemos demostrado que los cazadores se burlan del poder judicial, intentando evadir sus decisiones como si estuviesen por encima de la legalidad. Hemos probado, una vez más, que los cazadores solo quieren salir, escopeta en mano, a matar animales, sin preocuparse por la naturaleza, el equilibrio de las poblaciones y su conservación. Pero, lo más importante, hemos conseguido pararles los pies. Estamos enfrente, dispuestos a prohibir legalmente su actividad violenta.