Los gobiernos autonómicos de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León siguen con su guerra declarada al lobo ibérico. Llevamos años reclamando protección para este animal, declarado especie amenazada y vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Tras mucha insistencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por fin ha elaborado una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España, con la que se incluiría a este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Lamentable y vergonzosamente, las cuatro comunidades autónomas han paralizado el proyecto porque quieren que se siga cazando y matando al lobo al norte del río Duero.

Los ataques a los lobos por parte del sector ganadero, apoyados por las administraciones, vienen de lejos en nuestro país. Sin embargo, la insistencia de los ganaderos del norte de culpar al lobo de todos sus males y el apoyo de los políticos ya roza el absurdo.

El lobo en el norte

El Gobierno de Asturias contra el lobo ibérico

El caso del Principado de Asturias destaca por la lamentable obsesión política de exterminar la especie y el constante bombardeo en medios de comunicación para reforzar su postura de aniquilar a los lobos. Lejos de buscar el diálogo, de aceptar las recomendaciones de las personas expertas y avanzar hacia una convivencia armónica, el lobby ganadero y el presidente autonómico, el socialista Adrián Barbón, reclaman la caza y desaparición del lobo de tierras asturianas.

Son muchos los casos de personas dedicadas a la ganadería extensiva que denuncian haber sufrido pérdidas de animales por culpa de los lobos y reclaman una mayor rapidez en el reparto de indemnizaciones. Sin embargo, estos supuestos ataques deben ser peritados y justificados con informes expertos. Además, cualquier tipo de acción cinegética para el control de poblaciones debe estar respaldada por estudios sobre dichas poblaciones e informes oficiales de daños causados. Ambos documentos exigidos por la normativa suelen brillar por su ausencia, como si el requisito legal no fuese necesario en lo relativo a la caza.

La Xunta de Galicia tampoco quiere al lobo

Se estima que 200 lobos mueren cada año en Galicia, la mayoría a manos de los cazadores. Hace menos de dos semanas apareció un lobezno de 5 meses reventado de un disparo a bocajarro en Cualedro (Ourense) durante una jornada de caza.

El Gobierno gallego no solo ha rechazado la aplicación de un plan estatal de protección del lobo, sino que ha autorizado la movilidad de los cazadores por todo el territorio autonómico para que sigan persiguiendo, disparando y cazando a estos animales. Es más, ni siquiera tendrán que estar federados para poder hacerlo. Una vez más, la Xunta se inclina ante los cazadores.

Cantabria también persigue al lobo ibérico

El pasado mes de julio el Gobierno de Cantabria autorizó la batida de 34 ejemplares de lobo durante el próximo año, sumándose a los 31 ya ejecutados en los 11 meses anteriores.

En la comunidad cántabra el lobo es considerado una especie cinegética, aunque su caza está regulada. Sin embargo, asociaciones cántabras han denunciado en varias ocasiones el carácter ilegal de las acciones de control poblacional, como matar hembras reproductoras o cachorros, o el empleo de visores nocturnos en espacios naturales protegidos.

Castilla y León, otro infierno para el lobo ibérico

En esta comunidad la situación no es muy diferente. Las administraciones están doblegadas a las exigencias del sector ganadero y no les importa acorralar a un animal amenazado e icónico, imprescindible para mantener el equilibro en el ecosistema.

Incluso en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León lo cosifican y mercantilizan, hablando de “fomentar al lobo y a su imagen como un recurso socioeconómico” mientras establecen “ordenar el aprovechamiento cinegético de la especie”. En esta autonomía, el lobo molesta, salvo cuando puede ser utilizado como diana para los cazadores y ofrece un rédito económico. Es una vergüenza.

Es tal el desinterés de la Junta de Castilla y León por la conservación del lobo que el último censo oficial regional se remonta a 2012. Desde entonces, se han basado en estudios anuales adjudicados a la empresa Consultora de Recursos Naturales S.L., dirigida por un hombre nombrado “protagonista del mes” por la revista Ciencia y Caza, y cuya fiabilidad ha sido puesta en entredicho numerosas veces.

¿Qué sucede con la gestión del lobo?

La realidad es que los ganaderos denuncian constantemente supuestos ataques de lobo sin ningún tipo de informe científico que lo respalde. No es la primera vez que se investigan supuestos ataques de lobos que acaban siendo solo una estrategia de los ganaderos para cobrar las indemnizaciones, como sucedió en Asturias en 2016. Esto lleva años ocurriendo y ha fomentado una criminalización del lobo en toda la zona norte, que se convierte en ataques indiscriminados a estos animales, como la aparición de cabezas de lobos colgadas en diferentes puntos de la geografía asturiana.

Del mismo modo, en ocasiones anteriores culparon al oso de matanzas similares. Los ganaderos señalaban al oso por la muerte de varios animales, pese a que las personas expertas en etología aseguraban que era imposible, ya que distaba mucho de su comportamiento. Sin embargo, este tipo de acusaciones fomentan la persecución de los osos, cuyo trágico desenlace suele caracterizarse por la muerte del animal víctima de cepos ilegales, disparos o envenenamientos.

La solución real

El lobo ha habitado el norte peninsular desde tiempos inmemoriales y, pese a que hay opciones éticas para evitar los daños que puedan llegar a causar, el sector ganadero siempre se inclina por la más violenta y cómoda para ellos. Así, además de cortar de raíz su supuesto problema, incentivan la actividad de los cazadores, grandes aliados de la ganadería.

Después se quejarán de que la población de jabalís, conejos, zorros y demás animales, íntimamente vinculados a las poblaciones de lobos, aumentan. Y volverán a reclamar la violenta actuación de los cazadores para solucionar el problema.

Porque, además de ser cruel, la matanza de lobos no es una solución eficaz. Alberto Fernández, biólogo que ha analizado en su tesis doctoral la relación entre “controles selectivos” de la población de este cánido y los “daños a la ganadería”, asegura que, cuanto más se caza, más ataques se suceden. Así pues, señala que la presión cinegética desestructura las manadas de lobos, haciéndolas más pequeñas, por lo que “se defienden peor ante sus presas y se ven obligados a matar con más frecuencia”. Además, añade, las batidas de lobos “tienen efectos muy duros sobre la ecología”.

Así, no. La muerte de animales es cruel e inadmisible, pero además no soluciona ningún problema a largo plazo.