El Ejecutivo rectifica ahora tras el escrutinio internacional provocado por los informes del Partido Animalista y otras organizaciones presentados ante la ONU.

Madrid, 28 de enero de 202 – El reciente anuncio del Ministerio de Juventud e Infancia, que contempla prohibir la participación y la asistencia de menores de edad a actividades y espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, es consecuencia directa de la presión ejercida por la ONU tras la admisión y valoración de los informes presentados por el Partido Animalista PACMA y otras organizaciones especializadas en infancia. Sin embargo, hasta la fecha había negado (incluso por escrito) tener competencias para actuar en esto. 

Desde 2022, PACMA trasladó al Comité de los Derechos del Niño un informe detallado denunciando que España incumplía la Convención sobre los Derechos del Niño al permitir la exposición de menores a la tauromaquia. Dicho informe fue formalmente admitido por Naciones Unidas y tenido en cuenta en el proceso de revisión del Estado español, junto a los presentados por otras entidades de defensa de la infancia, siendo determinante para que el Comité reclamara explicaciones concretas al Gobierno.

Durante este proceso, el Ejecutivo sostuvo reiteradamente que carecía de competencias para prohibir la participación y asistencia de menores a espectáculos taurinos, atribuyendo dicha responsabilidad a las comunidades autónomas. PACMA desmontó esta tesis ante el Comité, señalando, como se ha demostrado ahora, que el propio Estado dispone de herramientas legales suficientes para actuar y que la inacción respondía a una falta de voluntad política.

Durante la comparecencia ante el Comité, varios de sus miembros recordaron expresamente a la delegación española, encabezada por la ministra Sira Rego, que existía una recomendación específica pendiente desde hace siete años para proteger a la infancia de los efectos nocivos de la tauromaquia, reclamando la prohibición total de la asistencia y participación de menores de 18 años.

Desde PACMA consideran que el anuncio del Gobierno evidencia que sí existían competencias estatales, tal y como el Partido Animalista ha defendido ante la ONU desde el inicio, y recalcan que este avance no es fruto de una iniciativa voluntaria del Ejecutivo, sino del escrutinio internacional provocado por los informes admitidos por Naciones Unidas fruto del trabajo de organizaciones de protección animal que han sido «sistemáticamente ignoradas».