burro taxi Mijas

El Partido Animalista acusa al Ayuntamiento de Mijas de «desfachatez y opacidad»

Sep 26, 2025

La formación política critica haber tenido que recurrir al Consejo de Transparencia de Andalucía para reclamar información sobre los burro taxis, que el Consistorio se habría negado a facilitarles.

Madrid, 26 de septiembre de 2025 – El Partido Animalista PACMA ha solicitado al Consejo de Transparencia de Andalucía acceso a la información pública relacionada con el proyecto de “Parque recreativo” de los burros presentado por el Ayuntamiento de Mijas en el mes de mayo. Lo hace tras recibir una escueta respuesta del Consistorio a una petición inicial más amplia en la que afirman no poder aportar gran parte de la información solicitada. 

La formación política comenzó a demandar dicho acceso a la información al saber que los arrieros estarían implicados en el funcionamiento de dicho parque pudiendo mantener allí a sus burros, según palabras de la propia alcaldesa. Critican que, lo que se vendía prácticamente como un «santuario» (petición reiterada por PACMA a lo largo de los años), acabaría siendo otro «negocio» montado en torno a la figura de este animal que no implicaría la desaparición del servicio de burro taxis, del que PACMA también ha pedido conocer información sobre zonas presuntamente ampliadas de sombra, descanso y bebederos.

El Partido Animalista critica que el Consistorio además guarda información insuficiente respecto a los controles veterinarios de estos animales, y denuncia el parón en la tramitación de la “nueva” Ordenanza reguladora del servicio que, en noviembre de 2019, el Ayuntamiento anunció que ya había sido aprobada por la Junta de Gobierno Local.


«El Ayuntamiento de Mijas parece no ser capaz de asumir que es una Administración Pública, y cree que puede burlar las solicitudes de acceso a la información que pertenece a la ciudadanía. Ante su desfachatez, nos hemos visto obligados a recurrir a un organismo superior”, denuncian.

1 Comentario

  1. Francisco González Benito

    La Administración local española es pública en tanto que así se dice en la ley, pero privada en cuanto que ocupada por caciques (serviles a intereses particulares) y lacayos de los anteriores, en vez de por cualesquiera ciudadanos libres, pero sometidos a la ley, seleccionados solo por su mérito, capacidad e integridad y no por su pertenencia a o por su integración en una mafia.

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