La formación política afea a la corporación municipal su «falta de interés» en este asunto y recuerda que la Ley 7/2023 obliga a los consistorios a implantar programas de gestión, control sanitario y esterilización de gatos comunitarios.
Madrid, 01 de agosto de 2025 – La coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), Rocío Castillo, ha remitido un escrito formal al Ayuntamiento de Barbastro (Huesca) en el que exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, en lo que respecta a la gestión de colonias felinas en el municipio.
Argumentan que, a día de hoy, el consistorio no ha abordado el asunto con la urgencia requerida y la situación que se vive es de descontrol.
Castillo recuerda que esta legislación, de aplicación en todo el territorio nacional, obliga a las entidades locales a implantar Programas de Gestión de Colonias Felinas que incluyan medidas esenciales como la identificación y esterilización de los gatos comunitarios, atención veterinaria, control sanitario, campañas informativas, y protocolos de gestión de conflictos vecinales.
«El Ayuntamiento de Barbastro, como cualquier otra administración local, está legalmente obligado a asumir la responsabilidad directa sobre la gestión de los gatos comunitarios, contando con profesionales veterinarios y promoviendo la colaboración ciudadana bajo una normativa clara y efectiva», explica la coordinadora.
Desde PACMA se insiste en que no solo se trata de una cuestión de bienestar animal, sino también de «salud pública, convivencia y cumplimiento normativo». El partido solicita que se desarrolle un censo poblacional felino, se active un plan de esterilización con marcaje auricular, se asuma la tutela sanitaria de las colonias y se habilite un espacio municipal adecuado para casos de emergencia, tal y como establece la normativa estatal vigente.


No me parece mal pedir a cada uno de los más de 8.000 Ayuntamientos españoles que cumplan la Ley, pero lo propio de un Estado de Derecho sería que fueran esos Ayuntamientos los que cumplieran e hicieran cumplir la Ley a los ciudadanos y no al revés.