• La estimación de la reclamación presentada por una ciudadana destapa años de opacidad en la supervisión del servicio.
• La formación política llevaba desde 2018 denunciando hacinamiento, falta de control e inacción política.

Madrid, 12 de febrero de 2026. – Desde el Partido Animalista PACMA valoran como “un avance imprescindible en transparencia” la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que obliga a la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz a facilitar los informes de inspección del Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz (Athisa-CANICEN), cerrado durante siete años tras acreditarse graves episodios de maltrato animal.

La resolución estima íntegramente la reclamación presentada por una ciudadana ante el silencio administrativo de la entidad supramunicipal, que no respondió a la solicitud de información relativa a la identificación del responsable de las inspecciones, su periodicidad y los informes emitidos entre 2017 y 2024.

Desde PACMA subrayan que este pronunciamiento institucional llega tras años de denuncias públicas, reuniones y seguimiento constante por parte de la formación en relación con la gestión del servicio mancomunado de recogida y protección animal en Cádiz, Chiclana, San Fernando y Puerto Real.

Años de denuncias sobre una situación “insostenible”

PACMA Cádiz mantiene desde 2018 reuniones periódicas con la Mancomunidad y con la empresa adjudicataria del servicio, Athisa, trasladando propuestas concretas para mejorar las condiciones del centro y fomentar las adopciones con la colaboración de asociaciones y particulares.

En noviembre de 2022, PACMA y varias protectoras calificaron el estado del centro como “insostenible e intolerable”, denunciando saturación, negativas reiteradas a recoger animales abandonados y falta de personal suficiente para una gestión adecuada. Meses después, en mayo de 2023, la formación volvió a alertar de la muerte de varios perros por peleas derivadas del hacinamiento estructural que arrastraban las instalaciones.

Laínez criticó entonces que, a las puertas de un nuevo pliego de contratación, los ayuntamientos implicados no dotaran económicamente el servicio de forma suficiente.

Exigir controles y responsabilidades

PACMA sostiene que el cierre definitivo del centro por maltrato no solo interpela a la empresa gestora, sino también a la administración supervisora. 

Durante estos años han instado reiteradamente a las corporaciones municipales a reforzar campañas de concienciación contra el abandono, a incrementar los controles sobre la identificación obligatoria mediante microchip y a avanzar hacia la titularidad pública de los un Centros de Protección Animal de los municipios de la bahía de Cádiz, que garanticen un servicio “eficiente, ético y plenamente transparente”.

Desde el Partido Animalista PACMA concluyen que la resolución del Consejo pone de relieve la importancia del control ciudadano y de la perseverancia en la fiscalización de los servicios públicos.