La formación política sale al paso tras recibir acusaciones de paralizar los presupuestos municipales de varios consistorios ibicencos por haber presentado alegaciones en tiempo y forma.

Madrid, 26 de enero de 2026 – Ante las declaraciones realizadas desde el Ayuntamiento de Eivissa y de Sant Josep de sa Talaia en las que se vincula la paralización de los presupuestos municipales a la presentación de alegaciones por parte de entidades ciudadanas y sociales y del propio Partido Animalista PACMA, la formación política considera necesario aclarar que «la presentación de alegaciones es un derecho» y que «los consistorios deben respetar los plazos legales de exposición pública de sus presupuestos precisamente para evitar las paralizaciones». 

PACMA alegó porque tiene derecho a hacerlo. De hecho, la normativa (el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) es clara al respecto: los presupuestos municipales deben aprobarse antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, habiendo abierto con suficiente antelación el periodo de alegaciones (15 días) y dejando margen para que estas sean estudiadas y tramitadas. 

Sin margen para la participación ciudadana

Sin embargo, el Ayuntamiento de Ibiza presentó sus presupuestos el 22 de diciembre, y el de Sant Josep de sa Talaia, el 19, por lo que ninguno dejó margen suficiente, entrando en 2026 con los presupuestos sin aprobar. En este contexto, las dificultades administrativas que puedan producirse no pueden atribuirse al ejercicio legítimo de derechos por parte de la ciudadanía o de las entidades que participan en el proceso.

«El ejercicio de este derecho forma parte del trámite ordinario de aprobación presupuestaria y, por sí mismo, no puede considerarse la causa de bloqueos administrativos ni de retrasos en la gestión municipal», indica el coordinador insular de PACMA en Ibiza, Olivier Hassler. 

«Aprobar los presupuestos fuera de plazo supone, en la práctica, limitar los mecanismos de participación y supervisión previstos por la ley», añade el coordinador. «Trasladar las consecuencias de esta falta de previsión administrativa a quienes formulan alegaciones implica una interpretación errónea del procedimiento y del reparto de responsabilidades», concluye. 

• Foto: Diario de Ibiza (DI).