PACMA advierte de posibles irregularidades legales en la Ruta Ecuestre celebrada en Mijas y pide que no se repita

Mar 9, 2026

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Madrid, 09 de marzo de 2026 – La coordinadora municipal de PACMA en Fuengirola-Mijas, Isabel Ardao, ha advertido este lunes de posibles irregularidades legales en la Ruta Ecuestre organizada por el Ayuntamiento de Mijas y la Peña Caballista y celebrada el pasado 28 de febrero. La formación política ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y el Consistorio y una solicitud formal de información para esclarecer si el evento cumplió o no con la normativa vigente de protección animal.

Según explica Ardao, este tipo de actividades con animales deben cumplir estrictamente con la legislación estatal, especialmente con la Ley 32/2007, relativa al cuidado de los animales en su explotación y transporte, y con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Estas normas establecen requisitos específicos para eventos públicos con animales, como la presencia obligatoria de personal veterinario responsable de supervisar las condiciones sanitarias y de bienestar durante toda la actividad, así como la disponibilidad de medios para atender posibles urgencias.

Evitar que vuelva a celebrarse

Aunque la actividad ya tuvo lugar, el Partido Animalista subraya que su denuncia busca aclarar si se cumplieron todas las obligaciones legales y, en caso contrario, evitar que el evento vuelva a organizarse en futuras ediciones. 

En este sentido, han solicitado al Ayuntamiento de Mijas el expediente administrativo completo de la ruta ecuestre, incluyendo documentación sobre los animales participantes, medidas de bienestar animal adoptadas, asistencia veterinaria prevista, seguros de responsabilidad civil y condiciones de transporte.

PACMA, que aboga por la desaparición de este tipo de espectáculos, sostiene que pueden generar estrés, sufrimiento o riesgo de lesiones para los animales, y señalan que la organización de eventos con animales sin cumplir los requisitos antes mencionados podría acarrear sanciones administrativas de hasta 100.000 euros.

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