• El municipio podría vulnera la Ley 7/2022 desde junio de 2022 y exponerse a sanciones administrativas.
• La formación exige responsabilidades políticas y una auditoría urgente de la gestión ambiental.

Madrid, 26 de marzo de 2026 – El coordinador insular del Partido Animalista PACMA en Ibiza, Olivier Hassler, ha denunciado públicamente este jueves el presunto incumplimiento “flagrante y sistemático” de la obligación legal de implantar la recogida selectiva de materia orgánica en el municipio de Santa Eulària des Riu, tal y como establece la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La normativa fijaba como fecha límite el 30 de junio de 2022 para municipios de más de 5.000 habitantes. Sin embargo, según Hassler, el consistorio (con una población aproximada de 30.000 personas) no ha comenzado el despliegue de contenedores hasta marzo de 2026, acumulando cerca de cuatro años de retraso.

La formación política advierte de que este incumplimiento no es una cuestión administrativa menor, sino una infracción que podría derivar en sanciones económicas, responsabilidades patrimoniales y fiscalización por parte de organismos como el Defensor del Pueblo. Asimismo, recuerdan que el artículo 108 de la Ley contempla un régimen sancionador específico para este tipo de infracciones.

«Un patrón de ineficacia en la gestión ambiental municipal»

El coordinador subraya que esta situación responde a un “patrón de ineficacia en la gestión ambiental municipal”, señalando retrasos prolongados en servicios esenciales como la recogida selectiva, el control de vertidos y la planificación de contratos públicos. También vinculan esta problemática a deficiencias detectadas en otros ámbitos, como la gestión de colonias felinas o la coordinación con protectoras.

Ante estos hechos, desde PACMA exigen una explicación pública sobre las causas del incumplimiento, la identificación de responsables políticos y administrativos y a realización de una auditoría completa de los costes y la gestión ambiental del municipio. Además, reclaman la evaluación del desempeño de la concejala responsable y la implementación de un plan que garantice el cumplimiento de futuras obligaciones legales en materia de residuos, incluyendo recogida textil y residuos peligrosos.