- La formación política critica que se destinen 300.000 euros a sociedades de cazadores en plena crisis de biodiversidad.
- Exige redirigir estas ayudas a la protección de especies y la recuperación de hábitats.
Madrid, 19 de marzo de 2026 – La coordinadora provincial de Partido Animalista PACMA en Badajoz, Rosa Cortés, ha mostrado este jueves su rechazo ante la reciente resolución de la Diputación de Badajoz que destina 300.000 euros de dinero público a subvencionar a sociedades de cazadores. La formación política considera “intolerable” que, en un contexto de grave crisis de biodiversidad y desaparición progresiva de especies silvestres, las instituciones continúen financiando actividades basadas en la cinegética.
PACMA denuncia además el uso de conceptos como “vida de ecosistemas terrestres” para justificar estas ayudas, calificándolo de “burla institucional”. “Matar animales no es conservar, es destruir”, subrayan, insistiendo en que este tipo de políticas contradicen los principios de protección ambiental que dicen promover.
En este sentido, el partido solicita que los fondos públicos se destinen a «iniciativas que impulsen la recuperación real de hábitats, la protección efectiva de especies y el desarrollo de alternativas de ocio respetuosas con los animales y el entorno natural».
Asimismo, advierten del uso indebido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para “camuflar subvenciones a un lobby que solo aporta sangre y abandono en nuestros campos”. Desde PACMA reclaman un cambio de modelo para Extremadura, apostando por un territorio “vivo y protegido”, frente a lo que consideran una deriva hacia un “coto privado financiado con dinero de toda la ciudadanía”.
Para combatir esta clase de cacicadas, tan frecuentes en España, quería sugerir una herramienta jurídica: la impugnación de las resoluciones correspondientes (en vía administrativa y/o contenciosa) por desviación de poder. Se trata de una ilegalidad prevista en el artículo 48.1 de la LPACAP, que puede cometer una Administración Pública cuando utiliza una de sus potestades (la de fomento o subvencional, en este caso), para un fin público o privado distinto del que declara; por ejemplo, cuando alega protección del Medio Ambiente o desarrollo sostenible, para repartir dinero público con la finalidad de hacer clientelismo electoral. Y encima, jodiendo el ambiente de forma insostenible (Véase el asunto de la contaminación por los cartuchos de los cazadores, sin ir más lejos).
En un país con un Estado más normal y menos corrupto (como nuestro vecino del norte), el Interventor de la República o el Conseil d’Etat francés corregirían lo anterior; pero aquí, ya veis, tenemos que invitar o pedir a PACMA que realice las nobles tareas que no hacen los funcionarios y las instituciones españolas, que pagamos con nuestro dinero entre todos.