• El Partido Animalista impugna más de una treintena de preceptos de la normativa municipal al considerar que rebajan la protección de los animales y vulneran el principio de jerarquía normativa.
• La formación denuncia excepciones para el uso de collares eléctricos, limitaciones en la gestión de colonias felinas y definiciones “contrarias a derecho” sobre eutanasia, sacrificio y abandono animal.

Madrid, 01 de junio de 2026 – El Partido Animalista PACMA ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía del Ayuntamiento de Bilbao.

La formación política solicita la anulación del acuerdo plenario de marzo de 2025 que aprobó definitivamente la ordenanza, así como la nulidad o modificación de más de treinta artículos que considera incompatibles con la Ley estatal 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, además de otras normas autonómicas y estatales.

Inseguridad jurídica, reconocimiento parcial de las colonias felinas y sacrificio

Explican que numerosos preceptos de la ordenanza “rebajan los estándares mínimos de protección animal” y generan “inseguridad jurídica” al no ajustarse, y en algunos casos contradecir normativa de rango superior. Entre los aspectos más controvertidos, el partido destaca la autorización excepcional del uso de collares eléctricos para perros, pese a que la ley estatal los prohíbe expresamente.

La demanda también cuestiona varios artículos relacionados con las colonias felinas urbanas. PACMA denuncia que el Ayuntamiento pretende limitar la protección únicamente a las colonias “reconocidas”, excluyendo a gatos comunitarios ubicados en espacios privados o fuera del dominio público, algo que consideran contrario a la legislación estatal vigente.

PACMA también impugna definiciones incluidas en la ordenanza sobre “sacrificio” y “eutanasia”, al considerar que introducen supuestos no permitidos por la Ley estatal, como causas ambientales o trastornos de comportamiento.

Otro de los puntos señalados es la restricción general del acceso de animales a playas y zonas anexas, así como excepciones que permitirían someter a determinados animales auxiliares a situaciones de estrés o peligro. 

Por ello, solicitan ahora al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declare la nulidad total o parcial de los artículos recurridos y obligue al consistorio a adaptar la ordenanza a la legislación de protección animal actualmente en vigor.