El partido asegura que el Ayuntamiento ha ignorado cuatro alegaciones presentadas desde 2025 sin ofrecer ninguna respuesta motivada.

Madrid, 17 de mayo de 2026 – El Partido Animalista PACMA lleva meses cuestionando la actuación del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès en relación con la tasa de residuos aprobada para 2026, al considerar que el consistorio “ha actuado fuera de la legalidad” tanto por el contenido de la ordenanza como por la ausencia total de respuesta a las alegaciones y recursos presentados por la formación política y por vecinos afectados.

El responsable municipal de PACMA en Sant Cugat, Dimitri Defranc, explica que se han presentado cuatro alegaciones y recursos distintos desde octubre de 2025, todos ellos sin contestación formal por parte del Ayuntamiento, a pesar de que la normativa obliga a la administración a responder de manera motivada a las reclamaciones ciudadanas. Considera “especialmente grave” que el pleno municipal aprobara definitivamente la tasa desestimando alegaciones sin justificar los motivos.

Reciclar no reduce la tasa

Entre las principales críticas del Partido Animalista destaca que la tasa “no cumple con el espíritu de la normativa europea”, ya que no incentiva la reducción, reutilización ni reciclaje de residuos. Denuncian que, actualmente, “recicle o no recicle el ciudadano, paga exactamente lo mismo”, convirtiendo la medida en una herramienta meramente recaudatoria y no ambiental.

Francesc Cardoner, colaborador del Partido en el municipio, recuerda que el Real Decreto 1055/2022 establece que los costes de recogida y gestión de los envases deben ser asumidos por las empresas productoras, al ser quienes generan dichos residuos mediante la elección del tipo de envase. En este sentido, consideran “absurdo” que el Ayuntamiento traslade ese coste a los ciudadanos mediante una tasa municipal. “Quien tiene que recoger, reciclar y pagar el tratamiento de los envases es el productor, no el usuario final”, sostiene.

La tasa no se basa en los residuos generados

La formación política también cuestiona que la tasa se calcule en función del valor catastral de la vivienda y no de la cantidad real de residuos generados, lo que consideran contrario a los principios de justicia tributaria. Además, denuncian una posible doble imposición, al recordar que en años anteriores ya se incrementó el IBI para financiar el servicio de recogida de basuras.

PACMA también ha asesorado a diversos vecinos afectados por la aplicación de la tasa, detectando irregularidades en las notificaciones, falta de información clara sobre recursos y plazos, ausencia de criterios transparentes en propiedades compartidas y la inexistencia de bonificaciones para personas que realizan compostaje doméstico. Según denuncian, ninguna de las personas afectadas ha recibido respuesta a sus reclamaciones hasta la fecha. 

El caso ya está en manos del Defensor del Pueblo

Ante la reiterada falta de contestación, el Partido Animalista ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges de Sant Cugat, reclamando amparo institucional y exigiendo al Ayuntamiento que responda de forma inmediata a todas las alegaciones presentadas, revise la tasa para adaptarla a la legislación vigente y devuelva los cobros indebidos.