PACMA lleva al límite judicial la caza en Monfragüe y pide la nulidad total del nuevo PRUG

Mar 2, 2026

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  • La formación sostiene que la Junta respalda una vez más al sector cinegético bajo el eufemismo de “control poblacional”.
  • Advierten de la vulneración de la Ley de Parques Nacionales y de la ausencia de alternativas no letales.

Madrid, 02 de marzo de 2026 – El Partido Animalista PACMA ha presentado su escrito de conclusiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que solicita la nulidad del Decreto 79/2025, por el que se aprueba el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe, así como de la Resolución de 8 de octubre de 2025 que desarrolla el Plan de Acción Selectiva de ungulados.

En marzo de 2024, PACMA ya presentó alegaciones al borrador del PRUG proponiendo alternativas a la caza, como la traslocación de ejemplares, la eliminación de vallados cinegéticos y la recuperación de depredadores naturales. En noviembre de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura admitió a trámite su recurso, y en diciembre formalizó la demanda contra el decreto autonómico.

Graves defectos procedimentales y vulneración de la Ley de Parques Nacionales

En su escrito, la formación política sostiene que el decreto fue aprobado con “graves defectos procedimentales” que menoscabaron la participación pública y que la Junta de Extremadura ha vuelto a respaldar al sector de la caza ignorando, a su juicio, el deber de la Administración pública de proteger un espacio natural que pertenece al conjunto de la ciudadanía.

Argumentan que el nuevo PRUG incurre en una vulneración directa del artículo 7 de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales al permitir batidas, rehalas, recechos, aguardos y caza con arco bajo la denominación de “control poblacional”. Desde el partido explican que se trata de modalidades cinegéticas tradicionales y que el cambio terminológico constituye, en la práctica, «un artificio semántico para soslayar la prohibición legal de la caza en estos espacios», autorizando la caza deportiva bajo el eufemismo de gestión poblacional.

El escrito de conclusiones también subraya que la propia Administración reconoce que los controles aplicados en años anteriores no han logrado reducir de forma significativa las densidades de ungulados. A juicio de PACMA, la Junta no ha acreditado la inexistencia de alternativas no letales y ha ignorado deliberadamente soluciones basadas en la restauración de los equilibrios ecológicos, tal y como se recoge en los informes periciales aportados al procedimiento.

La formación sostiene además que la Administración ha invertido el principio de precaución, permitiendo actuaciones potencialmente lesivas para la fauna y los ecosistemas sin haber demostrado previamente su necesidad ni descartado medidas menos invasivas. En este sentido, consideran que la decisión de mantener la actividad cinegética en Monfragüe carece de base científica suficiente y responde a intereses ajenos a la conservación del parque.

Sin planes de recuperar al lobo en un entorno marcado por el plomo

La formación política pone además el foco en la omisión del Plan de Recuperación del Canis lupus, especie catalogada “en peligro de extinción” en Extremadura desde hace más de 20 años. Sostienen que la ausencia de grandes depredadores naturales contribuye a un ecosistema desequilibrado y artificializado, favoreciendo altas densidades de ungulados y situaciones de estrés derivadas de las batidas, que, según exponen, pueden agravar la propagación de enfermedades que la Junta invoca como justificación sanitaria para autorizar las matanzas.

PACMA advierte igualmente del impacto ambiental y sanitario del uso de munición de plomo en las actuaciones autorizadas, alertando de su fragmentación y dispersión en la cadena trófica, con potencial afección a especies protegidas del parque y a la salud pública.

Con el escrito de conclusiones ahora presentado, desde el Partido Animalista PACMA consideran acreditado que el PRUG y su resolución de desarrollo incurren en infracción del ordenamiento jurídico. Por ello, solicitan su anulación íntegra y reiteran que la gestión de un Parque Nacional debe regirse por criterios científicos y de conservación estricta, no por intereses cinegéticos.

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