La formación política acudirá a Transparencia tras un mes sin recibir contestación a una solicitud de información.
Málaga, 23 de junio de 2026 – La representante del Partido Animalista PACMA en Mijas y Fuengirola, Isabel Ardao, ha denunciado este martes la situación que afecta desde hace casi cuatro meses a las colonias felinas de la zona portuaria de Málaga, donde una gestora acreditada que lleva más de veinte años atendiendo a unos 200 gatos distribuidos en 36 colonias registradas, ha denunciado la retirada sistemática, presuntamente por parte del propio Ayuntamiento y trabajadores del Puerto de Málaga, de todos los recipientes de agua y comida dispuestos para los animales.
Ardao explica que la voluntaria dedica alrededor de cinco horas diarias al cuidado de estos animales, desplazándose en bicicleta y asumiendo de su propio bolsillo y sin apoyo económico una labor esencial para la supervivencia de estos animales, que carecen otros recursos y que se encuentra en la zona como consecuencia de años de abandonos constantes.
La asociación AMAN, entidad que mantiene contacto directo con el Ayuntamiento en materia de protección animal, conoce la problemática y ha mantenido reuniones con responsables municipales sin que se haya alcanzado una solución hasta la fecha.
Hace un mes, Ardao solicitó información al Ayuntamiento de Málaga para conocer las actuaciones previstas ante esta situación. Sin embargo, a día de hoy no ha obtenido respuesta alguna. Ante este silencio institucional, la formación política anuncia que acudirá al organismo competente en materia de Transparencia para exigir acceso a la información solicitada y reclamar explicaciones sobre la gestión de unas colonias felinas que cuentan con reconocimiento oficial.
PACMA exige al Ayuntamiento de Málaga que actúe con urgencia, informe públicamente sobre las medidas adoptadas y garantice la protección de los animales y el apoyo a las personas que los atienden diariamente.
Cuando un ciudadano no atiende a lo que le ha ordenado un Ayuntamiento, este último puede comunicarlo a la fiscalía, para que actúe contra dicho ciudadano, por un delito de desobediencia.
Pero ¿Qué pasa cuando es la Administración Pública la que desobedece a lo que ordena la ley? Esto último es mucho más grave que lo anterior, pues se trata de una quiebra rotunda y sistémica del Estado de Derecho, que no se arregla con acudir a la entidad competente en materia de taransparencia.
Los demócratas deberíamos ocuparnos más de esta clase de problemas y menos de que se añada más asfalto a las calles (y con ello más contaminación y dependencia de tiranías petroleras).
Disponemos del Defensor del Pueblo para esto.