El Partido Animalista denuncia la ausencia de un programa CER operativo en el municipio.
Madrid, 21 de noviembre de 2025 – El Partido Animalista PACMA ha presentado alegaciones al Proyecto de Presupuesto Municipal 2026 del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu (Ibiza), en las que alertan de la insuficiencia de recursos destinados a la gestión de colonias felinas; una competencia municipal obligatoria establecida por la normativa estatal.
Según explica Olivier Hassler, coordinador insular del Partido en la isla, en el municipio viven más de 600 gatos comunitarios distribuidos en al menos 50 colonias, sin que exista un programa CER (Captura-Esterilización-Retorno) operativo ni campañas públicas de esterilización, identificación o asistencia veterinaria durante 2025. Tampoco consta la existencia de un registro oficial de colonias ni de personas cuidadoras autorizadas, recayendo todo actualmente sobre voluntariado y entidades privadas.
El borrador presupuestario para 2026 incorpora únicamente una partida genérica denominada “Plan de bienestar animal”, dotada con 75.000 euros, sin desglose que permita garantizar la financiación de la gestión felina. Mientras tanto, el Ayuntamiento prevé importes muy superiores para partidas discrecionales, como nuevas infraestructuras o actividades promocionales, lo que evidencia —según denuncian desde PACMA— una desviación de prioridades.
Hassler solicita al Pleno municipal la creación de una partida específica y finalista para la gestión de colonias felinas (método CER), con un crédito mínimo inicial de 150.000 euros (unos 250 euros por gato) para cubrir la estabilización poblacional, incluyendo además identificación, captura, transporte, alimentación controlada, refugios, formación de cuidadoras, asistencia veterinaria urgente y convenios con entidades acreditadas.
El Partido Animalista confía en que el Consistorio atienda estas alegaciones y adapte el presupuesto para cumplir con las exigencias normativas y asegurar el bienestar de los animales comunitarios del municipio.


Una conclusión que se puede sacar del texto de arriba es la siguiente: los Ayuntamientos españoles (en general) ni siquiera tienen como prioridad el cumplimiento de la ley, cuando esto, no ya es que sea prioritario, sino que se trata de su 1ª obligación y de carácter irrenunciable, la que da sentido a su existencia como Administraciones Públicas. SI falta el cumplimiento de lo anterior, debemos tratar a los responsables municipales como si fueran unos «OKUPAS» que se han metido de manera ilegítima dentro de nuestra Casa Común (el espacio público democrático). Y lo que nos corresponde hacer como ciudadanos es echar fuera a esos delincuentes anti-sistema, por la buenas o por las malas, y ponerles frente a un juez; justo lo que han hecho en la Comunidad Valenciana con un tal Mazón, el cual usurpaba un puesto que exige por ley acciones de interés general (para evitar catástrofes con muchos muertos), en vez de la desviación de su poder hacia chanchullos privados.