Madrid, 12 de febrero de 2026 – El pasado mes de diciembre, el Partido Animalista PACMA presentaba un extenso escrito, dirigido a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, en el que informaba sobre la celebración de peleas de gallos en las islas de La Palma, Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, organizadas por la Federación Gallística Canaria y las asociaciones que la integran.

La formación política defiende que estas peleas son ilegales desde 2007, cuando una ley de ámbito nacional (la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio) prohibió utilizar animales en peleas en todo el territorio nacional, sin excepciones.

El Partido Animalista ha recibido respuesta por parte del Viceconsejero, en la que alega carecer de competencias “para intervenir, instruir o resolver actuaciones” relacionadas con la celebración de estas peleas, arguyendo que las competencias de la Consejería y Viceconsejería se limitan al ámbito de los animales de compañía. 

“Desde PACMA hemos presentado recurso contra esta resolución, dado que la Consejería y Viceconsejería son las competentes en materia de asociaciones y estas peleas se están organizando y celebrando por entidades amparadas, precisamente, en su registro como asociaciones». Junto al escrito, han pruebas fehacientes de que algunas de estas peleas tienen lugar en instalaciones deportivas de titularidad municipal, lo que implica que se están celebrando no sólo con conocimiento sino, incluso, con colaboración de los ayuntamientos, y la Consejería también es el departamento competente en materia de régimen local.

“No vamos a permitir que el Gobierno de Canarias continúe escurriendo el bulto y, si es necesario, iremos a los tribunales», explican desde el departamento legal del Partido Animalista. «Las peleas de gallos, además de crueles e impropias de una sociedad moderna, como ya decía la Ley de Protección de los Animales de Canarias hace 35 años, es una actividad expresamente prohibida desde 2007 y no pueden continuar celebrándose, encima, con la aquiescencia y complicidad de las instituciones públicas”, advierten.