• El Partido Animalista pide al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que suspenda los efectos del Decreto 48/2026 mientras se resuelve el recurso.
• Advierten de que la muerte de ejemplares durante el proceso judicial causaría un daño irreversible.

Oviedo, 25 de septiembre de 2026 – El Partido Animalista PACMA ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el Decreto 48/2026, que modifica el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado. En el mismo escrito, solicita la suspensión cautelar de sus efectos mientras el tribunal examina la legalidad de la norma.

PACMA considera que la modificación del plan puede amparar actuaciones de control que impliquen la muerte de lobos y un impacto irreversible en el ecosistema. La formación política cuestiona su adecuación a la normativa de protección ambiental y plantea también objeciones relativas al acceso a la información y a la participación ciudadana en la elaboración de disposiciones ambientales. 

La solicitud de suspensión cautelar responde al riesgo de que se produzcan daños imposibles de reparar durante la tramitación del recurso. El Partido Animalista sostiene que, si se abaten lobos antes de que recaiga sentencia, una eventual anulación posterior del decreto no permitiría revertir esas muertes ni sus posibles efectos sobre la población de la especie.

“La administración asturiana insiste una y otra vez, pese a numerosas sentencias que anulan la caza del lobo, en el control poblacional de esta especie, pero desatiende la obligación de su recuperación impuesta por al Directiva de Hábitats», explican desde la formación política. «El lobo es una especie imprescindible en el ecosistema español y mundial y aún así Asturias desoye a los científicos que avalan su protección frente a su caza».

Un recurso para la prevención de daños irreversibles

El Partido Animalista recuerda, además, que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó un recurso suyo contra el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo para 2025-2026 y anuló, por entonces, aquella resolución. En esta ocasión, pide que la protección cautelar evite que las actuaciones previstas se ejecuten antes de que exista un pronunciamiento judicial definitivo.

Aportan, a modo de respaldo, una evaluación de la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), que alerta sobre la situación de vulnerabilidad del lobo en España y la necesidad de garantizar la viabilidad de su población a largo plazo.

La formación política ha solicitado al tribunal que suspenda provisionalmente los efectos del decreto para preservar la eficacia de la eventual sentencia en el futuro y evitar que el litigio se resuelva cuando los daños denunciados ya se hayan consumado.