El juicio tendrá lugar este martes, 18 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal nº 8 de Sevilla.

Madrid, 17 de noviembre de 2025 – Cinco años después de la matanza de dos galgos presuntamente apaleados y arrojados en bolsas al río Guadaíra a su paso por Arahal (Sevilla) y el hallazgo de un tercero con un hilo de vida, el caso llega finalmente a juicio este martes 18 de noviembre a las 09:30 h en el Juzgado de lo Penal nº 8 de la provincia. El procedimiento cuenta con la participación como acusación popular del Partido Animalista PACMA y de las asociaciones el Amparo del Sur, Galgos del Sur y SOS Galgos.

Los hechos, ocurridos e 30 de junio de 2020, generaron un profundo impacto social por su extrema violencia. Dos jóvenes que paseaban por el cauce del río encontraron tres sacos de pienso. Dos de ellos estaban herméticamente cerrados, uno de ellos hundido en el agua, y del tercero sobresalía lo que parecía ser el hocico de un perro, aún respirando.

La pronta aparición de la Guardia Civil en el escenario permitió localizar al titular de los tres microchips: un cazador al que se le atribuyen las dos muertes violentas y los graves maltratos al tercer animal, que presentaba ataduras en las patas, sangrado y golpes varios, al igual que los cadáveres. La fiscalía pide para él 15 meses de prisión, pago de costas y cuatros años de inhabilitación para la tenencia u oficio con animales. 
 

Desde el Partido Animalista explican que la estructura del proceso, con la intervención coordinada de varias acusaciones y un importante volumen probatorio, permite anticipar un juicio especialmente significativo en el que piden una condena ejemplar. La formación política solicita 4 años de prisión y 12 de inhabilitación.

Sin embargo, critican que la laxitud del Código Penal en materia de maltrato animal actual impedirá con toda probabilidad que el acusado, en caso de ser condenado, pise la cárcel al tratarse de menos de 2 años de condena en el mejor de los casos. 

La formación política, que este verano también se reunión con dirigentes del SEPRONA para solicitar un incremento de las inspecciones a rehalas de cazadores, recuerda que este caso simboliza el sufrimiento que continúan padeciendo muchos galgos y otros perros explotados por el sector de la caza en España, y subraya la necesidad de que las sentencias marquen un precedente claro frente al maltrato animal.