PACMA también rechaza la instalación de la megafábrica de celulosa en Galicia

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Desde PACMA hemos expresado este jueves mediante un comunicado de prensa nuestro rechazo a la instalación de una megaplanta de celulosa propuesta por la empresa Altri en Palas de Rei, en la provincia gallega de Lugo. La preocupación de la formación política radica en el grave impacto ambiental que las instalaciones traerían consigo, con «consecuencias desastrosas» para el entorno natural de Galicia. 

Así, nos unimos a las entidades ecologistas en pie de guerra contra el proyecto. Representa una amenaza directa para el corazón de Galicia. 

Se prevé que esta instalación, en su pleno funcionamiento, consumiría más de 46 millones de litros de agua al día, equivalente al consumo total de toda la provincia de Lugo. Además, el vertido de aguas residuales contaminadas al río Ulla, sumado al aumento de la eucaliptización, supondría un grave deterioro para el medio ambiente.

«La ubicación propuesta para esta fábrica es completamente inapropiada. No solo está en las inmediaciones de una zona protegida de la Red Natura, sino que además amenaza la biodiversidad única de la región», declara la coordinadora provincial del Partido en Coruña, Manuela García. La cercanía de la fábrica al Camino de Santiago y su impacto visual, especialmente con una chimenea de 75 metros de altura, también plantea preocupaciones sobre el turismo y el patrimonio cultural locales.

Desde PACMA criticamos la «falta de consideración» hacia el futuro ambiental de Galicia, ya que la solicitud de captación de agua por parte de la empresa no ha tenido en cuenta las proyecciones de cambio climático ni la posible escasez de recursos hídricos

Es importante destacar que, según las estimaciones de Altri, la megafábrica produciría emisiones significativas de contaminantes atmosféricos, como azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, lo que podría influir en la calidad del aire y la salud de los vecinos. 

En cuanto a la financiación del proyecto, cuestionamos el uso de fondos públicos (aproximadamente 250 millones de euros) para respaldar una iniciativa que no estaría cumpliendo con los estándares de sostenibilidad ambiental.

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