Rememoramos a la perra Sota, sin justicia cinco años después de su muerte 

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El 18 de diciembre de 2018, un guardia urbano de Barcelona mató de un disparo en la cabeza a Sota, un cruce de labrador que acompañaba a su titular (un indigente de origen estonio) a plena luz de día y ante decenas de personas que transitaban por la céntrica Plaza de España. La muerte del animal provocó manifestaciones multitudinarias y una ola de indignación civil que pedía «justicia para Sota»; frase adoptada y convertida en hashtag como lema del movimiento que lideramos junto otros denunciantes. Entregamos, pocos días después de los hechos, 230.000 firmas al Ayuntamiento de Barcelona para que se investigase y se depurasen responsabilidades. 

Por aquel entonces, las dos versiones de lo que ocurrió esa mañana eran totalmente distintas. Tanto el guardia urbano que disparó como su compañero, aseguraban que fue en defensa propia después de que el animal les atacase y mordiese en el brazo a uno de ellos; todo esto como reacción de defensa a su dueño, a quién apelaban para identificarse. Sin embargo, el responsable de Sota, quién también agredió a los agentes tras ver a su perra desangrándose en el suelo, afirma que el animal ni siquiera ladró y que, por el contrario, fueron los agentes los que le golpearon a él primero.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona en ese momento, solicitó días más tarde a través de sus redes sociales testigos que hubiesen presenciado los hechos, pero terminó apoyando la versión del guardia urbano de actuación «en defensa propia» después de, supuestamente, no haber podido corroborar otra versión distinta. Según el propio comisionado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, ningún establecimiento con videovigilancia pudo aportar pruebas visuales. 

Tras el posicionamiento del Consistorio y de la Guardia Urbana en favor del agente sin haber concluido ninguna investigación exhaustiva, decidimos emprender, en febrero de 2019, la vía penal contra el funcionario de la Guardia Urbana, con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Barcelona, ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona. 

Desde entonces, somos una de las acusaciones populares del caso que han pedido que continúe el proceso y se lleve a juicio al guardia urbano responsable, ya que en abril de 2022, las representaciones de Ruusalu, titular de Sota, y del Guardia Urbano acusado de matarla propusieron iniciar a un proceso de mediación penal que a día de hoy continúa. Si se llega a un acuerdo, el acusado deberá compensar al damnificado como si le hubiese producido un daño material, reduciendo aún más la posibilidad de cumplir con los ya de por sí improbables 27 meses de prisión que solicita la acusación popular, debido a que habría un atenuante por reparación del daño que, previsiblemente, reduciría la pena a menos de los dos años mínimos requeridos para el ingreso. 

Las entidades que conforman la acusación popular, entre las que nos encontramos, se han negado a la vía de la mediación por entender que se elimina así la posibilidad de conseguir una condena ejemplarizante que evite más incidentes de este tipo en el futuro, así como por entender que la víctima es el animal, que no puede ser resarcido. 

Recordamos que hoy, cinco años más tarde de aquella fatídica mañana, Sota seguiría siendo un perro joven y, posiblemente, feliz. Sin embargo, lejos de esa realidad utópica, la justicia tan reclamada para ella brilla por su ausencia, acrecentando el cada vez más hiriente y delicado problema de la impunidad ante el maltrato animal en España, que a pesar de las reformas legales, parece no tener fin a la vista.

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