Desde PACMA llevamos años planteando el debate político sobre la estrecha relación entre la alimentación a base de productos de origen animal y sus consecuencias medioambientales. El reciente informe «Sostenibilidad del Consumo en España» del Ministerio de Consumo y la Comisión Europea confirma los pronósticos y nos da la razón a animalistas y ecologistas: al contrario de la opinión de las personas escépticas, la alimentación y, en particular, los productos de origen animal como la carne y la leche, son la principal fuente de contaminación en nuestro país (52,1%). Están por delante, incluso, del sector de la movilidad (17,1%) o la vivienda (16,2%).

El pasado 14 de junio, casi un año antes de la publicación de este informe, ya enviamos desde PACMA una carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, advirtiendo sobre esta realidad y pidiendo un posicionamiento claro y, sobre todo, la adopción de medidas al respecto: «Deseamos que esté dispuesto a hacer algo más allá de una campaña de visibilización, ya que desde su posición en el Gobierno de España esperamos medidas concretas y no solo recomendaciones», manifestamos entonces.

Aprovechamos ese escrito dirigido al ministro Garzón para hacerle llegar una serie de propuestas orientadas a la reducción del consumo de productos de origen animal. Si bien desde PACMA tenemos un claro posicionamiento sobre la necesidad de adoptar dietas 100% vegetales, consideramos que las propuestas al Gobierno deben orientarse desde perspectivas realistas y con planes aplicables.

Las imponentes medidas de PACMA contra la contaminación ambiental de la industria alimentaria

¿Qué pasaría si PACMA tuviese poder de decisión en las políticas gubernamentales? Tenemos muy claros los pasos a seguir para reducir la contaminación ambiental ejercida por los productos de origen animal.

Lo primero que proponemos es una mayor carga impositiva, aplicando un impuesto climático a los productos de origen animal, cuyo gravamen se calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a la producción de cada alimento, y cuya recaudación se destinaría a compensar el daño climático que causan. También apostamos por el cese de las subvenciones al sector y su reinversión en aquellas empresas que opten por la reconversión y la producción de alimentos sostenibles y de origen vegetal.

Además, prohibiríamos la publicidad de la industria ganadera en cualquiera de sus formas y, por el contrario, fomentaríamos la promoción de alimentos saludables de desarrollo sostenible.

Para conseguir todo esto, la educación es fundamental. Por ello, promovemos también la puesta en marcha de campañas informativas sobre los beneficios para la salud de una dieta libre de productos de origen animal, así como sobre la situación real en la que viven los animales en las granjas y sobre las consecuencias medioambientales de la ganadería intensiva.

Asimismo, estableceríamos algo fundamental: la obligatoriedad de que en todos los comedores y cafeterías de dependencias públicas (administraciones, colegios, hospitales, universidades…) se ofreciesen opciones de menús 100% vegetales.

Otra de las propuestas de gran importancia que argumentamos es la adopción de medidas para frenar la proliferación de macrogranjas, tales como limitación de autorizaciones para explotaciones ganaderas y avícolas; evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el conjunto de proyectos; requisito de presentación de estudios específicos sobre afecciones al medio en todos los casos; presentación de planes de abonado en todos los casos y normativas que regulen la gestión de los purines.

El Gobierno no puede limitarse a hacer recomendaciones, sino que debe tomar cartas en el asunto y comenzar a aplicar medidas efectivas para frenar la preocupante crisis medioambiental y social que se acentúa cada vez más si siguen primando los intereses económicos y particulares por encima del bien común, que es la protección del medioambiente.