Tras diez años de espera, ya conocemos la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, que absuelve a tres de los cuatro acusados (el cuarto se encuentra en busca y captura) en el caso de la perrera de Puerto Real, primer establecimiento de este tipo clausurado por mandato judicial por supuesto maltrato animal en España.

En 2007, la perrera fue denunciada por las pésimas condiciones del centro y por el sacrificio de animales con un paralizante muscular prohibido, provocándoles una muerte agónica.

La instrucción judicial señaló que los animales se hacinaban en naves insalubres, en las que se acumulaban las heces y fermentaban los orines. Según reflejó la investigación, las jaulas, previstas para dos o tres perros, llegaban a albergar más de doce, hasta el punto de que se pisoteaban entre ellos, los animales enfermos se mezclaban con los sanos, hembras embarazadas y cadáveres en bolsas a la espera de incineración.

El juicio, que se celebró entre noviembre de 2016 y enero de 2017, sentó en el banquillo al gerente, a la directora y a uno de los veterinarios del centro.

La Fiscalía solicitaba para los procesados un año de prisión y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, por un delito de maltrato animal continuado.

Según los medios de comunicación que han tenido acceso a la sentencia, en los fundamentos de derecho, el juez cuestiona las diferentes prácticas que en este centro se realizaban. En su fallo propone que se remita testimonio de su decisión al Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz por si la conducta del profesional veterinario, “pudiera dar lugar a algún tipo de responsabilidad disciplinaria o administrativa”. También solicita que se informe a la delegación de Salud por si fueran preceptivas sanciones administrativas, y a los diferentes ayuntamientos con los que tenían establecidos convenios, por la misma razón.

Respecto al registro de animales sacrificados, refiere la sentencia que “resulta imposible aceptar que si las eutanasias se practicasen de forma correcta no se encuentren en este registro ampollas de barbitúricos utilizados o por utilizarse y solo sean halladas las de Mioflex”, siendo evidente que “si no se hallaron vestigios de barbitúricos y se sacrificaron más de 500 animales, lo lógico es pensar que se hiciera con el único agente capaz de provocar la muerte”.

El juez determina que las eutanasias se realizaron con este fármaco al menos desde abril de 2006 y entiende que de esta práctica son responsables los tres acusados.

El Mioflex es un potente y barato paralizante muscular, cuya aplicación en procesos eutanásicos está prohibida desde 1986. Su administración provoca una parálisis progresiva del aparato respiratorio, pero no del corazón, lo que supone una lenta agonía durante varios minutos en estado de plena consciencia.

Sin embargo, tras estas consideraciones, el juez no estima que pueda aplicarles el artículo sobre maltrato animal vigente en la fecha de los hechos (de junio de 2006 a septiembre de 2007), y que establecía el requisito de ensañamiento. Una posterior reforma del Código Penal eliminaría esta condición a partir de 2010.

De esta forma concluye que es incuestionable que “la ejecución de las eutanasias mediante la aplicación de ‘Mioflex’ provocaba a los animales una muerte agónica con sufrimientos innecesarios que aumentaban de forma injustificada sus padecimientos”, ahora bien, entiende que “los acusados no buscaban de manera directa el aumento del sufrimiento de las víctimas”, y, añade, “no queda probado ni por asomo que la finalidad principal de los acusados fuera el provocarles de forma consciente, querida y buscada unos padecimientos innecesarios e insufribles”.

Al considerar que la finalidad no era el ensañamiento, entiende que no es de aplicación el tipo del delito de maltrato animal previsto en el Código Penal vigente en el momento en el que tuvieron lugar los hechos.

Desde PACMA esperamos que se interponga el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el cual se reconozca que sí hubo ensañamiento y, por tanto, delito de maltrato animal.

El ensañamiento, según el propio Código Penal, es aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.

El propio juez reconoce en el fallo que “la aplicación de ‘Mioflex’ provocaba a los animales una muerte agónica con sufrimientos innecesarios que aumentaban de forma injustificada sus padecimientos”.

Si los animales podrían haber sido sacrificados mediante otros métodos, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, como prescriben las leyes, ¿cómo considerar que no hubo ensañamiento, es decir, que no se aumentó deliberada e inhumanamente su dolor, cuando el sacrificio se realizaba mediante un fármaco que les provocaba una agónica parálisis progresiva del aparato respiratorio sin perder la consciencia?

Esta es la redacción del Artículo 337 vigente de octubre de 2004 a diciembre de 2010:

“Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.”

El artículo reza “con ensañamiento”, no “por ensañamiento”, luego el Código Penal establecía el ensañamiento como requisito, no como finalidad, y, no cabe lugar a dudas, de que el sacrificio de estos pobres animales se llevó cabo con ensañamiento.